Mercosur: la silla vacía del sospechoso de siempre

1 de julio de 2026

El cierre de la 68.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur en Asunción ofrece una radiografía extraordinariamente nítida de las contradicciones que anidan en el estado actual de la integración sudamericana. La capital paraguaya fue escenario de una marcada disociación: el bloque avanza por la inercia de sus compromisos técnicos e institucionales e impulsado por la realidad económica, mientras su superestructura política exhibe niveles inéditos de fragmentación, desinterés y desdén diplomático. El presidente paraguayo Santiago Peña ofició de anfitrión de un encuentro marcado por tensiones subyacentes y ausencias clamorosas.

La fotografía oficial de la cumbre ofrece un mapa político de la nueva y compleja realidad regional, muy alejada de cualquier monolitismo. El bloque es hoy un mosaico diverso y complejo donde conviven liderazgos muy disímiles. Por un lado, Luiz Inácio Lula da Silva aparece erigido, por el mero peso específico de Brasil, en el garante último de la continuidad del bloque. 

El debut de Yamandú Orsi, quien asumió en nombre de Uruguay la presidencia pro tempore aporta un complemento de ideas comunes, aunque sin resignar la pretensión de Montevideo de flexibilizar la unión aduanera para abrir nuevos mercados fuera de la región. A ellos se sumó el flamante mandatario boliviano Rodrigo Paz, cuya presencia sanciona la plena incorporación de su país al mercado común.

El cuadro se completó con la presencia de los estados asociados, representados por dos figuras que ilustran el giro de la región hacia la derecha: el ecuatoriano Daniel Noboa y el chileno José Antonio Kast. Con esta variopinta composición el Mercosur deja definitivamente de ser un club de afinidades ideológicas y se vuelve una arena de coexistencia, donde líderes políticos de signos opuestos se sientan a la mesa para gestionar un entramado comercial y económico interdependiente.

Faltazo y diplomacia de facción

En el lenguaje de la diplomacia, las ausencias suelen comunicar con mayor elocuencia y crudeza que los discursos oficiales. Fue precisamente una silla vacía la que acaparó las especulaciones en la capital guaraní. La decisión de Javier Milei de desertar de la cita constituye un nuevo y episodio de una política exterior regida por el faccionalismo ideológico antes que por la persecución del interés nacional.

El relato de la Casa Rosada intentó débilmente justificar un nuevo faltazo escudándose en la urgencia de la crisis doméstica desatada alrededor de la corrupción de Manuel Adorni. No obstante, la coartada apenas disimuló con desgano el verdadero mensaje del gobierno libertario. En las mismas horas durante las que sus pares se reunían, Milei optaba por recibir con honores en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro. Este gesto, de cara a las elecciones presidenciales que enfrentarán a Lula y la extrema derecha en octubre próximo, fue una nueva provocación gratuita, adobada con la sobreactuación a la que es adepto Milei.

Al privilegiar la construcción de una entelequia reaccionaria global por sobre la relación institucional con Brasil —el principal destino de las exportaciones industriales argentinas—, el gobierno perpetra otra abdicación de la diplomacia de Estado. La ausencia en Asunción es el síntoma de una concepción que entiende los foros multilaterales como plataformas que resultan estériles a menos que puedan ser vampirizadas para la llamada “batalla cultural”. Este autismo diplomático viene aislando cada vez más a la Argentina de los centros de toma de decisiones.

El florecer tardío del regionalismo abierto

A contramano de este ruido político, la agenda sustantiva demostró que la “sala de máquinas” del Mercosur sigue operando. El comunicado conjunto delineó un programa enfocado técnicamente en la facilitación del comercio, la modernización aduanera y la transformación digital. En materia de inserción global del bloque, se conmemoró el hito de la entrada en vigor provisional del pilar comercial del acuerdo con la Unión Europea, un tratado que ya comienza a alterar el perfil del intercambio bilateral. 

Paradójicamente, es ahora, en el clímax de la fragmentación política y de la balcanización ideológica, cuando el bloque parece estar cumpliendo finalmente con el mandato original del regionalismo abierto. Esa visión acuñada en los años noventa postulaba que la integración regional no debía construirse como una fortaleza amurallada para persistir en la vieja sustitución de importaciones, sino como un trampolín para la competitividad y el eslabonamiento con las entonces nacientes cadenas globales de valor. Durante tres décadas, la idea quedó sin concretarse. Hoy, la vigencia parcial del acuerdo con la UE, el relanzamiento de las negociaciones del Mercosur con Japón y la dinámica que imponen el comercio con China y las inversiones provenientes de esa potencia emergente son todos elementos delinean una apertura a contramano de la desaceleración decenal de la globalización.

En cualquier caso, la deserción de Argentina escamotea una discusión necesaria sobre el futuro de los sectores de mayor valor agregado del bloque. Los sectores menos competitivos de sus dos mayores economías enfrentan con incertidumbre un acuerdo con la UE que los sectores del extractivismo ven como una gran oportunidad. Es frente a esto que la fractura del eje Buenos Aires-Brasilia puede tener consecuencias indelebles. Dentro de los límites impuestos por ese acuerdo, los estados están llamados a sostener las respectivas industrias en su esfuerzo por adaptarse y competir. Mientras que Brasil parece preparado a proveer ese sostén, en Argentina campea un laissez-faire decimonónico que se solaza en ver como las importaciones de la UE le ponen el último clavo al féretro la industria nacional.

El giro securitario que le gusta a Washington

El envión comercial, sin embargo, no elimina los puntos de controversia. En un giro que refleja el signo de la época, la seguridad regional irrumpió en una agenda en la que habitualmente se trata más que nada de nomenclaturas arancelarias. Las intervenciones de Kast y Noboa introdujeron en el orden del día la cuestión del crimen organizado transnacional, que es tanto una realidad como un caballo de Troya de la estrategia de seguridad hemisférica de los EE.UU.

El mandatario chileno arguyó la vulnerabilidad del mayor proyecto de infraestructura del bloque, el Corredor Bioceánico. El eje Santiago-Quito expuso prioridades divergentes entre estos dos miembros asociados y los tres miembros plenos a través de cuyos territorios avanza la carretera multimodal: Brasil, Paraguay y Bolivia. Esta securitización que postulan los presidentes del Pacífico esconde mal el objetivo de empujar al bloque en dirección hacia la cooperación policial y en inteligencia con EE.UU. A tan sólo días de la decisión del gobierno de ese país de declarar organizaciones terroristas a dos bandas criminales originadas en Brasil, esos discursos presidenciales tienen poco de casuales.

La presidencia pro tempore semestral que hereda Yamandú Orsi tendrá como tareas mantener el envión aperturista —algo que es política de Estado para Montevideo— y desplegar dotes de orfebrería política para zurcir una diplomacia presidencial deshilachada.

El Mercosur que exhibió la cita paraguaya es una criatura institucional bifronte. Por un lado, el bloque ostenta herramientas técnicas sólidas, un tratado bi-regional en plena fase de despliegue y una resiliencia burocrática que todavía tiende puentes allí donde la política insiste en dinamitarlos. Por la otra, padece la afirmación de algunos de sus socios mayores en trincheras ideológicas que agregan tensiones en ese plano a las todavía mal resueltas en el plano primordial del Mercosur, que es el comercial.

El mercado común sobrevive, en buena medida, en piloto automático, pero ninguna entidad resiste eternamente el sabotaje de sus líderes. Si algunos rebajan la diplomacia a escaramuzas culturales, el bloque persistirá, a lo más, como un gigante con pies de barro: comercialmente abierto, pero incapaz de sostener a las industrias de Brasil y Argentina frente a la competitividad europea. Frente a este vínculo asimétrico con la UE, la acción o la inacción de los Estados será la diferencia entre fenecer destruyendo empleo o reconvertirse de manera socialmente provechosa.

