Hay una PyME en mi monoblock

Quisiera ejercer el fino arte de la injuria esta noche. Pero no me va a salir fino, tanta es la furia. Y así, terminaría por no injuriar como corresponde, desgranando insultos descoloridos que ni darían cuenta de cuán necesitado estoy de injuriar, ni le harían justicia a la persona destinataria (y merecedora, sí) de la injuria.

Como no tengo en este instante la predisposición para injuriar comme il faut, voy a tratar de compartir unos pensamientos desordenados acercar de la puesta en marcha oficial de la enésima PyME en el ex-Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires. Con el año, nació un nuevo monobloque, del que ni vamos a dar (no lo recordamos y no vale la pena ni guglearlo) el nombre. Digamos sí, que es un retoño guacho de la lista común que presentaron en julio de 2011 Proyecto Sur y los partidos que hoy integran el FAP y que sus señas de presentación no tienen el pudor de disimular que rompen para ser acogidos en la galaxia justicialista.

No vamos a discutir tampoco los argumentos que han hecho públicos o que (más bien) han dado a conocer entre el puñado, no por escueto selecto, de personas a las que creen que le deben explicaciones. Baste con decir que entre esos argumentos proponen distinguir entre "procesos populares y procesos cipayos" (sic), para que los lectores nos disculpen lo presumidos de pensar que aceptar esa proposición, así fuera como meramente discutible, está muy por debajo de nuestro modesto nivel de inteligencia.

Pero sí podemos mirar estrábicamente el asunto y preguntarnos cómo pudo ser que nos sonara desafinada la traducción de "empresarios políticos" que nos proponían los textos que nos hacían leer en Sociales para referirse a los "political entrepreneurs" descriptos por la ciencia política estadounidense. Nuestro problema no era simplemente la traducción, sino la idea que (aún malamente) la traducción nos sugería. Estábamos llenos de discursos de Parque Norte, de ideas grandiosas acerca de la construcción de un sistema de partidos para nuestra democracia entonces enclenque, de un optimismo chambón (a veces hasta practicado cívicamente) acerca de la posibilidad de la virtus en política.

Nos decíamos, entonces, que el "empresario político" era un tipo ideal que no aplicaba en Argentina, que estaba ecológicamente restringido a los EE.UU., donde se había acuñado el término. Por un tiempo, los casos de transfuguismo político en Argentina se mantuvieron más bien limitados, aunque siempre afectaron más a los partidos del centro a la izquierda, es decir, a los partidos minoritarios, que, sufriendo estos episodios de descascaramiento eternizaban su condición minoritaria y seguían chapaleando en la incipiencia. Luego hubo episodios de transfuguismo que sí representaron rupturas significativas. Por nombrar dos, el Grupo de los Ocho, creado con una costilla del PJ, y el ARI, con una parte ósea similar, pero del tronco radical. Pero donde las esporas se difundieron en todos los ricones, hasta hacer cierto aquello de "dos, tres, mil transfugueadas", fue en el Concejo Deliberante de Buenos Aires, el mismo que se creyó erradicado por, cuando en realidad reencarnó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma que no lo es tanto.

Sucesivos dueños de casa (presidentes del Concejo primero, Vicepresidentes de la Legislatura ahora) alimentaron con contratos la voracidad menesterosa de una plétora de monobloques, rehenes portadores enfermos de Síndrome de Estocolmo, para engrosar o engrasar mayorías. Y allí fueron, por el espacio, decenas de PyMEs con decenas de contratados, reclutados todos en las redes de socialización primaria del legislador o legisladora, hacia el merecido olvido, con cuatro años de aportes previsionales en blanco y cobrando poco por menos trabajo. Más allá del disgusto estético que todo esto haya causado y siga causando, ha dado lugar a una tradición que no por bastarda es menos perdurable y que nos hereda una larga lista de empresarios políticos. Se los distingue del tipo ideal estadounidense por una característica crucial: han resultado sistemáticamente incapaces de lograr la reproducción ampliada de su capital, rasgo en el que descuellan sus homólogos en Washington y en las capitales de los 51 estados boreales.

Pero el efecto más deletéreo que dejan como único y pernicioso residuo los tránsfugas es su contribución al déficit de representación. El monobloque más flamante proviene, además, de un grupo político cuyo líder (el único rasgo que ha consolidado como organización es un liderazgo) contribuye permanentemente a la inflación semántica del debate político argentino con la idea passepartout de la "crisis de representación". Habitualmente, la esgrime, contra toda evidencia, como dardo retórico para atacar a partidos que en realidad son muy exitosos representando ora a la mayoría, ora a la primer minoría. Pues bien, como la caridad bien entendida empieza por casa, la representación que ahora viene a sufrir, el mandato que viene a ser violentado es el que entregaron en 2011 los porteños de centroizquierda opuestos al Frente para la Victoria. Se trata de una minoría, 14% para ser más exactos, que hace 18 meses le dijo no a la derecha y no al PJ. Dado lo exiguo de ese electorado, que se expresó en condiciones de una polarización muy marcada y excluyente, se podría esperar que representarlo resulte una tarea más o menos simple. Al menos, ofrece demarcaciones claras: no hacerse de derecha, ni sumarse al justicialismo. Pues bien, ahí tenemos ahora un monobloque que se hace el que no entiende unas coordenadas tan sencillitas. Un 14% de los votantes porteños podrían decirle al líder al que se le escapó esta tortuga: crisis de representación, in your face!

Agreguemos, para terminar esta catarsis carente de pretensiones constructivas, que la crisis de representación se construye con acciones concretas. La persona que ahora se autoerige en monobloque fue seleccionada para su inclusión en la lista legislativa mediante un proceso amañado, donde la primera víctima fue el principio de representación. De aquellos polvos, estos lodos.

Dicho todo lo cual, y sin esperar que se nos disculpe la caduta di stile, saludamos a la nueva PyME con el váyanse a la puta que los parió más sonoro posible.

Aborto no punible: la ley como norma para vivir mejor

En la estela de lo que escribió Tamara Tenenbaum y a propósito de ello, nos llega y publicamos halagados, esta contribución de Mara Bragarnik, mismo colegio, dirían en "Feliz Domingo". En este caso, misma carrera y facultad, sita en la calle Puán.

¿Para qué (nosotros, seres humanos) generamos normas, sistemas de normas y sistemas que sistematizan esos sistemas de normas? (a) ¿Para contemplarlas y respetarlas sin más? (b) ¿Para contentarnos con su mero cumplimento? o (c) ¿Para vivir mejor?

Pensemos en el siguiente caso: una persona ciega entra a un bar con su perro lazarillo. El mozo se acerca: −“Disculpe, amigo, pero es norma del lugar que no entren animales al recinto”. Acto seguido, el ciego y su perro se retiran.

Todos contentos: la norma ha sido cumplida. Respiramos.

Ahora: ¿cuál es el espíritu una ley? ¿Un aferramiento obcecado a la letra de una norma tácita o escrita? ¿O procurar un mundo ordenado y  vivible para todos?

El ciego retirándose, es un ejemplo de “procedimentalismo puro”. Aplicamos la ley.  El ciego puede quedarse -cómo no, pero  el perro debe irse- y como el ciego no es nada sin su perro, ambos se van juntos.

