Por:Gabriel Puricelli Colombia: Cepeda defiende el balance prColombia: Cepeda defiende el balance progresista ante una oposición radicalizada

El balance del mandato de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia colombiana, es una de las principales materias de disputa en la elección presidencial que tendrá lugar este domingo 31 de mayo. Lo que el mandatario saliente planteó como un proyecto de transformación estructural llega a la recta final definido por una compleja combinación de aciertos macroeconómicos, una aguda crisis de seguridad en algunos territorios y viendo emerger el fenómeno político de una opción de extrema derecha encarnada por el abogado Abelardo de la Espriella. En este escenario, la continuidad del progresista Pacto Histórico, con el senador Iván Cepeda como abanderado, no está garantizada, como sí lo está, casi, la realización de un balotaje tres semanas después. Tendrá que superar a un desafiante que puede ser el verdugo de la derecha tradicional en la primera vuelta.

La gestión económica de Gustavo Petro desafió los pronósticos catastrofistas de la oposición, pero también evidenció las limitaciones estructurales del país. El comportamiento de las variables clave ofrece un panorama de estabilización inflacionaria y mejoras en el nivel de empleo acompañado de una severa vulnerabilidad fiscal. Tras el enfriamiento posterior al boom post pandemia, la economía colombiana mostró una moderada resiliencia al registrar un crecimiento del 2,6% del PIB en 2025, en aceleración respecto al relativo estancamiento de 2024.

El mayor éxito de la gestión económica de Petro radica en el control de la inflación. Después de heredar una inercia inflacionaria que alcanzó su pico en marzo de 2023 con un alarmante 13,3% anual, Colombia cerró 2025 con una inflación anual del 5,3%. El mercado de trabajo vio bajar la tasa de desempleo, que se ubicaba en el 10,6% al inicio del mandato, en agosto de 2022, al 8,2% a finales de 2025. Este dinamismo en la ocupación vino acompañado de una política agresiva de transferencias monetarias (como el programa Renta Ciudadana), que logró una reducción histórica de la pobreza de ingresos en el país.

No obstante, el impacto sobre la desigualdad estructural ha sido modesto. Petro logró revertir la tendencia a ensancharse de la brecha durante la gestión de su inmediato predecesor Iván Duque, pero no logró devolverlo a los niveles más bajos de la historia, que se registraron durante el segundo mandato del presidente centrista Juan Manuel Santos. Aunque se hayan registrado leves mejorías estadísticas, atribuibles a los subsidios directos, la profunda brecha entre la Colombia urbana y la rural permanece estancada.

El talón de Aquiles del balance económico del gobierno de izquierda es el déficit fiscal, que se ha ampliado hasta llegar a 6,4% del PIB en 2025 (un déficit primario de 3,5%). Quien sea que esté a cargo del próximo gobierno, heredará un margen de maniobra extremadamente reducido.

Como es de esperar en una país que convivió con un conflicto interno armado generalizado entre 1964 y 2016 y que no ha desterrado definitivamente la violencia, la ciudadanía colombiana va a juzgar a los candidatos por aquello que hayan hecho o están prometiendo hacer al respecto. En materia de seguridad el balance de la estrategia de “Paz Total” desplegada por Petro arroja un saldo mediocre. La ambiciosa estrategia de pacificación simultánea con múltiples actores armados terminó por atomizar el conflicto.

Por un lado, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sufrieron constantes suspensiones, derivadas de la renuencia de la guerrilla a abandonar el secuestro y las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita. Por otro lado, la fragmentación de las disidencias de las antiguas FARC (divididas entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia) convirtió los ceses al fuego bilaterales en ventanas de oportunidad para que estos grupos expandieran sus estructuras. Entre 2022 y 2025, organizaciones como la Segunda Marquetalia duplicaron su presencia en la Amazonía y los departamentos del litoral Pacífico.

Hay consenso entre parte de los analistas respecto de que el error fundamental de la “Paz Total” fue asumir que el conflicto seguía una lógica vertical de insurgencia contra el Estado. En la práctica, los territorios han vivido una guerra horizontal: enfrentamientos sanguinarios entre el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo por el control de las rutas de narcotráfico y los pasos fronterizos.

El ejemplo más dramático es la región del Catatumbo, donde el choque frontal entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC desató una crisis humanitaria sin precedentes recientes. Para comienzos de 2026, la cifra de desplazados y civiles confinados en esta zona fronteriza rozaba las 100.000 personas, lo que ha erosionado la credibilidad de la promesa de paz de Petro y ha alimentado un hondo resentimiento social en las periferias.