El improbable renacimiento: la izquierda estadounidense acierta varios plenos

junio 25, 2026

Es una de esas ironías que la historia, en su paciente despliegue, reserva para recordarnos que los marcos analíticos con los que intentamos aprehender la realidad pueden estar, muchas veces, un paso detrás de los hechos. Mientras el socialismo democrático europeo se debate en una penumbra existencial, y se cuentan con menos que los dedos de una mano los gobiernos encabezados por partidos de esa familia, al otro lado del Atlántico, en el corazón mismo del imperio, está ocurriendo un renacimiento que hasta hace nada hubiéramos despachado como una quimera.

Los resultados de las recientes elecciones primarias que han sacudido la escena política estadounidense no son un accidente estadístico. Son la manifestación de un cambio profundo que está teniendo lugar dentro del Partido Demócrata. Lo que hemos presenciado no es meramente una victoria de candidatos progresistas sobre el aparato tradicional, sino la insinuación de una nueva correlación de fuerzas que amenaza la vigencia del consenso centrista que ha definido a ese partido desde la era Clinton.

A la victoria del socialista Zohran Mamdani en las elecciones de alcalde de la ciudad de Nueva York en noviembre pasado, se viene a sumar ahora la de la también socialista Janeese Lewis George en las primarias para la alcaldía de Washington D.C. En una ciudad abrumadoramente demócrata, donde los republicanos sólo compiten para guardar las formas, la ahora candidata tiene asegurada su elección. Aunque haya que volver a leerlo después de escribirlo, dentro de cinco meses tanto la capital financiera del mundo como la capital política de los EE.UU. tendrán jefes municipales socialistas.

En lo que ya se puede calificar de una modesta pero destacable ola, el 3 de junio fueron consagrados candidatos por el Partido Demócrata para las elecciones de medio término cuatro dirigentes apoyados por el senador independiente Bernie Sanders en Montana, California y Nueva Jersey. A esos triunfos del ala izquierda se sumaron esta semana tres candidatos a la Cámara de Representantes sostenidos por Mamdani en Nueva York. A la consagración de estas nuevas figuras para las elecciones nacionales hay que sumarle cinco (posiblemente seis) futuros miembros socialistas de la asamblea legislativa del estado de Nueva York que también ganaron sus primarias.


Este incipiente giro tiene artífices bien identificables. Desde su elección al Senado por su Vermont adoptivo, Sanders se ha proyectado como el patriarca de una nueva generación de activistas y ha logrado transformar lo que parecía una utopía en una hoja de ruta viable. Pero si Bernie ha sido el sembrador, las figuras de Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) y del ya mencionado Mamdani representan la cosecha. Que figuras como Claire Valdez y Darializa Ávila Chevalier vayan a representar a Nueva York en el Capitolio a partir del año que viene es algo que no puede explicarse sin la red de contrapoder que ellos han ayudado a tejer.

Estos resultados son la «prueba de vida» de una izquierda que ha dejado de ser un grupo de protesta ruidoso en la periferia para convertirse en un factor de poder con capacidad de veto y liderazgo. El Squad de Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, Ilhan Omar y AOC en el Capitolio sale fortalecido con estas nuevas incorporaciones y empieza a alterar la aritmética legislativa. Este grupo ya no busca apenas incidir en la agenda; busca dictar los tiempos y los temas del debate. La retórica del establishment ha colapsado: la descalificación de que la izquierda es piantavotos está siendo desmentida por los hechos.

Sin desmerecer el trabajo organizativo desde abajo, es necesario subrayar que un factor al menos igualmente decisivo, catalizador de estas victorias, es el ambiente de opinión pública que ha desatado definitivamente la guerra de elección trumpiana en Medio Oriente. Una mutación de la mirada del electorado demócrata hacia Israel que ya estaba en curso se ha acelerado al máximo desde el ataque estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero pasado. La evidencia es contundente. El apoyo bipartidario incondicional a Israel, otrora un dogma sagrado para las élites, se desploma entre la ciudadanía. Según los datos más recientes de Gallup el 65% de los demócratas simpatiza más con los palestinos, frente a un exiguo 17% que mantiene su simpatía por los israelíes. Este vuelco no es una anomalía, sino una tendencia estructural. A esto debemos sumar los informes del Pew Research Center, que señalan que el 83% de los votantes que se ubican a la izquierda en el espectro político tienen una visión desfavorable de Israel.

Benjamín Netanyahu, protagonista tácito de estas elecciones a muchos miles de kilómetros de la Tierra Prometida ha logrado lo que parecía imposible: arruinar la reputación del Estado de Israel ante la opinión pública estadounidense. La brutalidad de la campaña en Gaza —descrita por académicos como Omer Bartov como una dinámica genocida— ya había dejado una huella indeleble. Si a esto añadimos la impopular guerra contra Irán y su impacto económico deletéreo, la ecuación se completa: la aventura bélica, vista por la mayoría de los estadounidenses como una escalada innecesaria, ha terminado por fracturar la lealtad de sectores que, hasta hace poco, habrían votado por candidatos alineados con aquella incondicionalidad secular.

En estas elecciones, por el contrario, la inercia de aquella lealtad automática se ha vuelto un yunque colgado del cuello de los candidatos del establishment demócrata. Recibir o no dinero del Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC) fue un hecho que llevó a los electores a abrazar o descartar un candidato. Hasta uno progresista, aunque inconmoviblemente pro-israelí, como Adriano Espaillat, malogró su reelección por aceptar para su campaña 600.000 dólares de ese grupo de presión. Los millones inyectados en estas contiendas (a menudo utilizando pantallas legales), a diferencia del ciclo electoral de hace dos años, donde alcanzaron para eyectar de sus bancas a los miembros del Squad Jamaal Bowman y Cori Bush, fueron inocuos o contraproducentes esta vez.

Sin embargo, sería un error analítico atribuir este éxito únicamente a preferencias de política exterior. Lo que permitió que la izquierda prevaleciera frente a maquinarias electorales bien financiadas fue la disciplina en mantener el foco de las campaña en la asequibilidad y el costo de vida. Estos candidatos comprendieron que la indignación moral por sí sola no gana elecciones; la clave fue conectar las propuestas con la realidad doméstica. La “receta Mamdani”: centrar su discurso, de manera obsesiva y constante, en la crisis de la vivienda, el costo de los alimentos y la precariedad de los servicios públicos, logró transformar la angustia social en vector de una agenda política concreta. Aún en campañas donde se puede gastar dinero sin límite, una billetera abultada no garantiza la victoria cuando el desafiante logra evidenciar que el incumbente está ideológicamente desconectado de los intereses de quienes pretende representar.

Estos éxitos pueden ser poca cosa comparados con la toma del Palacio de Invierno o con las nacionalizaciones laboristas en el Reino Unido de posguerra, pero nos ponen ante un punto de inflexión que marca el fin de un aspecto de la excepcionalidad estadounidense: un sistema político sin izquierda. El mito de la infalibilidad de la política exterior imperial no sólo no ha podido ser resucitado por el guerrerismo de Trump, sino que yace enterrado más profundamente al atarse a las topadoras de Netanyahu. Mientras tanto, algo nuevo, aún incierto, pero innegablemente transformador amenaza con echar raíces. El descrédito de AIPAC puede ser una oportunidad para una relación bilateral que tenga en cuenta el bienestar de los israelíes y no se ocupe de sostener carreras políticas. La política puede volver a ocuparse de que la vida sea para algo más que trabajar. Y es precisamente en esas posibilidades inciertas donde reside, contra todo pronóstico previo, la esperanza.