¿Es ese el espíritu de la norma que impide entrar con animales a un bar? ¿Que un ciego no pueda tomar un café con leche con medialunas? Procedimentalmente, se ha obrado de manera perfecta. Pero la norma no está ahí para eso. Debiera primar el criterio del  que la hace cumplir. El ciego no quiere entrar al bar con el perro para molestar.  Sólo quiere desayunar. Si concurre acompañado de su perro, será porque es una extensión de sí mismo.  Sin su perro no puede ubicarse ni dar un paso.

Los derechos son relativos. Si se ha suscripto a un pacto que defiende la vida desde la concepción, no puede ser nunca para torturar a un ser humano. Pues ese mismo pacto, nos defiende contra la tortura. Una mujer reducida por años a la esclavitud sexual o a la violación tiene primero derecho a no ser torturada ni sometida a tratos crueles -como gestar una criatura producto de esos vejámenes-.

Así es la ley. No hay derechos absolutos. Mucho  menos cuando se trata de derechos fundamentales. Prima siempre el criterio de quien lo aplica. Si no, no serían necesarios los jueces y sus apreciaciones. Simplemente, cargaríamos los datos en cuestión en una máquina judicial, pulsaríamos enter y esperaríamos la sentencia. Procedimentalismo puro. Pero ocurre que el derecho está ahí para que vivamos mejor. No para generar sentencias axiomáticamente impecables que dejen al margen el drama humano.

Párrafo aparte para los médicos que reciben mujeres en condiciones legales de abortar. Puedo entender a quienes no quieran practicarlo por cuestiones de conciencia. Pero me cuesta entender a quienes no quieren practicarlo sólo por miedo a entrar en entuertos judiciales. A ellos les diría que no eligieron vender cosméticos, que tienen una función pública. La ley los ampara; déjense amparar por ella. Alguien tiene que empezar, aunque al principio cueste.

Aborto: cuestión de salud, no de constitucionalidad

NS/NC se da un lujo hoy y publica (con intención de que no sea en exclusiva, el texto lo merece por su claridad) un post de Tamara Tenenbaum, de quien se dice que es asistente de proyectos en FEIM, becaria  del CIN, Ayudante de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado en el CBC y próxima Licenciada en Filosofía de la UBA.

Sobre el veto de Macri al protocolo de aborto no punible de la legislatura

            En el último mes el debate sobre el aborto no punible volvió a hacer una aparición fugaz en el debate público. La salida apurada de un ministro, la pulseada de poder entre el PRO y el kirchnerismo, un infinitamente sobreactuado escándalo por las declaraciones de una legisladora y finalmente el veto del jefe de gobierno fueron probablemente las causas de la relevancia mediática tomada por un tema que, por lo demás, suele interesar a casi nadie (como casi cualquiera de agenda feminista en este país, dicho sea de paso, pensadas en general como cuestiones muy micro, bien lejos de los grandes dilemas políticos de nuestro tiempo). Esta oleada provocó, como es esperable, que una catarata de intelectuales, asesores, militantes y funcionarios se expidieran con asombrosa resolución con un conocimiento, como mínimo, “superficial” del tema. Funcionarias y militantes, por otra parte, que han seguido de cerca el asunto, privilegiaron (creo que razonablemente) dar una discusión sobre la coyuntura en la Ciudad de Buenos Aires y no tanto información clara y comprensible sobre todo lo que está en juego. Por eso pensé en escribir este texto y ordenar un poco el mareo circundante.

            La primera pregunta que razonablemente surge es el por qué de este debate hoy: ¿a qué vino este protocolo, de dónde surge esta demanda? En los últimos años tomó visibilidad, a través de varios casos (el primero que yo recuerdo es el de LMR, 2006) la enorme dificultad para acceder a un aborto en un hospital público en los dos casos contemplados por el Código Penal: peligro para la vida o la salud de la madre y violación de una mujer “idiota o demente”. Los médicos, al no saber cómo proceder y con miedo de la persecución penal, reclamaban autorización de la Justicia. Los jueces se manejaban cada uno con el criterio que le parecía (la famosa “discrecionalidad judicial”): independientemente de los criterios que eligiera cada uno, el trámite tomaba un tiempo que comprometía el acceso al aborto, a veces tornándolo directamente impracticable. Por otra parte,  empezó a discutirse cada vez más la restricción del inciso 2 al caso de la mujer “idiota o demente”, dado lo evidente de sus sesgos machistas e incluso eugenésicos.

            Esta situación culmina en 2012 en el caso de una niña violada de 15 años, de facultades mentales normales, a quien se le autoriza un aborto no punible en Chubut en el marco de una “interpretación amplia” (no exclusiva para mujeres con retrasos mentales) de este inciso 2. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decide volver el caso abstracto (dado que se resolvió en Chubut) y elaborar el ahora célebre “Fallo FAL”. Los avances más importantes del fallo (aunque puede hablarse de varios otros), que se encuentran explicitados con mucha claridad en el texto, son dos: en primer lugar, se expresa que la Constitución Nacional (incluyendo los principios que la animan y los numerosos tratados de derechos humanos que se le adosan) manda la interpretación amplia del inciso 2 del artículo 86, sin restringir el aborto no punible a las mujeres con retrasos mentales. En segundo lugar, se deja claro que para el acceso al derecho no es necesaria la autorización de un juez ni la presentación de la denuncia por violación: una declaración jurada de la mujer es suficiente. De este modo se pretende acabar con las eternas dilaciones que dificultaban o directamente impedían que el derecho al aborto no punible se efectivizara. Para que esto efectivamente se dé, no obstante, es necesario generar directivas claras tanto para los médicos como para los miembros del Poder Judicial: por eso es que el fallo incita a las jurisdicciones a generar protocolos de aborto no punible que expliciten todas las variables necesarias para garantizar el acceso al derecho. Es así que llegamos a la discusión del protocolo de aborto no punible para la Ciudad de Buenos Aires, la pregunta que habíamos hecho más arriba en esta (eterna) introducción.