De esa frustración ciudadana se alimenta en parte el fenómeno político de Abelardo de la Espriella y su movimiento Defensores de la Patria. Conocido abogado penalista, lanzó una campaña con una estética y narrativa agresivamente demagógicas, distanciándose del lenguaje de los partidos tradicionales. Su programa político, bajo la insignia de “Patria Milagro”, es un popurrí de las ideas más extremas de la derecha radical contemporánea. Propone una política de seguridad de inspiración bukelista que es, en los hechos, una vuelta de rosca a la “Seguridad Democrática” de la presidencia de Álvaro Uribe. El restyling incluye un despliegue masivo de drones e inteligencia artificial con el que promete alcanzar control territorial pleno en 90 días, la construcción de 10 megacárceles de máxima seguridad y la reanudación inmediata de la fumigación aérea de cultivos ilícitos para erradicar las más de 330.000 hectáreas de coca del país. Todo ello, tras la adopción de la que jura que será su primera medida: la cancelación definitiva de todas las mesas de diálogo de la “Paz Total”.

En materia económica, De la Espriella opta por el menú paleolibertario: motosierra a ministerios y eliminación de entidades regulatorias, y una drástica reducción de impuestos a las empresas para supuestamente alcanzar un crecimiento del PIB del 7% anual.

El ascenso de la extrema derecha —que en los sondeos de mayo de 2026 ya supera el 30% de la intención de voto, entre cinco y diez puntos porcentuales detrás de Iván Cepeda— ha dinamitado la estrategia de la derecha tradicional. El Centro Democrático, partido fundado por Uribe, curiosamente había optado por un perfil moderado, a bastante distancia del talante de su fundador y del de Iván Duque, con una candidata mujer, Paloma Valencia, que se vio rápidamente relegada a un distante tercer lugar en las encuestas (apenas por encima del 10%).

La campaña presidencial del Pacto Histórico, frente a la pérdida de popularidad del planteo petrista de la “Paz Total”, también recalibró su discurso. Aunque se propone como un proyecto de profundización y defensa del legado de Petro, lo hace con un estilo propio que es más que un matiz. Frente a la retórica de mano dura y shock fiscal, Cepeda no se limita a resistir los ataques, sino que plantea una contraofensiva ideológica basada en lo que denomina las “Tres Revoluciones” (ética, socioeconómica y política).

Uno de sus ejes es preservar el legado social del gobierno saliente, para lo que promete la creación del “Banco del Pueblo” para otorgar créditos subsidiados y combatir el flagelo del «gota a gota» (los préstamos informales de los usureros con los que están endeudados millones de colombianos). El Pacto Histórico insiste con una transición energética sin extractivismo y la defensa de Colombia como una «potencia mundial de la vida», rechazando el regreso a las fumigaciones aéreas con glifosato y la reactivación desenfrenada del sector hidrocarburífero que propone su la oposición.

Otro eje es la difícil redefinición de la seguridad. Cepeda evita volver sobre la noción de “Paz Total” y se enfoca en golpear los nodos de lavado de activos y las estructuras financieras de los carteles en las grandes ciudades, más que en la persecución al campesino cultivador: en la búsqueda de una paz con justicia social. Defiende mantener abiertos los canales de negociación con el ELN y las disidencias de las FARC, pero endureciendo la postura estatal y garantizando con la fuerza el cese de hostilidades hacia la población civil.

Finalmente, Cepeda busca movilizar a la opinión pública alertando sobre los riesgos institucionales que representa el auge de la ultraderecha populista. La campaña del Pacto Histórico se esfuerza por emparentar a De la Espriella con Nayib Bukele o Javier Milei, advirtiendo que sus propuestas económicas y de seguridad terminarán por socavar la democracia colombiana, quebrar la división de poderes (por su intención de cerrar la Justicia Especial de Paz) y sumergir al país en un régimen autoritario. Al posicionarse como el candidato de la estabilidad institucional, los derechos humanos y la justicia social, busca no solo retener el voto progresista, sino atraer a sectores de centro y centroderecha que ven con temor la radicalización punitivista de la extrema derecha.

Las elecciones presidenciales de 2026 enfrentan a Colombia a profundas contradicciones. El balance de Gustavo Petro deja un país socialmente más consciente de su deuda de igualdad y económicamente estable, pero territorialmente fragmentado, fiscalmente estresado y fatigado por una violencia que sigue sin ser erradicada.

Las dudas de parte de la ciudadanía no han propiciado el regreso de las élites políticas tradicionales, sino que han pavimentado el camino para una extrema derecha disruptiva, punitiva e ideológica que promete orden a cualquier costo. El electorado acudirá a las urnas no solo para elegir un nuevo gobernante, sino para decidir si profundiza el trabajoso tránsito hacia una democracia más igualitaria o si abraza el experimento de un autoritarismo de mercado de consecuencias institucionales impredecibles.