La soberanía colombiana en juego en la segunda vuelta

17 de junio de 2026

La historia de las relaciones internacionales latinoamericanas siempre ha sido, en cierto modo, una crónica de la búsqueda de la autonomía frente a un centro de gravedad que no tolera los satélites oscilantes. Lo que estamos presenciando en vísperas de la segunda vuelta de la elección presidencial colombiana es una escenificación dramática de esa historia. La disputa que enfrenta al oficialista Iván Cepeda y al ultraderechista Abelardo De la Espriella puede ser vista como una contienda que opone la reafirmación soberana del país a una propuesta de capitulación estructural.

Cuando Donald Trump, desde la impunidad de su red Truth Social, se permitió anunciar a De la Espriella como su favorito en Colombia, no estaba simplemente «expresando una opinión». Estaba poniendo en práctica una forma de injerencia, un tipo de soberanía delegada que es la que vertebra la Doctrina “Donroe». Esta, a diferencia de la vieja Doctrina Monroe, ya no se viste de decoro diplomático ni manifiesta un respeto pro forma por el principio de autodeterminación. El presidente actúa así porque puede y porque ese candidato favorito está actuando conspicuamente de un modo que licúa el interés nacional de Colombia y lo vuelve un apéndice de la agenda doméstica de los socios de Trump en el sur de la Florida.

De la Espriella, lejos de ser una anomalía, es la encarnación perfecta de este nuevo paradigma. Su candidatura no es solo la de un abogado mediático que capitaliza el descontento; es la de un ciudadano estadounidense que, con la misma naturalidad con la que ejerce su derecho al voto en el distrito 27 de Florida —un bastión republicano representado en Washington por la congresista María Elvira Salazar—, aspira a gestionar los destinos de la nación colombiana. No es un detalle banal que se trate de la primera ocasión en la historia de Colombia que compite como candidato un titular de doble ciudadanía que figura inscrito como republicano en el padrón electoral de EE.UU. De la Espriella ha financiado al partido del elefante con donaciones de cerca de 100 mil dólares, acción que le ha valido una interlocución privilegiada, sin intermediarios, con Marco Rubio, actual Secretario de Estado. Cuando Salazar, con esa vehemencia que caracteriza al lobby cubano-estadounidense de Miami, bendice la candidatura de De la Espriella, no lo hace como una parlamentaria extranjera opinando sobre asuntos locales; lo hace como una accionista que protege una inversión. La relación es, en efecto, circular y cerrada: De la Espriella es el puente, pero también es el peón.

La vocación por servir a los EE.UU. es una inclinación que tiene hondas raíces en la política colombiana y una tradición que sólo se interrumpió nítidamente con la victoria electoral de Gustavo Petro en 2022. Esa orientación fundada en una incondicionalidad con pocos matices es conocida en la literatura de relaciones internacionales como Respice Polum, la locución latina que le pone nombre al principio de «mirar hacia el polo” del poder estadounidense. El curso así fijado de la política exterior colombiana llevó a un alineamiento irrestricto, que hizo que el país, por ejemplo, fuera el único de la región en enviar tropas a la Guerra de Corea. La búsqueda de un paraguas protector se tradujo durante décadas en una fidelidad incondicional, que tuvo su colofón en el Plan Colombia, una de las grandes iniciativas de la así llamada “guerra” de EE.UU. contra las drogas. Aún en su versión más pura, ese esquema nunca dejó de ser una relación de Estado a Estado, asimétrica, sí, pero institucionalizada.

Lo que propone De la Espriella hoy es la degradación de ese Respice Polum. Si antes el alineamiento era una estrategia deliberada de las élites locales para legitimar su poder doméstico mediante la validación externa, ahora se vislumbra como una absorción lisa y llana. La Doctrina “Donroe» es la actualización de este desdén por el ejercicio soberano: ya no se busca un aliado estratégico para un equilibrio global; se busca un gerente local que opere bajo las directrices del movimiento MAGA.

La intervención de Trump no es un tímido o velado apoyo, es una orden de mando. La legitimidad, en este nuevo esquema que se pretende imponer, ya no emana de las urnas en Bogotá, sino de la validación en Mar-a-Lago. No hay pudor porque, en la lógica trumpista, el mundo es un tablero de transacciones y Colombia, si llegara a quedar bajo el mando de una figura como De la Espriella, sería simplemente una pieza más que cambia de manos y ayuda a asegurar que los intereses estadounidenses en la región no sufran sobresaltos.

La relación de De la Espriella con Marco Rubio, confirmada por un encuentro privado entre los dos en enero de 2026, cierra el círculo de esta arquitectura. Rubio, el halcón por excelencia, cuando de América Latina se trata, ve en Colombia no un socio, sino un flanco. La estabilidad política de Colombia, bajo su lógica, se mide exclusivamente en términos de contención ideológica y control de la migración y de seguridad hemisférica. No hay espacio en esta visión para la autonomía de los países del continente ni para aspiraciones a una diplomacia multilateralista.

Mientras Iván Cepeda defiende los logros de la gestión saliente, que entrega una economía en crecimiento, con baja inflación y desempleo cada vez más controlado, el candidato de la extrema derecha hace campaña con la promesa de dolarizar la economía y de facilitar la apertura de cuentas bancarias en dólares en EE.UU. para «protegerse» de una situación local que pinta como imprevisible. La propuesta es casi paródica: la solución a la fragilidad del Estado-nación colombiano es la entrega de los bastiones de política económica a la jurisdicción estadounidense. Es el Respice Polum llevado a su expresión máxima: el «norte» ya no es solo una referencia geopolítica, es el dueño de la caja fuerte.

La elección presidencial de Colombia en 2026 no es un plebiscito sobre el modelo económico ni sobre los matices de la política pública; la radicalidad del planteo de De la Espriella la convierte en un referéndum sobre la continuidad misma del Estado colombiano como entidad soberana. Si el Respice Polum fue, en su momento, la forma que las élites colombianas eligieron para navegar el siglo XX y, sobre todo, la Guerra Fría, la apuesta redoblada por un alineamiento incondicional amenaza la condición independiente del país.

La radicalidad del planteo de la oposición no guarda simetría alguna con la política exterior que heredaría, de prevalecer en la elección, Iván Cepeda. La autonomía que cultivó Petro, una senda que el candidato actual del oficialista Pacto Histórico impulsa seguir transitando, no ha representado una ruptura ni un enfrentamiento con EE.UU. Sin embargo, con Washington erigiendo fronteras ideológicas en lo que cada vez menos desprejuiciadamente llama su patio trasero, esa política exterior colombiana es presentada como una amenaza. No basta con que Petro haya demostrado en su última visita a la Casa Blanca que no se engolosina con un antiimperialismo de púlpito, no es suficiente que enmiende rispideces retóricas preservando la dignidad nacional: sumisión es lo que se le exige y el abanderado de la oposición está dispuesto a ofrecerla.

Es por ello que cuando colombianas y colombianos vuelvan a acudir a las urnas el próximo domingo, no solo estarán eligiendo a Cepeda o a De la Espriella: estarán decidiendo si el país conserva un margen de maniobra propio o si, definitivamente, prefieren que sea gestionado como una sucursal, con las directrices dictadas por un post en una red social. Sin invasión, pero bajo un esquema que está vigente hace cuatro meses en la mitad venezolana de la antigua Gran Colombia. Para Washington la política hemisférica ya no es “exterior”: deja de reconocer fronteras y se involucra en campañas electorales ajenas promoviendo a los cultores de la aquiescencia. Bajo la Doctrina “Donroe”, cuando los progresistas latinoamericanos se enfrentan a la extrema derecha tienen enfrente no solo a adversarios domésticos legítimos, sino a un patrocinador extranjero que blande un garrote grande.