            Meses después del fallo, entonces, se abre el debate en la Ciudad de Buenos Aires. Se presentaron múltiples proyectos, aunque no es claro que se hayan tratado todos en las comisiones correspondientes. La amplitud en cuanto a lo restrictivo o lo permisivo de los proyectos presentados fue inmensa y sería todo un trabajo académico (no digno de una amigable entrada de blog) estudiarlos todos: lo que sí vale la pena es revisar los puntos discutidos, y su relación con el marco normativo que revisamos recién. Hice una tablita para hacerlo más claro:

	Qué dice el Código Penal	Qué dice el Fallo de la CSJN	Qué dijo la Resolución Lemus	Qué dijeron los proyectos oficialistas (PRO)	Qué dijeron la ley que se aprobó (ya se anunció el veto)
¿Hay que presentar la denuncia por violación?	(nada)	No.	No.	Fueron presentados al menos 3 proyectos que decían que no. No obstante, el que se defendió el día que terminó aprobándose la ley opositora (cuya autora era Morales Gorleri) decía que sí.	No.
¿Las menores pueden abortar sin el consentimiento de su representante legal?	(nada)	(nada)	No.	No.	Sí.
¿Hay un límite gestacional (es decir, de semanas de embarazo) para el aborto no punible?	(nada)	(No dice nada, pero vale aclarar que en el caso, hecho abstracto, que motiva el fallo, se abortó un embarazó de al menos 20 semanas)	No en el caso de los abortos terapéuticos (inciso 1). En los casos de aborto por violación (inciso 2), 12 semanas.	12 semanas (en los dos incisos, aborto terapéutico y por violación).	No.
¿Sobre el aborto terapéutico?	Lo permite. Habla de “peligro para la salud” y “peligro para la vida”.	(nada. El fallo se dedica más bien a los casos cubiertos por el inciso 2)	El médico interviniente (que puede llamar a un equipo interdisciplinario o hacer interconsultas) debe exponer todas las alternativas posibles y explicar por qué descartó cada una. El consentimieno final lo tiene el jefe del servicio.	Un equipo interdisciplinario hace el diagnóstico, lo eleva al jefe de servicio que luego lo eleva “siguiendo la vía jerárquica correspondiente” (no dice dónde termina). Un proyecto (no el que se defendió en el debate finalmente) estipulaba que no pudiera haber objetores  de conciencia en el equipo interdisciplinario.	El diagnóstico puede hablar tanto de salud física como de salud psíquica.

            A la luz de estas consideraciones me interesa analizar dos frases que circularon. Macri justificó el veto a la ley de aborto no punible (la examinada en la última columna) diciendo que  “se excedía” respecto del fallo de la Corte. Por su parte, la legisladora María José Lubertino afirmó que la resolución firmada por el ya ex-ministro Jorge Lemus era “inconstitucional” (en el sentido, claro, de que va en contra de la que la Corte dice es la correcta interpretación constitucional del artículo 86).

            Primero vamos con Macri: ¿qué quiere decir que la legislatura “se excedió” respecto del fallo? No puede significar, claro, que se excedió por dar más detalles que el fallo, porque toda la gracia de un protocolo es que especifica más que la normativa a la que se adosa. “Excederse” debería querer decir, para que la frase tenga sentido, que el protocolo “permite” más abortos que el fallo. Parece ser más bien al revés: la resolución de Lemus, que Macri defiende en lugar del protocolo, pone varias restricciones (a las decisiones de las menores, al período de gestación) que el fallo no pone y con las que incluso no tendría por qué estar de acuerdo en espíritu (como la estipulación de las 12 semanas, ver cuadro), permitiendo menos de los que permitiría el fallo por sí solo. La ley, en cambio, permite al menos tantos como el fallo al no poner restricciones. Sí se puede decir que la ley de aborto no punible se excede respecto del fallo al hablar de las condiciones para el aborto terapéutico, pero también lo hace la resolución Lemus y lo hicieron todos los proyectos presentados por el macrismo. Se trata sencillamente de una diferencia de tema: el fallo interpreta solamente el inciso 2 del Código Penal, el que habla de violación, y no los dos. Es razonable que una reglamentación cubra todos los casos de aborto no punible, pero en ese caso no puede tomarse como referencia el fallo de la Corte. La única referencia que queda es el Código, todo lo demás se puede inventar: y el Código no dice nada que vaya en contra de entender “salud” en un sentido integral, como salud física y psíquica (aún si tampoco dice nada en contra de entenderlo en forma más restringida, claro).

            Ahora con Lubertino: ¿es inconstitucional la resolución que firma Lemus como último acto en el cargo? El Gobierno de la CABA efectivamente podría sacar una norma que desconozca el fallo (es lo que está haciendo, aún si dice lo contrario) y esperar luego la (posible) denuncia y proceso de declaración de inconstitucionalidad. Creo que es bastante claro, como dije más arriba, que la resolución pone límites que el fallo no manda y en ese sentido “se excede”, aunque en un sentido laxo de excederse. Contradicciones explícitas entre el fallo y la resolución veo solo una, la que señalo en el cuadro en relación con el tiempo de gestación: si el fallo se expide sobre un caso en el que se resolvió un aborto de más de 12 semanas (y haciendo el cálculo en los plazos del relato del caso en el texto del fallo es evidente, como señalé, que son como mínimo 20) sería ridículo interpretar que está en su espíritu, ya que no en su letra, la restricción. La cuestión de los menores y la de la salud psíquica, los otros debates centrales de esta normativa, no se saldan con el fallo.

            Una última cuestión que engancha con la de Lubertino: suelen también usar el argumento de la inconstitucionalidad los grupos pro-vida, pero en la dirección opuesta. “La Constitución defiende la vida desde la concepción”. No, eso lo hace el Código Civil, el “derecho a la vida” no está en la Constitución Nacional (aunque se supone “implícito”). “¿Pero y el pacto de San José de Costa Rica?” Les cito la parte correspondiente y juzguen: (art. 4, Derecho a la vida) “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”

            No tengo conclusiones grandilocuentes para terminar el texto: lo que me parece queda en evidencia (más allá de que el argumento de Macri es muy flojo, y el de Lubertino bastante menos pero no contundente) es que pretender saldar la cuestión apelando a normativas anteriores y no a un debate abierto va ser muy difícil y poco conducente. Hay que defender las conquistas pasadas (como el fallo FAL, y ahora, el proyecto por vetar), pero sabiendo que nos espera una discusión mucho más larga y profunda. El aborto no vamos a meterlo por la ventana. Va a salir, y va a salir muy pronto (en menos de 10 años, me atrevo a decir): pero después de un proceso como el del matrimonio igualitario, no jugando con tecnicismos. La discusión que hay que animarse a abrir es de salud pública y no de constitucionalidad.

DISCLAIMER: empecé a escribir este texto ni bien se anunció el veto de Macri, antes de que una cautelar evitara el aborto no punible de una víctima de la trata. Preferí seguir en esta línea, pensando más bien en las consecuencias a largo plazo de la normativa que tenemos. Para un relato de la coyuntura, los linkeo al blog de mi amiga Laura Belli.

"No está tan bueno FeVida"

Cuando a uno lo cita Pablo Semán, no se puede evitar compartirlo.

La Nueva Era de la Nueva Era
Por Pablo Semán *

Respirar, estirarse, tomar distancia mental, recuperar capacidad de acción pero no volver a lo mismo de siempre, de eso se trata en estos movimientos vinculados a la espiritualidad de la nueva era. Activismo espiritual es la definición de Gabriel Avruj, uno de los conferencistas de FeVida, el evento espiritual fogoneado por el Gobierno de la Ciudad, para definir un oficio que produce lo que para algunos son milagros. Durante los años ’80 y ’90 comenzó en talleres, consultorios, salones para prácticas corporales variadas. El estudio de una antropóloga rigurosa y original, María Julia Carozzi, explicaba el fenómeno como la continuidad de viejas tradiciones de autonomía elaboradas en las clases medias de consumo cultural cosmopolita.