La vertiginosa erosión de Rodrigo Paz en Bolivia

Bolivia atraviesa una crisis política y social aguda que rememora otras pasadas que se devoraron gobiernos. Apenas medio año después de la asunción de Rodrigo Paz Pereira como presidente, el paisaje que tiene enfrente es una intrincada red de protestas, bloqueos de carreteras y movilizaciones que amenazan la estabilidad de su gobierno. Lejos de responder a una lógica de oposición partidaria organizada o a los hilos de un único liderazgo indiscutido, las revueltas actuales reflejan un malestar horizontal, multiétnico y multisectorial. En ascuas está la mitad occidental del país, incluida La Paz, mientras que una apacible calma sigue imperando en el oriente.

El desencadenante directo de lo que empieza a parecerse a una insurrección popular fue la promulgación, el 10 de abril, de la ley 1.720 de reconversión de tierras. Presentada por el gobierno como una reforma de corte técnico destinada a modernizar el sector agrario, dinamizar el mercado de suelo y facilitar el acceso al crédito, la norma catalizó un descontento social que subía de temperatura sin alcanzar el hervor.

La ley autorizaba la reclasificación de la pequeña propiedad rural a la categoría de mediana propiedad. Lo que para los tecnócratas de La Paz era un avance que permitiría a los productores utilizar sus tierras como garantía prendaria ante el sistema financiero privado para obtener crédito, fue recibido como una amenaza existencial directa por los campesinos, que vieron puesta en riesgo la inembargabilidad que la Constitución consagra para la pequeña propiedad individual o comunitaria.

Los sindicatos agrarios y las comunidades originarias leyeron la medida como un mecanismo encubierto para propiciar el despojo legal de sus territorios colectivos (Tierras Comunitarias de Origen) en favor de la expansión del agronegocio y los fondos financieros. En lugar de evocar la modernización imaginada por sus promotores, la ley 1.720 evocó el fantasma de la ejecución bancaria y el desalojo, preocupación que se agravó ante la ausencia de un proceso de consulta previa, libre e informada, requisito constitucional para cualquier reforma que altere la gestión del territorio indígena y campesino.

La ley terminó siendo de las más efímeras que haya conocido Bolivia: el 13 de mayo, después de que ambas cámaras del Congreso volvieran sobre sus pasos, Paz promulgó su abrogación. La rapidez con la que se desdijo, sin embargo, no desactivó el conflicto, sino que evidenció la fragilidad del gobierno y atizó la manifestación de otros descontentos sectoriales.

La fisonomía de las protestas destaca por su heterogeneidad. No se trata de un bloque monolítico, sino de una confluencia de sectores con agendas disímiles que terminaron encontrando un enemigo común en la inacción gubernamental. Cada actor de este frente mayormente espontáneo de resistencia tiene su agenda.

Los sindicatos campesinos y organizaciones de las naciones originarias han hecho de la defensa del estatus jurídico de la tierra su bandera principal. Encararon semanas de marchas que recorrieron el país a pie, exigiendo la abrogación de la ley de la discordia. Sus exigencias primigenias, luego, dieron lugar al pedido de destitución de los ministros del área económica y la exigencia de que no se penalicen los bloqueos ni el derecho a la protesta.

La Central Obrera Boliviana (COB) amplió el conflicto mucho más allá del debate agrario. Su movilización denuncia el impacto en los trabajadores de la crisis económica actual, marcada por la escasez de combustibles y la pérdida de poder adquisitivo. La COB exige un plan de emergencia económica, control de precios de la canasta básica y un reajuste salarial urgente que compense la pérdida del poder adquisitivo.

El sector del transporte tuvo sus propias razones para protestar: afectados por filas interminables en las estaciones de servicio y por miles de vehículos inutilizados por la venta de combustibles contaminados, los transportistas urbanos e interdepartamentales paralizaron las principales arterias del país. Sus demandas son prácticas: la normalización en cantidad y con calidad asegurada del abastecimiento de hidrocarburos y la disminución de cargas impositivas. Su paro sectorial y las protestas agrarias simultáneas ahogaron las rutas comerciales del eje central del país, creando una incipiente crisis humanitaria al interrumpir los suministros de alimentos en las grandes ciudades.