Brasil: Lula frente a la pinza de Trump y la resistencia bolsonarista

10 de junio de 2026

A menos de cuatro meses de volver a las urnas para definir su próximo presidente, la escena política brasileña está atravesada por continuidades densas y rupturas subterráneas. Quien busque un escenario de pacificación institucional tras el trauma del asalto a los tres poderes en 2023 se encontrará, en cambio, con una guerra de posiciones donde las trincheras se han cavado más hondo. Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a la última prueba de fuego de su longeva carrera política: demostrar que sigue siendo el único líder capaz de gestionar la complejidad brasileña o asistir al retorno de una extrema derecha que aprendió a sobrevivir —y a organizarse— sin depender de la presencia de Jair Bolsonaro en la boleta electoral.

La fotografía demoscópica de la actualidad refleja una polarización de carácter estructural. Los últimos datos de Datafolha le otorgan a Lula da Silva una intención de voto del 47% en una segunda vuelta, cuatro puntos porcentuales por encima de Flávio Bolsonaro. La extraordinaria resiliencia del líder del PT, electo presidente por primera vez hace 24 años, está apuntalada por el voto del nordeste y de los sectores populares en general.

Sin embargo, las encuestas advierten también que la ventaja del oficialismo se da en un contexto de altísima cristalización del voto, donde el margen de crecimiento es estrecho y el rechazo al gobierno se mantiene firme en torno al 40%. La certeza de que el antilulismo dispone de un piso electoral idéntico al que ostentaba en 2022 es uno de los datos duros de la elección en ciernes. Mientras el triunfo en la primera vuelta que se celebrará el 4 de octubre parece estar al alcance de la mano de Lula, evitar una segunda vuelta se presenta como una cima demasiado alta.

El balance de Lula III: las costuras de un modelo

Para comprender la paridad en el escenario actual, hay que pasar revista al balance de esta tercera gestión de Lula, signada por un pragmatismo obligado a convivir con restricciones severas, tanto internas (en primer lugar, la condición muy minoritaria del PT y de toda la izquierda en el Congreso) como globales.

En materia económica, bajo la conducción del ministro Fernando Haddad, Brasil ha sorteado los vaticinios más agoreros de la ortodoxia, logrando mantener el crecimiento del PIB en márgenes estables y la inflación controlada. La prudencia fiscal ha tranquilizado el ambiente de negocios, pero ha constituido un corset presupuestario que limitó la inversión pública expansiva que caracterizó a los primeros gobiernos de Lula. Hay crecimiento, pero no un boom del consumo como el de la primera década del siglo.

La política social, seguramente (otra vez, siempre) el rubro más destacado del gobierno petista, se centró en suturar las heridas más graves relanzando un Bolsa Família fortalecido e impulsando programas de vivienda popular. Con estas herramientas, el PT ha seguido mejorando paulatinamente la calidad de vida del subproletariado rural y urbano tradicional, aunque sin encontrar un lenguaje para interpelar a los trabajadores informales y de la economía de plataformas, sectores donde el relato del emprendedurismo y la teología de la prosperidad operan como un sentido común crecientemente difundido.

La proyección internacional de Brasil, en la que Lula ha invertido tanto desde la primera vez que llegó a la presidencia, durante el actual mandato logró devolver el país a su rol de promotor de la autonomía del Sur Global y de mediador indispensable en la transición climática. Sin embargo, con Donald Trump al mando en Washington, la colisión ha sido frontal. El fracaso de la diplomacia brasileña en Venezuela ha tenido en la invasión estadounidense a ese país (la primera contra un país de América del Sur) un colofón trágico. Las bases sudamericanas de la proyección global de Brasil se han revelado un fangal y la Doctrina Donroe pone al país en una inédita posición defensiva.

La persistencia bolsonarista y el temblor del Banco Master

Si alguien pensó que el bolsonarismo era un brote psicótico transitorio o que dependía tan sólo de la conexión umbilical con su líder, los hechos demuestran lo contrario: el fenómeno tiene raíces profundas y se apoya sólidamente en la amalgama del poder del agronegocio, el establishment de seguridad y el proselitismo de las denominaciones pentecostales lideradas por los pastores más acaudalados. Boi, bala e bíblia, comparten la B de un bloque social anudado por una ideología coherente, que interpela consistentemente a parte de las clases medias que ven con zozobra un progreso social de los sectores vulnerables que amenaza restarles distinción.

Esas sólidas bases, sin embargo, tiemblan ante el escenario electoral con el escándalo del Banco Master, a cuya quiebra escandalosa están asociadas figuras de la derecha, pero sobre todo, Flávio Bolsonaro, después de la exposición de sus intercambios con el detenido banquero Daniel Vorcaro. El Primer Hijo aparece coordinando un financiamiento de 27 millones de dólares para patrocinar Dark Horse, la biografía cinematográfica de Jair Bolsonaro.

El impacto de este escándalo está alterando la dinámica política. Por un lado, desacredita el relato de la pureza moral frente a la corrupción que se le endilga como inherente al PT. Por el otro puede, tal vez, abrir una brecha para que sectores del Centrão se tienten  de presentarse como alternativa de orden sin el lastre de la corrupción del clan carioca.

El factor Trump: geopolítica del terror, aranceles y soberanía

El elemento verdaderamente disruptivo de esta campaña es la Casa Blanca. El regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos ha reconfigurado los términos del debate político en toda América Latina, y Brasil es el teatro de operaciones principal de esa estrategia.

La reciente decisión de Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, de designar los grupos criminales Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas internacionales constituye una intervención directa en la política doméstica brasileña. La medida, tomada desoyendo las protestas formales y los argumentos jurídicos presentados por el gobierno de Lula, fue celebrada abiertamente por Flávio Bolsonaro como un resultado exitoso del pedido en ese sentido que él mismo hizo en su más reciente visita a Washington.

Esta decisión trumpiana tiene consecuencias en tres niveles: valida el relato de la derecha brasileña de que el gobierno del PT carece de control territorial o es cómplice de las facciones criminales; brinda apariencia legal a la injerencia en asuntos de otros estados, prohibida por el derecho internacional, y autoriza a las agencias de inteligencia estadounidenses a extender sus operaciones a territorio brasileño; y viene a complementar la punición arancelaria que Trump ha impuesto a exportaciones siderúrgicas y agrícolas brasileñas, buscando asfixiar la recaudación fiscal de Haddad e intentando forzar a Brasil a distanciarse de los BRICS.

La elección presidencial de Brasil no se limitará a optar entre la continuidad de un elenco gobernante o el regreso de la extrema derecha. Tres preguntas fundamentales que marcarán la fisonomía de América del Sur se pondrán a votación en octubre: ¿Resisten las fuerzas democráticas la presión de una extrema derecha transnacionalizada liderada desde Washington? ¿Tiene el estado brasileño la capacidad de sostener un modelo de desarrollo autónomo e integrado al Sur Global frente a la pinza de las presiones arancelarias y las lógicas punitivas de la «guerra contra el terrorismo» promovidas por EE.UU.? ¿Es posible suturar la fractura social de un país que goza de estabilidad macroeconómica pero que aún necesita tiempo para proteger establemente a las mayorías de la intemperie de la informalidad laboral y la violencia cotidiana?

Es indudable que el lulismo es eficaz administrando el gobierno y que constituye un dique de contención contra la deriva autoritaria, pero enfrenta serias dificultades para ofrecer un horizonte de transformación profunda a una sociedad recorrida por ansiedades de distinto tipo, desde la relacionada a la incertidumbre en la que viven los más vulnerables, hasta la percepción de amenaza por el lento ascenso de los de abajo entre cierta franja de la clase media. Brasil acude a las urnas con desafíos sociales a cuestas, pero sabiendo también que la opción electoral invita a decidir: o un ejercicio pleno de su soberanía nacional o la restauración de un orden conservador que lo prefiere satélite.