Desde hace 15 años, la lógica de esas experiencias se trasladó a los medios y a los mediáticos, y el “activismo espiritual”, la galaxia de prácticas y creencias antes conocida como Nueva Era, dio un salto de masividad. Al tejerse esas creencias con la trayectoria de figuras reconocidísimas en los medios (Ari Paluch, Claudio María Domínguez) surgieron liderazgos locales de segunda y tercera generación. Pero también captó el ánimo de sujetos enraizados en densos entramados educativos, comunitarios e incluso políticos. La Nueva Era se salió de su cápsula social en el cuadrante norte del AMBA y de sus refugios cordobeses para expandirse al conjunto de las clases medias, y esta forma de esperanza se hizo dialecto con el catolicismo, la fe evangélica, las ideas terapéuticas y educativas.

No está tan bueno FeVida

Se entiende lo que quiso hacer Macri: captó algo multitudinario y, a su juicio, “friendly”. Se propuso movilizar el “activismo espiritual” y darle su espacio a un programa en el que se presentan variadas formas. En el acto inaugural insistió en su concepción del evento: propuso un lazo entre los movimientos espirituales y su visión de la política. La política, forma de espiritualidad, de lucha por la vida no confrontativa. Esa es la módica síntesis del jefe de Gobierno (que a juicio de este antropólogo implica aceptar mandatos opresivos, transformar la agresión en autoagresión). No fue la única forma en que el evento fue objeto de la tentativa de partidización. En el programa que da voz a los más variados ejemplos de lucha existencial (empresarios que salieron del pozo, dolientes sobrepuestos a su enfermedad) no hay militantes sociales. ¿Acaso no hay espirituales entre ellos, acaso sus luchas no son ejemplares? En cambio, las víctimas resilientes de la represión tuvieron la dudosamente representativa presencia de Morandini, que rodeó interminablemente una idea del perdón que quiso ser socialdemócrata, pero apareció particularmente nórdica: más cerca de Estocolmo que de Oslo.

Más debería llamar la atención de los críticos del evento la convocatoria: pobre para un observador que ha visto a muchos de los ponentes con salas desbordadas en otras circunstancias. Más pobre aún si se tiene en cuenta que el evento tuvo algo de “acarreo” y no sólo del gobierno de la Ciudad sino de las “diversas organizaciones convocantes” (muy otro cantar fue lo sucedido con la gran meditación del domingo, más autónoma de la acción del Gobierno de la Ciudad, restringida a una de las instituciones participantes, la cuestionada fundación El Arte de Vivir). Los críticos del evento deberían poder sacar una enseñanza que la realidad ofrece repetidamente en la imposibilidad de la jerarquía católica de movilizar contra el matrimonio igualitario o en la tentativa tantas veces fracasada de “usar” el 10 por ciento de evangélicos a través de un partido confesional que nunca pasa del 1 por ciento. Las posiciones religiosas o espirituales no se traducen con facilidad al campo político, entre otras cosas porque son heterogéneas en sí mismas y en nuestra sociedad no hay emblocamientos lineales entre clases, cultura y partido (el pueblo peronista es católico, pero también evangélico). El pueblo de la Nueva Era podrá creer cosas que a Macri le suenan propias, pero en estos días he conocido a miembros de El Arte de Vivir que creen que Ravi Shankar no sabía dónde estaba y que, incluso, “estaba re caliente porque intentaron usarlo políticamente”. No importa que haya sido así o no, sino que la “grey oriental” no se siente toda cercana a Macri, ni quiere mezclar las cosas y esas instrumentaciones son resistidas.

No hay tanta afinidad entre el Gobierno de la Ciudad y el activismo espiritual en general, como afinidad, e intimidad social, en la selección de los representantes elegidos sobre una base muy amplia: el círculo estrecho de Macri tiene relaciones con algunos de los invitados (y hostilidades con gente que no hubiera aceptado ser convocada por el jefe de Gobierno). El hecho mismo de que Ravi Shankar tenga relaciones con la derecha de la India no tiene traducción tan directa en su apropiación local (de la misma manera que la ultraderecha evangélica de Estados Unidos no regula el comportamiento político de los evangélicos argentinos).

Tal vez haya sido más importante la vocación de El Arte de Vivir de expandirse como “empresa”, como lo dijo Gabriel Puricelli, que indicó tanto esta posibilidad como esa conexión política.

Aristocracias de la creencia y de la crítica

Pero aquí llegamos a otro punto polémico. Algunos critican la monetización del activismo espiritual, otros su estandarización. Tal vez sea cuestión de menos paja en el ojo ajeno. En primer lugar, no hay espiritualidad ni religión que no se funden en reciprocidades que, modernamente, tienden a ser en moneda. Otrora se ofrendaban cosas valiosas también: cosecha, res, vino, pero hoy en nuestras sociedades todo se vende y se compra. Más aún: ciertos alimentos del alma circulan por dinero independientemente de la ideología (de Deepak Chopra y Brecht a Galeano y Coelho. Y circula por dinero el testimonio del que cuenta su capacidad de superar un accidente como el del que cuenta su fuga del campo de concentración). Pagando impuestos o no (y eso sí que no se disculpa) el activismo espiritual paga y cobra como todos.

Otros critican la estandarización de la fe. Entre los propios seguidores de movimientos espiritualistas se encuentran los que ven este encuentro como algo repudiable por su carácter espectacular y masivo. En música, cine y espiritualidad siempre habrá quien se adjudique la nobleza de espíritu y la autenticidad que los separa de los consumidores seriales, los tontos culturales y los crédulos. La realidad es más compleja: entre los nuevos creyentes habrá experiencias genuinas como entre los viejos impostura y rutina en proporciones abiertas y a estudiar.

Los gurúes lucran, la gente vive, y el espíritu crítico pierde cuando no pretenden menos que el privilegio de juzgar, incluso sin saber, como si fuera tan fácil.

* Doctor en Antropología social.

Publicado en Página/12, lunes 10 de septiembre de 2012

Sri Sri Ladri Chantar y los chantas argentos

Jueves 6 de septiembre de 2012
Santos prejuicios
Por Gabriel Puricelli

El “orientalismo”, esa forma de prejuicio sobre las culturas al este de Europa, tiene manifestaciones de lo más diversas. Algunas ocultan su condición de juicio eurocéntrico bajo la forma equívoca del elogio de algo que, en definitiva, se decide no conocer o tomar por su manifestación más evidente.

Algo de eso sucede con la visita, con objetivos eminentemente comerciales, del autotitulado “Sri Sri” (una duplicación del título de hombre “santo”) Ravi Shankar a nuestro país. Sin discutir la utilidad y eficacia de las técnicas respiratorias para entrenar en las cuales el visitante indio cobra elevadas sumas de dinero, sorprende la liviandad con que algunos compatriotas suscriben a la condición de santo de este. Es evidente que detrás de esa profesada admiración hay un aplanamiento total de lo indio como cultura, una adscripción zonza a la idea de que todo lo indio es irreductiblemente exótico e incomprensible. De poco sirve que en vez de considerárselo “bárbaro”, se lo consagre como “santo”. Detrás de ese supuesto elogio está la idea de que un visitante de la India no puede tener ideas políticas y no puede ser agente de una cultura racionalmente comprensible.