La parálisis de Rodrigo Paz y el rápido desgaste institucional

La velocidad con la que se erosionó el capital político de Rodrigo Paz Pereira es sintomática de una incapacidad para interpretar la gramática social de Bolivia. Llegó a la presidencia con un discurso institucionalista, enfocado en el libre mercado y la restauración de las instituciones, pero rápidamente evidenció una notable miopía estratégica. En lugar de aplicar una estrategia de contención y resolver las demandas de manera temprana y mediante instancias de diálogo focalizadas, su gobierno optó por desmerecer las protestas, tildándolas de “reacciones políticas anacrónicas” o “sabotajes del ala radical”.

Al ignorar las alarmas en el sector campesino y subestimar el impacto de la escasez de combustibles en las ciudades, el gobierno permitió que conflictos de distinta naturaleza económica y geográfica fueran madurando en paralelo. Cuando el Ejecutivo finalmente reaccionó, ya era demasiado tarde: las agendas sectoriales se habían amalgamado en un petitorio nacional e intransigente. La falta de mayoría propia en la Asamblea Legislativa Plurinacional terminó de maniatar al presidente, evidenciando una preocupante incapacidad de reacción y negociación antes de que los distintos gremios se unieran en un solo bloque opositor en las calles.

Para entender el laberinto actual, es imprescindible contrastar la gestión de Paz con el modelo de gobernanza aplicado durante casi dos décadas por el Movimiento al Socialismo (MAS). Más allá de su predominio en las urnas durante dos décadas, el MAS puso en juego en la gestión su naturaleza de movimiento de movimientos y no de partido político tradicional. De allí nace una estrategia de coparticipación directa del poder, a través de un sistema de cuotas asignadas a los movimientos sociales. Esa institucionalización de los actores encapsuló el conflicto social dentro del propio aparato del Estado, permitiendo desactivar tensiones antes de que estallaran. El gobierno de Rodrigo Paz no les reservó a estos actores ningún espacio cerca del núcleo de decisiones, devolviéndolos a la intemperie institucional e incentivando la reactivación de la protesta callejera como única herramienta de interlocución con el poder político.

Este fenómeno de conflictividad horizontal y bloqueos masivos no es nuevo; representa, de hecho, el retorno al patrón de comportamiento político que caracterizó a Bolivia entre 2000 y 2005, el turbulento período previo a la primera llegada de Evo Morales a la presidencia. Los paralelismos con el pasado reciente son alarmantes. La espiral de reclamos se ha ido enhebrando de modo inquietantemente similar a lo que pasó durante las llamadas “guerras” del agua (en 2000) y del gas (en 2003).

La dimensión internacional: Washington, la OEA y el factor argentino

Con Donald Trump y Marco Rubio a cargo de la política exterior de Estados Unidos, no pasó mucho tiempo hasta que ese país se pronunció sobre este conflicto doméstico, intentando transformarlo en un tablero de disputas políticas hemisféricas. El propio gobierno de Paz ha escalado su retórica y el ámbito de resolución del conflicto a la arena hemisférica, con el canciller Fernando Aramayo solicitando formalmente la asistencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Esta decisión vierte gasolina adicional en el fuego de las protestas. Para los sectores movilizados, la intervención de la OEA evoca de inmediato el oscuro rol que desempeñó la organización bajo la gestión de su entonces secretario general, Luis Almagro, en 2019, cuando sus cuestionados informes de auditoría electoral catalizaron el pronunciamiento militar que forzó la renuncia de Evo Morales. El pedido de Aramayo es leído por los manifestantes no como una búsqueda de mediación neutral, sino como un llamado al tutelaje extranjero. Es en esa clave, más que en las pretextadas razones humanitarias, que hay que entender el envío de alimentos realizado por el gobierno argentino de Javier Milei.

El gobierno de Rodrigo Paz ha dejado que le cuenten tempranamente las costillas. Exhibe hoy la debilidad de los ejecutivos aislados, que ceden ante la calle pero no logran desactivar el descontento de fondo. El vertiginoso desgaste de su figura en apenas seis meses de gestión evidencia que los mecanismos tradicionales de representación política no alcanzan para contener. Si no logra construir puentes orgánicos con el mundo sindical y campesino, y termina delegando la resolución de su crisis interna en actores extranacionales, el país corre el riesgo de ingresar en un bucle de ingobernabilidad crónica. En Bolivia, el tiempo político no se mide en los relojes de los palacios gubernamentales, sino en la resistencia de los puntos de bloqueo que estrangulan sus carreteras.