Por:Gabriel Puricelli Colombia: Cepeda defiende el balance prColombia: Cepeda defiende el balance progresista ante una oposición radicalizada

El balance del mandato de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia colombiana, es una de las principales materias de disputa en la elección presidencial que tendrá lugar este domingo 31 de mayo. Lo que el mandatario saliente planteó como un proyecto de transformación estructural llega a la recta final definido por una compleja combinación de aciertos macroeconómicos, una aguda crisis de seguridad en algunos territorios y viendo emerger el fenómeno político de una opción de extrema derecha encarnada por el abogado Abelardo de la Espriella. En este escenario, la continuidad del progresista Pacto Histórico, con el senador Iván Cepeda como abanderado, no está garantizada, como sí lo está, casi, la realización de un balotaje tres semanas después. Tendrá que superar a un desafiante que puede ser el verdugo de la derecha tradicional en la primera vuelta.

La gestión económica de Gustavo Petro desafió los pronósticos catastrofistas de la oposición, pero también evidenció las limitaciones estructurales del país. El comportamiento de las variables clave ofrece un panorama de estabilización inflacionaria y mejoras en el nivel de empleo acompañado de una severa vulnerabilidad fiscal. Tras el enfriamiento posterior al boom post pandemia, la economía colombiana mostró una moderada resiliencia al registrar un crecimiento del 2,6% del PIB en 2025, en aceleración respecto al relativo estancamiento de 2024.

El mayor éxito de la gestión económica de Petro radica en el control de la inflación. Después de heredar una inercia inflacionaria que alcanzó su pico en marzo de 2023 con un alarmante 13,3% anual, Colombia cerró 2025 con una inflación anual del 5,3%. El mercado de trabajo vio bajar la tasa de desempleo, que se ubicaba en el 10,6% al inicio del mandato, en agosto de 2022, al 8,2% a finales de 2025. Este dinamismo en la ocupación vino acompañado de una política agresiva de transferencias monetarias (como el programa Renta Ciudadana), que logró una reducción histórica de la pobreza de ingresos en el país.

No obstante, el impacto sobre la desigualdad estructural ha sido modesto. Petro logró revertir la tendencia a ensancharse de la brecha durante la gestión de su inmediato predecesor Iván Duque, pero no logró devolverlo a los niveles más bajos de la historia, que se registraron durante el segundo mandato del presidente centrista Juan Manuel Santos. Aunque se hayan registrado leves mejorías estadísticas, atribuibles a los subsidios directos, la profunda brecha entre la Colombia urbana y la rural permanece estancada.

El talón de Aquiles del balance económico del gobierno de izquierda es el déficit fiscal, que se ha ampliado hasta llegar a 6,4% del PIB en 2025 (un déficit primario de 3,5%). Quien sea que esté a cargo del próximo gobierno, heredará un margen de maniobra extremadamente reducido.

Como es de esperar en una país que convivió con un conflicto interno armado generalizado entre 1964 y 2016 y que no ha desterrado definitivamente la violencia, la ciudadanía colombiana va a juzgar a los candidatos por aquello que hayan hecho o están prometiendo hacer al respecto. En materia de seguridad el balance de la estrategia de “Paz Total” desplegada por Petro arroja un saldo mediocre. La ambiciosa estrategia de pacificación simultánea con múltiples actores armados terminó por atomizar el conflicto.

Por un lado, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sufrieron constantes suspensiones, derivadas de la renuencia de la guerrilla a abandonar el secuestro y las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita. Por otro lado, la fragmentación de las disidencias de las antiguas FARC (divididas entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia) convirtió los ceses al fuego bilaterales en ventanas de oportunidad para que estos grupos expandieran sus estructuras. Entre 2022 y 2025, organizaciones como la Segunda Marquetalia duplicaron su presencia en la Amazonía y los departamentos del litoral Pacífico.

Hay consenso entre parte de los analistas respecto de que el error fundamental de la “Paz Total” fue asumir que el conflicto seguía una lógica vertical de insurgencia contra el Estado. En la práctica, los territorios han vivido una guerra horizontal: enfrentamientos sanguinarios entre el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo por el control de las rutas de narcotráfico y los pasos fronterizos.

El ejemplo más dramático es la región del Catatumbo, donde el choque frontal entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC desató una crisis humanitaria sin precedentes recientes. Para comienzos de 2026, la cifra de desplazados y civiles confinados en esta zona fronteriza rozaba las 100.000 personas, lo que ha erosionado la credibilidad de la promesa de paz de Petro y ha alimentado un hondo resentimiento social en las periferias.

De esa frustración ciudadana se alimenta en parte el fenómeno político de Abelardo de la Espriella y su movimiento Defensores de la Patria. Conocido abogado penalista, lanzó una campaña con una estética y narrativa agresivamente demagógicas, distanciándose del lenguaje de los partidos tradicionales. Su programa político, bajo la insignia de “Patria Milagro”, es un popurrí de las ideas más extremas de la derecha radical contemporánea. Propone una política de seguridad de inspiración bukelista que es, en los hechos, una vuelta de rosca a la “Seguridad Democrática” de la presidencia de Álvaro Uribe. El restyling incluye un despliegue masivo de drones e inteligencia artificial con el que promete alcanzar control territorial pleno en 90 días, la construcción de 10 megacárceles de máxima seguridad y la reanudación inmediata de la fumigación aérea de cultivos ilícitos para erradicar las más de 330.000 hectáreas de coca del país. Todo ello, tras la adopción de la que jura que será su primera medida: la cancelación definitiva de todas las mesas de diálogo de la “Paz Total”.

En materia económica, De la Espriella opta por el menú paleolibertario: motosierra a ministerios y eliminación de entidades regulatorias, y una drástica reducción de impuestos a las empresas para supuestamente alcanzar un crecimiento del PIB del 7% anual.

El ascenso de la extrema derecha —que en los sondeos de mayo de 2026 ya supera el 30% de la intención de voto, entre cinco y diez puntos porcentuales detrás de Iván Cepeda— ha dinamitado la estrategia de la derecha tradicional. El Centro Democrático, partido fundado por Uribe, curiosamente había optado por un perfil moderado, a bastante distancia del talante de su fundador y del de Iván Duque, con una candidata mujer, Paloma Valencia, que se vio rápidamente relegada a un distante tercer lugar en las encuestas (apenas por encima del 10%).

La campaña presidencial del Pacto Histórico, frente a la pérdida de popularidad del planteo petrista de la “Paz Total”, también recalibró su discurso. Aunque se propone como un proyecto de profundización y defensa del legado de Petro, lo hace con un estilo propio que es más que un matiz. Frente a la retórica de mano dura y shock fiscal, Cepeda no se limita a resistir los ataques, sino que plantea una contraofensiva ideológica basada en lo que denomina las “Tres Revoluciones” (ética, socioeconómica y política).

Uno de sus ejes es preservar el legado social del gobierno saliente, para lo que promete la creación del “Banco del Pueblo” para otorgar créditos subsidiados y combatir el flagelo del «gota a gota» (los préstamos informales de los usureros con los que están endeudados millones de colombianos). El Pacto Histórico insiste con una transición energética sin extractivismo y la defensa de Colombia como una «potencia mundial de la vida», rechazando el regreso a las fumigaciones aéreas con glifosato y la reactivación desenfrenada del sector hidrocarburífero que propone su la oposición.

Otro eje es la difícil redefinición de la seguridad. Cepeda evita volver sobre la noción de “Paz Total” y se enfoca en golpear los nodos de lavado de activos y las estructuras financieras de los carteles en las grandes ciudades, más que en la persecución al campesino cultivador: en la búsqueda de una paz con justicia social. Defiende mantener abiertos los canales de negociación con el ELN y las disidencias de las FARC, pero endureciendo la postura estatal y garantizando con la fuerza el cese de hostilidades hacia la población civil.