Dos instituciones gubernamentales, los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, han actuado sobre la base de este prejuicio para darle una bienvenida oficial y para auspiciar algunas de sus actividades. Pues bien, “Sri Sri” Ravi Shankar es un ciudadano que ejerce plenamente sus derechos políticos en su país y, así, tiene sus ideas y actividades: está públicamente vinculado al nacionalismo fundamentalista religioso hindú. Se trata de un movimiento político opuesto al laicismo y a la vocación pluralista en lo étnico y religioso del Partido del Congreso de Mahatma Gandhi y Pandit Nehru, que cuenta con una organización madre (el RSS), un partido (el BJP) y una fuerza de choque (Bajrang Dal), esta última participante de pogroms contra las minorías religiosas de su país (musulmanes, cristianos, sikhs, etc.).

Difícilmente una cultura del “amor”, si nos detenemos a mirarlo y entenderlo. Hay dos gobiernos que no parecen dispuestos a hacer el esfuerzo.

Aceite de ricino a la portuguesa

Jueves 2 de agosto de 2012
Una lápida para Portugal
Por Gabriel Puricelli


Cualquiera que haya llegado ayer a Lisboa y visto los diarios en los kioscos podría sentirse transportado a la Argentina de 1990 o sentir que no salió de Roma, donde las noticias son parecidas, pero están escritas en otro idioma. Portugal puso en vigencia un nuevo Código del Trabajo que consagra el sacrosanto principio de la flexibilización y entierra conquistas del movimiento obrero con la fervorosa convicción de que haciéndolo ahuyenta los malos espíritus de la crisis económica. Y eso, a pesar de la oposición determinada de las organizaciones sindicales, hecho que tiene en común con medidas recientes del gobierno italiano. Es difícil comprender las acciones del gobierno conservador del primer ministro Pedro Passos Coelho (foto) sin atribuirlas a una convicción religiosa. Es decir, ¿cómo es posible establecer una relación de causa y efecto entre la crisis de la economía portuguesa, que se origina en la insostenibilidad de los niveles de endeudamiento del Estado, y el nivel de protección de los derechos de los trabajadores? ¿Dónde está la evidencia de que medidas de este tipo hayan sido la salida para una crisis de estas características en algún otro lugar del orbe?

Sería sencillo limitarse a adjetivar las medidas por los efectos imposibles que se esperan de ellas, pero eso sería omitir todo lo que las mismas implican en tanto renuncia a la imaginación política y al debate democrático de la ciudadanía. Porque la receta administrada al pueblo portugués ha sido definida por la troika conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, es decir, por una tecnoburocracia que se concibe a sí misma como portadora de un conocimiento científico de la realidad económica que se sustrae al juicio de la ciudadanía. Sus dictados se adoptan sin mayor reflexión y bajo la legitimación de un discurso político de la emergencia bajo gobiernos del signo que sean, como lo vemos justamente en el caso de Portugal.

La nueva norma fue puesta en vigencia dos semanas después de que la mencionada troika diera el visto bueno al desbloqueo de cuatro mil millones de euros de préstamo para evitarle a Portugal tener que financiarse en los mercados pagando tasas tan exorbitantes como el riesgo país que le asignan las calificadoras privadas. Es el quinto tramo de un paquete de 78.000 millones de euros que acordara en mayo de 2011 el entonces gobierno socialista de José Sócrates. El pesimismo que sucedió a la adopción de ese acuerdo incidió en partes iguales con el dolor concreto que ya causaba la crisis en aquel momento para hacerle perder las elecciones al Partido Socialista. En tanto la elección consagró formalmente la alternancia y dio paso a una administración conservadora, la política económica no sufrió ningún cambio, sino que siguió siendo la definida por la troika. Allí se cifra todo el sinsentido de la situación que viven los países del arco mediterráneo europeo, condenados por Bruselas y Francfort, bajo la atenta mirada de Berlín, a tomar la misma medicina, independientemente del gobierno que elijan.

El secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses, Arménio Carlos, anunció medidas de lucha para evitar que políticas equivocadas terminen incrementando aún más la tasa de desempleo, que ha alcanzado, con el 15,4 por ciento, su máximo histórico y definió el nuevo Código de Trabajo como “criminal”. El asesinato tal vez no sea sólo el de los fundamentales derechos de quienes tienen un trabajo, sino el de la democracia en tanto sistema que permite deliberar libremente y darse políticas distintas según lo decida la mayoría. Girando alrededor del punto fijo de una verdad tecnocrática no probada en este mundo, el gobierno portugués prepara las condiciones para que los verdaderos autores de la crisis hagan de la sociedad una tabula rasa sobre la cual edificar futuros esquemas de enriquecimiento de una minoría, seguramente bajo la forma de alguna nueva burbuja.

El duro limbo de los saharauis

El exilio permanente
por Gabriel Puricelli
Viernes 20 de abril de 2012

El breve texto que sigue fue publicado en Las 12, suplemento de Página/12, acompañando la gran crónica de Luciana Peker sobre Fatma El Medi Asma, la presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui.

El pueblo saharaui vive atrapado en un pliegue del tiempo. Llegó tarde al proceso de descolonización y un acuerdo tripartito sancionó la entrega de su territorio por el colonizador español a Marruecos y Mauritania. Una semana antes de la muerte de Francisco Franco, los colonizadores pactaban retirarse a cambio de que marroquíes y mauritanos dejaran que sus pesqueros siguieran depredando las costas de lo que hace décadas debería ser la República Árabe Saharaui Democrática. 

A diferencia de Portugal, cuyos oficiales enviados como pretores se sublevaron contra el salazarismo y se empeñaron en devolverle a los africanos lo que era suyo, al mismo tiempo que apuntaban sus fusiles cargados de claveles contra la dictadura en Lisboa, el tardofraquismo quiso asegurarse la continuidad de la rapiña, haciendo como que aceptaba el proceso de descolonización decidido por las Naciones Unidas. 

Sin embargo, fue la monarquía marroquí la que sacó provecho de la situación, organizando la Marcha Verde de ocupación del territorio colonial y cumpliendo menos que a medias su pacto con el falangismo, apenas éste fue reemplazado por la democracia. A Mauritania le bastaron tres años para darse cuenta de que poco ganaba controlando un pedazo de desierto y negando a un pueblo poco numeroso y sufrido el derecho a su propio territorio: se retiró en 1979 y el rey de Rabat inmediatamente se apropió de ese pedazo para su sueño de Gran Marruecos.

En casi cuatro décadas, todas las iniciativas de Naciones Unidas para completar la descolonización del Sahara Occidental han sido rechazadas y resistidas por Marruecos, que ha impedido la realización del referéndum promovido por la ONU desde 1991, aún después de que la misma ONU confeccionara el padrón para el mismo, en 1999. El gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, establecido por el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (POLISARIO), representativo de la mayoría de la población autóctona y respaldado por Argelia, es la expresión política de una nación sin estado que tiene que resistir una política marroquí apoyada en dos pilares: la represión y la promoción de la emigración de sus ciudadanos hacia el antiguo territorio colonial. Todo el tiempo ganado por la monarquía es tiempo ganado para inclinar la balanza demográfica y generar condiciones para negarle definitivamente a los saharauis el derecho a ser un estado-nación.