Finalmente, Cepeda busca movilizar a la opinión pública alertando sobre los riesgos institucionales que representa el auge de la ultraderecha populista. La campaña del Pacto Histórico se esfuerza por emparentar a De la Espriella con Nayib Bukele o Javier Milei, advirtiendo que sus propuestas económicas y de seguridad terminarán por socavar la democracia colombiana, quebrar la división de poderes (por su intención de cerrar la Justicia Especial de Paz) y sumergir al país en un régimen autoritario. Al posicionarse como el candidato de la estabilidad institucional, los derechos humanos y la justicia social, busca no solo retener el voto progresista, sino atraer a sectores de centro y centroderecha que ven con temor la radicalización punitivista de la extrema derecha.

Las elecciones presidenciales de 2026 enfrentan a Colombia a profundas contradicciones. El balance de Gustavo Petro deja un país socialmente más consciente de su deuda de igualdad y económicamente estable, pero territorialmente fragmentado, fiscalmente estresado y fatigado por una violencia que sigue sin ser erradicada.

Las dudas de parte de la ciudadanía no han propiciado el regreso de las élites políticas tradicionales, sino que han pavimentado el camino para una extrema derecha disruptiva, punitiva e ideológica que promete orden a cualquier costo. El electorado acudirá a las urnas no solo para elegir un nuevo gobernante, sino para decidir si profundiza el trabajoso tránsito hacia una democracia más igualitaria o si abraza el experimento de un autoritarismo de mercado de consecuencias institucionales impredecibles.

La vertiginosa erosión de Rodrigo Paz en Bolivia

Bolivia atraviesa una crisis política y social aguda que rememora otras pasadas que se devoraron gobiernos. Apenas medio año después de la asunción de Rodrigo Paz Pereira como presidente, el paisaje que tiene enfrente es una intrincada red de protestas, bloqueos de carreteras y movilizaciones que amenazan la estabilidad de su gobierno. Lejos de responder a una lógica de oposición partidaria organizada o a los hilos de un único liderazgo indiscutido, las revueltas actuales reflejan un malestar horizontal, multiétnico y multisectorial. En ascuas está la mitad occidental del país, incluida La Paz, mientras que una apacible calma sigue imperando en el oriente.

El desencadenante directo de lo que empieza a parecerse a una insurrección popular fue la promulgación, el 10 de abril, de la ley 1.720 de reconversión de tierras. Presentada por el gobierno como una reforma de corte técnico destinada a modernizar el sector agrario, dinamizar el mercado de suelo y facilitar el acceso al crédito, la norma catalizó un descontento social que subía de temperatura sin alcanzar el hervor.

La ley autorizaba la reclasificación de la pequeña propiedad rural a la categoría de mediana propiedad. Lo que para los tecnócratas de La Paz era un avance que permitiría a los productores utilizar sus tierras como garantía prendaria ante el sistema financiero privado para obtener crédito, fue recibido como una amenaza existencial directa por los campesinos, que vieron puesta en riesgo la inembargabilidad que la Constitución consagra para la pequeña propiedad individual o comunitaria.

Los sindicatos agrarios y las comunidades originarias leyeron la medida como un mecanismo encubierto para propiciar el despojo legal de sus territorios colectivos (Tierras Comunitarias de Origen) en favor de la expansión del agronegocio y los fondos financieros. En lugar de evocar la modernización imaginada por sus promotores, la ley 1.720 evocó el fantasma de la ejecución bancaria y el desalojo, preocupación que se agravó ante la ausencia de un proceso de consulta previa, libre e informada, requisito constitucional para cualquier reforma que altere la gestión del territorio indígena y campesino.

La ley terminó siendo de las más efímeras que haya conocido Bolivia: el 13 de mayo, después de que ambas cámaras del Congreso volvieran sobre sus pasos, Paz promulgó su abrogación. La rapidez con la que se desdijo, sin embargo, no desactivó el conflicto, sino que evidenció la fragilidad del gobierno y atizó la manifestación de otros descontentos sectoriales.

La fisonomía de las protestas destaca por su heterogeneidad. No se trata de un bloque monolítico, sino de una confluencia de sectores con agendas disímiles que terminaron encontrando un enemigo común en la inacción gubernamental. Cada actor de este frente mayormente espontáneo de resistencia tiene su agenda.

Los sindicatos campesinos y organizaciones de las naciones originarias han hecho de la defensa del estatus jurídico de la tierra su bandera principal. Encararon semanas de marchas que recorrieron el país a pie, exigiendo la abrogación de la ley de la discordia. Sus exigencias primigenias, luego, dieron lugar al pedido de destitución de los ministros del área económica y la exigencia de que no se penalicen los bloqueos ni el derecho a la protesta.

La Central Obrera Boliviana (COB) amplió el conflicto mucho más allá del debate agrario. Su movilización denuncia el impacto en los trabajadores de la crisis económica actual, marcada por la escasez de combustibles y la pérdida de poder adquisitivo. La COB exige un plan de emergencia económica, control de precios de la canasta básica y un reajuste salarial urgente que compense la pérdida del poder adquisitivo.

El sector del transporte tuvo sus propias razones para protestar: afectados por filas interminables en las estaciones de servicio y por miles de vehículos inutilizados por la venta de combustibles contaminados, los transportistas urbanos e interdepartamentales paralizaron las principales arterias del país. Sus demandas son prácticas: la normalización en cantidad y con calidad asegurada del abastecimiento de hidrocarburos y la disminución de cargas impositivas. Su paro sectorial y las protestas agrarias simultáneas ahogaron las rutas comerciales del eje central del país, creando una incipiente crisis humanitaria al interrumpir los suministros de alimentos en las grandes ciudades.

La parálisis de Rodrigo Paz y el rápido desgaste institucional

La velocidad con la que se erosionó el capital político de Rodrigo Paz Pereira es sintomática de una incapacidad para interpretar la gramática social de Bolivia. Llegó a la presidencia con un discurso institucionalista, enfocado en el libre mercado y la restauración de las instituciones, pero rápidamente evidenció una notable miopía estratégica. En lugar de aplicar una estrategia de contención y resolver las demandas de manera temprana y mediante instancias de diálogo focalizadas, su gobierno optó por desmerecer las protestas, tildándolas de “reacciones políticas anacrónicas” o “sabotajes del ala radical”.

Al ignorar las alarmas en el sector campesino y subestimar el impacto de la escasez de combustibles en las ciudades, el gobierno permitió que conflictos de distinta naturaleza económica y geográfica fueran madurando en paralelo. Cuando el Ejecutivo finalmente reaccionó, ya era demasiado tarde: las agendas sectoriales se habían amalgamado en un petitorio nacional e intransigente. La falta de mayoría propia en la Asamblea Legislativa Plurinacional terminó de maniatar al presidente, evidenciando una preocupante incapacidad de reacción y negociación antes de que los distintos gremios se unieran en un solo bloque opositor en las calles.

Para entender el laberinto actual, es imprescindible contrastar la gestión de Paz con el modelo de gobernanza aplicado durante casi dos décadas por el Movimiento al Socialismo (MAS). Más allá de su predominio en las urnas durante dos décadas, el MAS puso en juego en la gestión su naturaleza de movimiento de movimientos y no de partido político tradicional. De allí nace una estrategia de coparticipación directa del poder, a través de un sistema de cuotas asignadas a los movimientos sociales. Esa institucionalización de los actores encapsuló el conflicto social dentro del propio aparato del Estado, permitiendo desactivar tensiones antes de que estallaran. El gobierno de Rodrigo Paz no les reservó a estos actores ningún espacio cerca del núcleo de decisiones, devolviéndolos a la intemperie institucional e incentivando la reactivación de la protesta callejera como única herramienta de interlocución con el poder político.

Este fenómeno de conflictividad horizontal y bloqueos masivos no es nuevo; representa, de hecho, el retorno al patrón de comportamiento político que caracterizó a Bolivia entre 2000 y 2005, el turbulento período previo a la primera llegada de Evo Morales a la presidencia. Los paralelismos con el pasado reciente son alarmantes. La espiral de reclamos se ha ido enhebrando de modo inquietantemente similar a lo que pasó durante las llamadas “guerras” del agua (en 2000) y del gas (en 2003).

La dimensión internacional: Washington, la OEA y el factor argentino

Con Donald Trump y Marco Rubio a cargo de la política exterior de Estados Unidos, no pasó mucho tiempo hasta que ese país se pronunció sobre este conflicto doméstico, intentando transformarlo en un tablero de disputas políticas hemisféricas. El propio gobierno de Paz ha escalado su retórica y el ámbito de resolución del conflicto a la arena hemisférica, con el canciller Fernando Aramayo solicitando formalmente la asistencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Esta decisión vierte gasolina adicional en el fuego de las protestas. Para los sectores movilizados, la intervención de la OEA evoca de inmediato el oscuro rol que desempeñó la organización bajo la gestión de su entonces secretario general, Luis Almagro, en 2019, cuando sus cuestionados informes de auditoría electoral catalizaron el pronunciamiento militar que forzó la renuncia de Evo Morales. El pedido de Aramayo es leído por los manifestantes no como una búsqueda de mediación neutral, sino como un llamado al tutelaje extranjero. Es en esa clave, más que en las pretextadas razones humanitarias, que hay que entender el envío de alimentos realizado por el gobierno argentino de Javier Milei.

El gobierno de Rodrigo Paz ha dejado que le cuenten tempranamente las costillas. Exhibe hoy la debilidad de los ejecutivos aislados, que ceden ante la calle pero no logran desactivar el descontento de fondo. El vertiginoso desgaste de su figura en apenas seis meses de gestión evidencia que los mecanismos tradicionales de representación política no alcanzan para contener. Si no logra construir puentes orgánicos con el mundo sindical y campesino, y termina delegando la resolución de su crisis interna en actores extranacionales, el país corre el riesgo de ingresar en un bucle de ingobernabilidad crónica. En Bolivia, el tiempo político no se mide en los relojes de los palacios gubernamentales, sino en la resistencia de los puntos de bloqueo que estrangulan sus carreteras.

Movilización Progresista Global: la paz como condición del bienestar

“¡Qué frágil y precaria es la paz en la sociedad actual con los gobiernos de hoy!” La Movilización Progresista Global que se lanzó en Barcelona el 16 y 17 de abril pudo haber sido presidida por la exclamación de Jean Jaurès en el discurso que publicó en 1905 en L’Humanité después de que le impidieran entrar en Alemania para darlo en Berlín. La cuestión de la guerra, que tan profundas divisiones causó en la izquierda en todos los rincones del planeta a partir de 1914, esta vez suscitó la necesidad de volver a unirla con todos sus muy distintos colores e intensidades. A partir de la convocatoria del Partido del Socialismo Europeo (PSE) y con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez como enérgico anfitrión, el progresismo finalmente protagoniza un evento que le planta cara a la internacional negra de Donald Trump y sus acólitos.

El PSE que lidera el exprimer ministro socialdemócrata sueco Stefan Löfven logró reunir no sólo a la familia de la Segunda Internacional, hoy dividida entre la Internacional Socialista y la Alianza Progresista, sino al progresismo latinoamericano que se referencia en otro viejo obrero metalúrgico (como Löfven), Lula Da Silva, a los demócratas estadounidenses y grandes partidos de la oleada descolonizadora de posguerra en el sur del mundo, como el Partido del Congreso indio y el Congreso Nacional Africano.

Lejos de la parsimonia rutinaria de otros encuentros, en Barcelona hubo asistencia perfecta del progresismo realmente existente, el que gobierna y el que pretende gobernar, y hubo una exhortación potente y audible que Sánchez puso en palabras: “¡A partir de hoy la vergüenza cambia de bando y lo va a hacer para siempre!”. Bajo esa consigna, el encuentro se propuso plantarle cara a la extrema derecha y también a las derechas tradicionales que van cayendo bajo su influjo. Una de las líderes presentes, la italiana Elly Schlein, viene abogando hace tiempo por “no dejarle el internacionalismo a los nacionalistas”. Desde Barcelona partió con fuerza una iniciativa que empieza a contrastar la hiperactividad que desde hace un lustro monopolizan la Conferencia de Acción Política Conservadora, nacida en Estados Unidos, y el Foro de Madrid, motorizado por los ultramontanos españoles de Vox.

Una agenda pacifista y de reafirmación del derecho internacional va hoy de la mano con una de revitalización de los estados de bienestar y en pro de la justicia tributaria global. En la coyuntura actual, la guerra viene a demandar recursos fiscales que se restan de los fondos para la política social, el cuidado, la educación, la cultura y la ciencia.

Aunque Sánchez brilló como anfitrión, el protagonismo fue colectivo. El equilibrio entre voces del norte y del sur del mundo garantizó el compromiso de figuras como Claudia Sheinbaum, que dejó atrás el aislacionismo en el que se sentía cómodo AMLO. Para Lula, con un liderazgo regional dañado tras el zarpazo trumpiano a Venezuela, Barcelona fue una ocasión para reverdecer su estatura global, apuntalado por la presencia del colombiano Gustavo Petro, el uruguayo Yamandú Orsi y el chileno Gabriel Boric. La familia progresista también acogió y ofreció destaque al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien la ocasión también le sirvió para proyectarse hacia una liga internacional de máxima relevancia.

El mundo de la prepotencia sin orden que llega a su paroxismo con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es la realidad contra la que se recorta el proceso que la reunión activó. Contrariamente a la primera guerra mundial que provocó uno de los grandes cismas históricos de la izquierda, entre quienes permanecieron inconmoviblemente pacifistas y quienes se sumaron al esfuerzo bélico de sus países, la guerra de elección de Trump encuentra a todos los progresistas en el mismo campo. Con Sánchez como portaestandarte en Europa, despunta un movimiento por la paz que el progresismo puede abrazar sin dejarse resquebrajar por las tensiones que lo dividieron cada vez que tronaron las armas, fuera en Afganistán o en Sarajevo.

Una agenda pacifista y de reafirmación del derecho internacional va hoy de la mano con una de revitalización de los estados de bienestar y en pro de la justicia tributaria global. El pacifismo nunca fue una forma de idealismo. En la formulación del pionero del socialismo francés, solamente “en paz el crecimiento de la democracia y el socialismo es seguro”. En la coyuntura actual, la guerra viene a demandar recursos fiscales que se restan de los fondos para la política social, el cuidado, la educación, la cultura y la ciencia. Los conservadores, en la voz del canciller alemán Friedrich Merz, ya han sido explícitos en su planteo de que el esfuerzo de defensa europeo que requiere la guerra en Ucrania y la retirada del paraguas defensivo estadounidense no puede llevarse a cabo sin recortar en esas áreas.

La erosión de la legitimidad democrática y la emergencia de las extremas derechas está estrechamente asociada al deterioro de la política social y a un ascensor social que ya lleva décadas fuera de servicio. La guerra le provee a la derecha el pretexto para profundizar recortes que refuerzan un círculo vicioso. En la base de las demandas en las que se embandera el discurso de las derechas radicales hay un chauvinismo del bienestar, que pretende negarle a los inmigrantes el acceso a beneficios (que éstos empiezan a pagar en forma de IVA apenas llegan a sus países de acogida). A poco de andar, ese chauvinismo aúpa al poder a fuerzas que terminan négandole derechos a todos, sin distinguir estatus migratorio.

La cuestión de la paz, tal como fue declinada en los discursos en Barcelona, está atada a la cuestión de la justicia social. La presidenta mexicana citó una máxima de Benito Juárez, de quien subrayó su condición de indígena zapoteco: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Es decir, la paz tiene una dimensión internacional, pero también doméstica y su precondición es el reconocimiento de la dignidad de los estados y de las personas. Lula lo dijo haciendo una pregunta nada retórica: “¿El pobre va a pagar por la irresponsabilidad de la guerras?”