El proyecto de Gran Marruecos ha significado una denegación masiva e indiscriminada de derechos y condenado a una entera población humana a una vida en campos de refugiados, que llevan tanto tiempo allí que una parte de la comunidad internacional lo ha olvidado, cuando no naturalizado.

El intento desesperado de un régimen criminal

El primer día de abril pasado, el diario guayaquileño "El Telégrafo", extractó algunas líneas del texto que sigue para un artículo a propósito de los 30 años transcurridos desde que Leopoldo Fortunato Galtieri decidiera desembarcar en las Islas Malvinas.

La aventura militar en Malvinas fue el intento desesperado de un régimen criminal de usar una reivindicación nacional para perpetuarse en el poder. Un régimen que no había ahorrado sangre para someter a los sectores populares que venían desafiando la hegemonía del capital, quiso saciarse con la sangre de cientos de jóvenes de 18 años reclutados a la fuerza para quedarse en el poder por una generación. Cada aniversario de ese conflicto, nos recuerda de dónde proviene la democracia argentina: de la derrota militar de un gobierno que no quería las Malvinas para la Argentina, sino todo el poder para sí. 

Cada aniversario pone a la Argentina también frente a la dura realidad de que la fuerza de tareas británica, al aplastar la guarnición argentina, puso al país infinitamente más lejos de poder ejercer la soberanía sobre el archipiélago de lo que estaba cuando comenzó, fruto de una paciente diplomacia, a obtener un eco de sus reclamos en la Organización de Naciones Unidas. 

En estos 30 años, los argentinos han construido un régimen democrático estable y han retomado el camino de la diplomacia para argumentar sus derechos. Argentina se colocó en las antípodas de la posición amenazante que adoptó el gobierno dictatorial durante el aciago semestre de 1982 en que construyó una escalada que terminó en desastre. Argentina no sólo dejó de ser una amenaza, sino que hasta inscribió en su Constitución, en ocasión de su escueta reforma en 1994, la obligación de perseguir su objetivo por medios exclusivamente pacíficos. 

Treinta años después, el capitán que estuvo encargado del primer episodio de la escalada, a la cabeza de un destacamento en las islas Georgias del Sur, está preso por haber disparado contra los opositores a la dictadura las balas que se ahorró al rendirse ante los británicos sin llevar la mano a su fusil. El aura de “héroes” que criminales como Alfredo Astiz quisieron darse al regresar de la batalla que llevó al país a una derrota absurda ha quedado completamente disipada y esa breve guerra cuenta hoy como uno más de los crímenes que cometió el terrorismo de Estado entre 1975 y 1983. 

Toda América del Sur retomó la senda de la democracia en el curso de las tres últimas décadas. En ese contexto, los gobiernos surgidos de la voluntad popular han ido desactivando los conflictos que le daban de comer a los autócratas (militares y de los otros) de cada país y ha surgido una conciencia creciente del papel que toda la región está llamada a jugar en un mundo cambiante, en el que los viejos poderes imperiales retroceden y en el que la soberanía se define no sólo ya por el control de territorios, sino por el de los recursos que éstos contienen. Esa nueva realidad es la que va inclinando tan pausada como decisivamente las Malvinas hacia su integración soberana (con unos isleños que habrán de ser ciudadanos plenos) en la América del Sur del siglo XXI.

Europa: gobernar así desgasta

Europa: crisis y alternancia
El Estadista n° 54, 1° al 12 de abril de 2012
por Gabriel Puricelli


El 22 de abril, Francia brindará otra ocasión de sopesar cómo impacta en las preferencias de sus ciudadanos el marasmo económico en que se halla la eurozona. Todo parece indicar que, una vez más, la crisis conspirará contra la continuidad en el gobierno de un oficialismo. Si una mirada distraída sugería que el costo sólo lo pagaban socialdemócratas o laboristas, la persistencia en el tiempo de las condiciones desfavorables y de la incertidumbre sobre el futuro de la economía y de las instituciones del estado de bienestar ha permitido constatar que la peor posición de partida para triunfar electoralmente es estar en el gobierno. El último electorado en dar cuenta de esto fue el eslovaco, al desembarazarse de un gobierno de centro-derecha y darle amplio respaldo al socialdemócrata Robert Fico. El desasosiego que provoca una crisis que mantiene en tela de juicio nada menos que a la moneda, objetivación última del proyecto europeo dibujado con tiralíneas por la tecnoburocracia de Bruselas y Frankfurt, no impacta en los ánimos sólo en días de elecciones, sino que provoca cambios dentro de los partidos y dibuja nuevas preguntas en sus centros de estudios.

Empezando por la contienda en tierras galas, las encuestas sugieren, en primer lugar, que se está dando una dinámica poco habitual y, en segundo, que en épocas de dudas sobre el futuro, el poder desgasta (contradiciendo a Giulio Andreotti) también a quienes lo tienen. Por un lado, se insinúa como novedad que algunas placas tectónicas del electorado se han movido de un modo que era difícil anticipar hace algunos meses. A la izquierda de una derecha tradicional (UMP) y un socialismo (PS) que convocarían a menos de un tercio de los votantes cada uno, emergen con una fuerza que no se veía desde el derrumbe electoral del Partido Comunista a mediados de los ´80, el Frente de Izquierda y su candidato Jean-Luc Mélenchon. Los ecologistas sufren la débâcle a la que acostumbran en elecciones presidenciales (el escenario que los favorece siempre son las poco concurridas elecciones al Parlamento Europeo), los socialcristianos (MoDem) resisten con un módico 10% y la ultraderecha del Frente Nacional (FN) atraviesa con éxito el trauma del reemplazo dinástico de su fundador Jean-Marie Le Pen, por su hija Marine.

Detrás de una aritmética sencilla (el 30% del PS y el 14% de Mélenchon empatan con el 30% de Sarkozy y el 14% del FN y en el desempate de segunda vuelta los votantes del MoDem se decantan por la alternancia), se oculta una tendencia a la polarización del sistema político que no se había visto ni en 1981 cuando la izquierda llegó por primera vez en la posguerra unida al gobierno, derrotando a una derecha más centrista que la actual.  Dentro de la izquierda se dieron algunos fenómenos entrelazados. La imprevista autoimplosión de Dominique Strauss-Kahn catapultó a la candidatura presidencial a un François Hollande que expresa un talante mucho más socialista que social-liberal. La salida de Mélenchon del PS obligó al partido en su conjunto a abandonar los coqueteos con el centro para minimizar la sangría potencial detrás del histórico referente de la izquierda partidaria. Finalmente, la inesperada gran campaña de éste, con su mítin de “toma de la Bastilla” poniendo ciudadanos en la calle como altri tempi, terminó de escorar hacia la izquierda la competencia en el espacio progresista. En la derecha, el fracaso del cortejo sarkozista a la ultraderecha, expresado en una UMP esmirriada incapaz de absorber el electorado del FN, obligó al presidente saliente a escorar hacia la derecha su campaña, justo cuando Marine Le Pen trataba de darle rostro humano al vetusto pero eficaz poujadismo de su padre. El plan de Sarkozy era gobernar bien a la derecha para absorber un electorado al que se imaginaba huérfano tras la jubilación del veterano de las guerras coloniales de Indochina y Argelia, para poder luchar por su reelección desde una línea más centrista. Nada de eso: mur contre mur. Para el PS, la elección de un presidente socialista por primera vez en 24 años llegará tal vez al precio de resignar la pretensión de  monopolizar la izquierda y teniendo que tener muy en cuenta las expectativas y sensibilidades de los votantes llegados de la gauche de la gauche.