La reunión de Barcelona planteó cosas que requieren reunir una masa crítica imponente para ser llevadas a la práctica. En ese sentido, la presencia de Tim Walz, candidato derrotado a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, muestra un compromiso de esa organización, una gran carpa donde muchos progresistas conviven con muchos liberal-conservadores, que es altamente inusual. Más que la presencia por videoconferencia del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani y del senador socialista Bernie Sanders, hecho esperable y natural en una convocatoria de la izquierda democrática, que una figura del mainstream partidario como el todavía gobernador de Minnesota estuviera presente puede marcar un hito de acumulación de fuerzas. La crítica de la guerra, con esas espaldas, puede estar más cerca de transformarse a mediano plazo en un veto efectivo a las aventuras bélicas.

Para la crónica argentina del evento vale anotar que además de Kicillof, estuvo en Barcelona Esteban Paulón, coordinador de la Alianza Progresista de las Américas y, como tal, integrante del núcleo organizador de la Movilización Progresista Global. Como es notorio, se trata de figuras que representan espacios que no están unidos por una alianza común en el país. Queda abierta la pregunta de cómo podría traducirse al argentino la propuesta y el impulso que provienen de Barcelona.

En la era más reciente de la globalización, las grandes movilizaciones globales en pro de una agenda pacifista, transformadora, ambientalista, feminista habían tenido su origen en la sociedad civil. Con antecedentes como el movimiento contra la guerra de Vietnam o las protestas contra los misiles estadounidenses en Europa, el último movimiento a escala planetaria se había condensado, después de las “batallas” de Seattle, Quebec y Génova, en el Foro Social Mundial, durante la primera década de este siglo. Esta vez son los partidos progresistas los que lanzan el desafío. Queda por verse si se trata de un brote episódico de internacionalismo o si, volviendo siempre a Jaurès, el progresismo recupera «el coraje de actuar y entregarse a las grandes causas sin saber qué recompensa reserva a nuestro esfuerzo el universo profundo, ni si le reserva una recompensa».

Publicado originalmente en la web de noticias y análisis 4 Palabras.

Maduro y parte de la oposición venezolana, de nuevo cara a cara

Diálogo en México, apatía en Venezuela

En El Tribuno, Salta, 18 de septiembre de 2021

Por Gabriel Puricelli

Con la duda acerca de cuánta vocación tienen las partes de alcanzar algún acuerdo, el 13 de agosto se abrieron en México negociaciones sobre el futuro de Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro y el sector de la oposición que encabeza quien fuera proclamado "presidente encargado" por la Asamblea Nacional cuyo mandato caducó en 2020, Juan Guaidó. Las posiciones de máxima con las que llegan son el levantamiento de todas las sanciones económicas internacionales y la realización de nuevas elecciones presidenciales sin proscripciones y con observadores internacionales, respectivamente.

No es la primera vez que ambos sectores sostienen un diálogo, pero las rondas anteriores, siempre con el rol facilitador de Noruega, se interrumpieron sin alcanzar resultados. Sin embargo, los cambios que han ocurrido en Venezuela y en el mundo desde la última vez que ambos bandos se vieron las caras hacen poco prudente anticipar que se vaya a repetir el fracaso.

Consultada para este artículo, Marisela Betancourt, politóloga de la Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela), sostiene que estamos ante el reinicio de "un viejo diálogo frente a un nuevo país".
Para la analista, hay un contraste marcado entre las condiciones en las que se dio el diálogo en República Dominicana en 2018 y las que rodean el que está empezando este año. Betancourt describe la Venezuela de hace tres años como "un país muy polarizado, con una oposición muy activa fortalecida por un año previo de mucha violencia política, durante el que ocurrieron las últimas protestas callejeras masivas hasta la fecha y que se hallaba en el pico del éxodo migratorio".

Frente a ese contrincante empoderado, el chavismo eligió levantarse de la mesa y apuntar al corazón de su debilidad: la fragmentación interna y la falta de criterio común sobre la participación electoral.
Por ello pateó el tablero de la negociación y llamó a elecciones anticipadas, en las que su único adversario real terminó siendo una abstención, que se revelaría impotente.

Betancourt describe la Venezuela de 2021 como un país que se comporta muy distinto: "Una sociedad pasiva, despolitizada, frustrada, volcada hacia la supervivencia, donde el 54% (según una encuesta de Datanálisis) percibe una mejora relativa de la calidad de vida respecto de 2018 y donde baja la polarización porque la gente ha tenido que coexistir para sobrevivir a la penuria económica".

Entretanto, la división de una oposición que solo pudo derrotar al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con la unidad más amplia, se ha consolidado. Así, Maduro ha podido tener negociaciones parciales que le han permitido remendar su maltrecha legitimidad. Por un lado, acordó con la Alianza Democrática, minoría en la Asamblea Nacional electa en 2020 con la participación de solo una franja de la oposición, una nueva composición del Consejo Nacional Electoral. El chavismo retiene una mayoría de tres, pero incorpora a dos miembros de reconocido perfil opositor. Por el otro, acordó con su adversario en las elecciones de 2015, Henrique Capriles, la liberación de 50 presos políticos y el cese de la persecución contra 60 opositores. Con esta última concesión se aseguró de que Capriles se sumara al cada vez más amplio campo de los opositores, que se niegan a reincidir en la táctica de la abstención y anunciará su participación en las elecciones regionales y locales que deben tener lugar en noviembre próximo.

Ahora bien, también hay fisuras en el PSUV. En efecto, el 8 de agosto se celebraron elecciones primarias para seleccionar los candidatos del partido en el poder para las elecciones del 21 de noviembre y hubo un enfrentamiento en todos los niveles entre los candidatos apoyados por Maduro y los sostenidos por Diosdado Cabello. Aunque prevalecieron los del bando madurista, los seguidores de Cabello cuestionaron la validez de los resultados en varios estados, echando sombra sobre el éxito relativo de una votación que convocó a tres millones y medio de ciudadanos. El retroceso electoral del expresidente de la Asamblea Nacional sucede a un debilitamiento de sus apoyos entre los militares, uno de los pilares del régimen autoritario del cual Cabello fue cabeza visible desde la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013. Su ocaso relativo puede ser un factor que facilite acuerdos en México.

Otro elemento de la coyuntura actual sobrevuela el reinicio de esta vieja negociación: los bandos que negocian en México llegan igualmente desvalidos en cuanto a apoyo popular en Venezuela. Según una encuesta de la firma Datincorp de principios de agosto, 63% de los venezolanos se declara "nada satisfechos" con el desempeño de Maduro y 77% dice lo mismo del accionar de Guaidó. Con esos números a la vista, sorprende poco que la politóloga Betancourt describa como apática la reacción de los venezolanos de a pie a la noticia del reinicio del diálogo.

El último factor a mencionar es el cambio de gobierno en EEUU. Como dijimos al principio, Maduro pretende que el diálogo resulte en el levantamiento de las sanciones internacionales, las más gravosas de las cuales son medidas unilaterales estadounidenses. Aunque (con un ojo en el exilio venezolano en Florida) Biden no quiere ser visto como blando con Maduro, su preferencia sería disminuir la tensión con Venezuela y solo alguna mejora en la situación de derechos humanos allí y un enderezamiento de las reglas electorales le permitiría relajar las sanciones sin pagar costos domésticos.

El presidente del gobierno italiano, Giulio Andreotti, supo decir que el poder desgasta al que no lo tiene. Las condiciones en que se sientan los de Maduro y los de Guaidó a la mesa tendida en México parecen adecuarse a esa máxima. Está por verse si Maduro se convence de que la preservación parcial de ese poder hoy pasa por aceptar un paulatino retorno a la democracia.