Se puede arriesgar como explicación de este cuadro que el poco prometedor futuro que propone el estancamiento económico repone en la izquierda el tema de la justicia social y eclipsa las demandas vinculadas a la calidad ambiental, y refuerza en la derecha el repliegue identitario, que ve extranjeros en los franceses de pieles más oscuras y también en las élites de los salones parisinos.

El signo que impera desde el Atlántico hasta el Egeo es el de la precariedad. La crisis provoca derrumbes, pero rápidamente erige barreras a quienes se benefician de ellos. Pruebas al canto: el Partido Popular español no había pasado 100 días en el gobierno, en medio del ajustazo y la protesta, que se encontró con unos andaluces y unos asturianos indispuestos a regalarle los emblemas de una nueva hegemonía electoral. En Andalucía, el PSOE se erosionó en proporción casi idéntica al crecimiento de la expresión local de la Izquierda Unida, que duplicó sus votos respecto de la anterior elección autonómica y se apresta a gobernar en coalición son sus primos socialistas, del mismo modo que lo hace en decenas de municipios de la comunidad del Mediterráneo. En el Cantábrico, la derecha se encontró sin mayoría en el legislativo local después del voto de los asturianos: a la hora en que esto se escribe está abierta la posibilidad de que el ex-número dos del ex-presidente José María Aznar pierda el gobierno del principado cuyos emigrantes (esos cuyo voto le birló una banca decisiva a la derecha) han definido la gastronomía argentina.

Pero decíamos que la omnipresencia de la incertidumbre económica, en la vida y en el pensamiento no sólo sobredetermina elecciones, sino que redefine estrategias partidarias y empuja la aparición de nuevas ideas y debates. En efecto, el mes pasado el Partido Laborista (PvdA) holandés eligió a un popular activista proveniente de Greenpeace como nuevo líder, la primera vez en décadas en que se anima a abandonar un confortable centrismo para ensayar un giro a la izquierda que detenga la fagocitación de su base por al menos otros tres partidos (ecosocialistas, ex-maoístas y liberales de izquierda) que lo superan hace años en capacidad de innovación y radicalidad. Diederik Samson podrá restaurar la salud de su fuerza o asistir a un histórico hecho que encuestas de principios de año dan como posible: que los ex-maoístas del Partido Socialista (SP) se transformen en la primera fuerza del parlamento de La Haya.

Por último, Policy Network, el think tank británico inspirado por Anthony Giddens y su “Tercera Vía” viene impulsando una refundación internacionalista de la izquierda europea, alertando contra la pervivencia del paradigma neoliberal una vez que la crisis se supere. Sin renegar de, pero sin insistir tampoco en la receta de Tony Blair y Gerhard Schröder, dos de los investigadores del centro de estudios, Olaf Cramme y Patrick Diamond, llamaron desde las páginas de El País de Madrid a la audacia conceptual como único camino para la supervivencia de una experiencia socialdemócrata significativa en el ralentizado Viejo Mundo.

¿Britannia devolvería las islas?

Malvinas: británicos sin unanimidad ante el status quo
Miércoles 21 de marzo de 2011
Por Gabriel Puricelli*



Después del módico revuelo que causó la “encuesta” del matutino The Daily Telegraph, en la que el 57% de quienes respondían en la página web del diario londinense se inclinaba por “devolver las Malvinas a la Argentina”, los resultados del estudio realizado por la consultora ICM para The Guardian, publicados ayer, pueden resultar anticlimáticos. Más aún, mientras esto se escribe, las respuestas favorables a la postura rioplatense alcanzan a casi dos tercios de quienes tildan su respuesta en el sitio del Telegraph. ¿La diferencia? La muestra elegida por ICM tiene validez metodológica y es representativa del universo de los británicos adultos, mientras la otra sólo puede calificarse con comillas.

La toma de pulso sociológica de ICM/The Guardian pinta un cuadro poco sorprendente: 61% de quienes responden consideran que "Gran Bretaña debería proteger las Malvinas mientras los isleños deseen esa protección, sin importar el costo", mientras que 32% creen que Londres "debe estar preparada para negociar con Argentina acerca de una eventual entrega" de las islas. Parecería bastar con decir que se trata de una situación esperable, pero tanto los resultados agregados, como los discriminados por género, edad o nacionalidad (ingleses, galeses, escoceses, norirlandeses) de los encuestados, brinda mucho material para pensar la política argentina.

En primer lugar, esta “foto” es captada en medio de un ambiente donde el nacionalismo está maximizado por una serie de factores: la presencia de un Primer Ministro conservador en  Downing Street, la cercanía de un aniversario significativo y la necesidad del gobierno de David Cameron de ofrecer un gran espectáculo de fuegos artificiales para tapar la gritería del lobby británico de defensa, que aúlla de dolor (si fingido o real, no es materia de esta nota) por el ajuste fiscal.

Así y todo, un tercio del electorado británico se muestra dispuesto a deshacerse eventualmente del lejano archipiélago. Como era de esperar, el entusiasmo por defender el dominio británico de las islas se debilita entre las naciones minoritarias del Reino Unido. En el caso de los galeses, ni siquiera es mayoritario. En el corte por adscripción partidaria, hay cuatro conservadores que apoyan el status quo por cada uno dispuesto a verlo cambiar, mientras que entre votantes laboristas y liberal-demócratas las minorías (46% y 40%) que aceptarían que se negocie un traspaso de las islas a la soberanía argentina son muy grandes. Al distinguir entre hombres y mujeres, aquellos se decantan con más fuerza que éstas por dejar las cosas como están, pero sin que un abismo separe a los dos géneros.

Un dato que sí se destaca (aunque, bien pensado, pudiera ser también esperable) es que entre los británicos nacidos después de 1988 un 49% se ve negociando con Argentina, mientras que sólo el 39% se aferra al actual estado de cosas.

Una política argentina estratégicamente inteligente debería prestarle mucha atención a este diagnóstico de la opinión pública en el Reino Unido. Es evidente que hay un terreno fértil para que se escuchen los argumentos de Buenos Aires y aparecen fuertes indicios de que la demografía puede estar jugando tan a favor del caso argentino como ya lo hace en el plano geopolítico la declinación del poderío británico. Por cierto que Argentina debe meditar mucho más de lo que parece haberlo hecho hasta ahora qué es lo que se propone sembrar y preguntarse si la retórica a la que está más acostumbrada es la que con más eficacia puede actuar ante las condiciones propicias que ofrece la opinión pública democrática británica.

Parece evidente que el interés nacional argentino se verá fortalecido cuanto más se estrechen (en un marco donde por ahora sólo se puede estar de acuerdo en no estar de acuerdo) los vínculos bilaterales entre sectores dinámicos tanto de la política, como de la sociedad civil, con gran énfasis entre los que se puedan dar entre organizaciones juveniles. Como en toda diplomacia moderna, una cancillería que se expresa con claridad, no puede prescindir de la acción de actores no estatales para hacer avanzar su “caso” por la vía excluyente elegida por la Argentina democrática, que es la de la paz.

El viejo socialismo de la vieja Europa

El congreso del PSOE y el retroceso del reformismo europeo
El Estadista n° 51, 1° al 14 de marzo de 2012
por Gabriel Puricelli

Arrasado en las últimas elecciones por la derecha y la crisis económica, reducido a su menor presencia parlamentaria desde que España recuperó no la república, pero sí al menos la monarquía parlamentaria, el Partido Socialista Obrero Español, empezó su camino por el desierto opositor eligiendo un nuevo Secretario General. En una reñidísma pulseada, el cántabro Alfredo Pérez Rubalcaba le cerró el camino a la catalana Carme Chacón, dejando para otro día la consagración de la primera jefa mujer. Igual que hace 12 años, cuando los socialistas eligieran como líder al futuro Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, no fueron más que un puñado del millar de delegados los que hicieron la diferencia, alineándose detrás de personalidades y de afinidades generacionales, más que de plataformas programáticas.

El congreso dejó poco más que anécdotas y tendría poco interés detenerse en este como simple suceso. No carece de miga, sin embargo, si lo ponemos en el contexto más amplio del retroceso generalizado de las fuerzas que integran el Partido del Socialismo Europeo, que están en la oposición o son socios de coaliciones encabezadas por centristas o conservadores moderados en la mayoría de los países de la Unión Europea, o si lo situamos en el panorama histórico de la tramitación del fin del consenso socialdemócrata que forjó estados nacionales de bienestar.

En lo que hace a las perspectivas de volver pronto al poder en Madrid, el congreso no fue exactamente auspicioso: consagró líder máximo al timonel del más grande naufragio electoral del PSOE de nuestros días y consolidó emblocamientos que ya amenazan la unidad del partido en las cruciales elecciones autonómicas de Andalucía, una de las pocas comunidades autónomas que sigue en manos socialistas y cuyo Presidente, José Antonio Griñán, es a la vez también el Presidente (cargo honorífico, pero de indudable valor simbólico) del PSOE. La principal innovación organizativa que el congreso aprobó fue la realización de primarias para elegir el futuro candidato a la presidencia del gobierno. Se trata de una respuesta a la aceptación de que el vínculo del partido con la ciudadanía está cada día más debilitado. Se trata de la misma conclusión a la que llegaron, antes que el PSOE, sus primos franceses y la centroizquierda italiana, con resultados poco concluyentes hasta el momento.

En la perspectiva de largo plazo, no puede decirse que el congreso haya marcado un punto de inflexión, pero sí pueden extraerse de la ponencia marco que dio origen al documento final algunos conceptos que, de ser desarrollados y traducidos en práctica política, pueden tal vez ayudar a revertir el proceso de declinación relativa del socialismo en el continente europeo.

La historia de la izquierda reformista en Europa registra un hecho curioso que se presta a más de un malentendido. Lo que la literatura política diera en llamar el “consenso socialdemócrata”, coincide largamente con los “treinta gloriosos”, los años de crecimiento virtuoso del capitalismo con estado de bienestar que transcurrieron entre la capitulación de los nazis y la crisis del petróleo: fueron años en los que la izquierda, paradójicamente, sólo estuvo en el gobierno la mayor parte del tiempo en esa periferia próspera que empezaron a ser los países nórdicos y en la frontera sensible que era Austria. Ello quiere decir que el estado de bienestar se construyó, al sur de Dinamarca, bajo la guardia de democristianos, liberales y conservadores. Los socialdemócratas de Willy Brandt llegaron al gobierno por primera vez en 1968, y la ola socialista meridional de Mario Soares, François Mitterrand, Andreas Papandreu y Felipe González llegó al filo de los ´80, cuando ya había saltado al primer plano la cuestión de la crisis fiscal del estado y empezaba a emerger el consenso neoliberal. Los dos primeros años del gobierno socialista-comunista de Mitterrand y su Primer Ministro Pierre Mauroy cuentan como el último ensayo nacionalizante-socializante antes de que el neoliberalismo se hiciera sentido común. Aún así, el rojo de los partidos reformistas coloreó los países europeos y hasta la Comunidad Europea que devenía Unión, con Jacques Delors. Los éxitos electorales no sólo postergaron la obligación de hacer cuentas con una naciente hegemonía conceptual, sino que ayudaron a convertir a su causa, bajo el ropaje del pragmatismo, a varios de los jefes de gobierno socialistas, laboristas y socialdemócratas de fines de los ´90. Sumemos la creencia ingenua de que los ladrillos del muro de Berlín sólo caerían sobre los partidos comunistas y tenemos el material necesario para empezar a entender el desarme teórico del socialismo europeo.

Aún en esas condiciones, la adopción de una audaz agenda de valores le dio aire a experiencias muy avanzadas en el plano de los derechos y de la construcción de ciudadanía, entre las cuales el gobierno de Zapatero se destaca. La evidencia de que esa agenda no colma la carencia de un modelo sustentable de desarrollo con justicia social está reconocida en la ponencia marco del congreso del PSOE cuando admite que los gobiernos progresistas han vivido “en la contradicción permanente entre su discurso político y su acción económica” y se propone “articular una alternativa socialista creíble al modelo de sociedad y economía preponderantes durante las últimas décadas.” Tomando en cuenta (¡por fin!) que hay un problema subyacente que el socialismo no ha afrontado, el PSOE entiende que “en el origen de la crisis está un paradigma económico obsoleto que prima la especulación frente a la innovación y la sostenibilidad; un modelo social que prima las desigualdades frente a las oportunidades; y un modelo democrático que prima a las elites frente a las mayorías.” Una enmienda al documento congresual marca también una búsqueda: donde la dirección del partido postulaba como alternativa a la concepción de la derecha una “economía de la prosperidad”, los congresales prefirieron una más concreta “economía sostenible del bienestar”.

Puesto al lado de la inanición programática del reformismo italiano o la castración del socialismo griego, el PSOE se anima a escribir palabras cargadas de sentido. Al mismo tiempo, del otro lado de los Pirineos, François Hollande protagoniza un giro retórico hacia la izquierda, tratando de ganarle a algo más que a Sarkozy (y a Angela Merkel). Son signos que un optimismo de la voluntad ve gatear, aunque el pesimismo de la razón no deje de constatar el mayor olvido del reformismo europeo de hoy: la valoración de la salida islandesa de la crisis, con un repudio radical de las condiciones del capital financiero y con la consulta directa al pueblo marcando el rumbo de la Primera Ministra Jóhanna Sigurðardóttir. Del encuentro de la innovación conceptual que insinúa tímidamente el PSOE y de la audacia de las mejores prácticas de gobiernos como el islandés, tal vez pueda emerger la promesa movilizadora que hoy le está faltando a los socialistas del Viejo Continente.