Movilización Progresista Global: la paz como condición del bienestar

“¡Qué frágil y precaria es la paz en la sociedad actual con los gobiernos de hoy!” La Movilización Progresista Global que se lanzó en Barcelona el 16 y 17 de abril pudo haber sido presidida por la exclamación de Jean Jaurès en el discurso que publicó en 1905 en L’Humanité después de que le impidieran entrar en Alemania para darlo en Berlín. La cuestión de la guerra, que tan profundas divisiones causó en la izquierda en todos los rincones del planeta a partir de 1914, esta vez suscitó la necesidad de volver a unirla con todos sus muy distintos colores e intensidades. A partir de la convocatoria del Partido del Socialismo Europeo (PSE) y con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez como enérgico anfitrión, el progresismo finalmente protagoniza un evento que le planta cara a la internacional negra de Donald Trump y sus acólitos.

El PSE que lidera el exprimer ministro socialdemócrata sueco Stefan Löfven logró reunir no sólo a la familia de la Segunda Internacional, hoy dividida entre la Internacional Socialista y la Alianza Progresista, sino al progresismo latinoamericano que se referencia en otro viejo obrero metalúrgico (como Löfven), Lula Da Silva, a los demócratas estadounidenses y grandes partidos de la oleada descolonizadora de posguerra en el sur del mundo, como el Partido del Congreso indio y el Congreso Nacional Africano.

Lejos de la parsimonia rutinaria de otros encuentros, en Barcelona hubo asistencia perfecta del progresismo realmente existente, el que gobierna y el que pretende gobernar, y hubo una exhortación potente y audible que Sánchez puso en palabras: “¡A partir de hoy la vergüenza cambia de bando y lo va a hacer para siempre!”. Bajo esa consigna, el encuentro se propuso plantarle cara a la extrema derecha y también a las derechas tradicionales que van cayendo bajo su influjo. Una de las líderes presentes, la italiana Elly Schlein, viene abogando hace tiempo por “no dejarle el internacionalismo a los nacionalistas”. Desde Barcelona partió con fuerza una iniciativa que empieza a contrastar la hiperactividad que desde hace un lustro monopolizan la Conferencia de Acción Política Conservadora, nacida en Estados Unidos, y el Foro de Madrid, motorizado por los ultramontanos españoles de Vox.

Una agenda pacifista y de reafirmación del derecho internacional va hoy de la mano con una de revitalización de los estados de bienestar y en pro de la justicia tributaria global. En la coyuntura actual, la guerra viene a demandar recursos fiscales que se restan de los fondos para la política social, el cuidado, la educación, la cultura y la ciencia.

Aunque Sánchez brilló como anfitrión, el protagonismo fue colectivo. El equilibrio entre voces del norte y del sur del mundo garantizó el compromiso de figuras como Claudia Sheinbaum, que dejó atrás el aislacionismo en el que se sentía cómodo AMLO. Para Lula, con un liderazgo regional dañado tras el zarpazo trumpiano a Venezuela, Barcelona fue una ocasión para reverdecer su estatura global, apuntalado por la presencia del colombiano Gustavo Petro, el uruguayo Yamandú Orsi y el chileno Gabriel Boric. La familia progresista también acogió y ofreció destaque al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien la ocasión también le sirvió para proyectarse hacia una liga internacional de máxima relevancia.

El mundo de la prepotencia sin orden que llega a su paroxismo con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es la realidad contra la que se recorta el proceso que la reunión activó. Contrariamente a la primera guerra mundial que provocó uno de los grandes cismas históricos de la izquierda, entre quienes permanecieron inconmoviblemente pacifistas y quienes se sumaron al esfuerzo bélico de sus países, la guerra de elección de Trump encuentra a todos los progresistas en el mismo campo. Con Sánchez como portaestandarte en Europa, despunta un movimiento por la paz que el progresismo puede abrazar sin dejarse resquebrajar por las tensiones que lo dividieron cada vez que tronaron las armas, fuera en Afganistán o en Sarajevo.

Una agenda pacifista y de reafirmación del derecho internacional va hoy de la mano con una de revitalización de los estados de bienestar y en pro de la justicia tributaria global. El pacifismo nunca fue una forma de idealismo. En la formulación del pionero del socialismo francés, solamente “en paz el crecimiento de la democracia y el socialismo es seguro”. En la coyuntura actual, la guerra viene a demandar recursos fiscales que se restan de los fondos para la política social, el cuidado, la educación, la cultura y la ciencia. Los conservadores, en la voz del canciller alemán Friedrich Merz, ya han sido explícitos en su planteo de que el esfuerzo de defensa europeo que requiere la guerra en Ucrania y la retirada del paraguas defensivo estadounidense no puede llevarse a cabo sin recortar en esas áreas.

La erosión de la legitimidad democrática y la emergencia de las extremas derechas está estrechamente asociada al deterioro de la política social y a un ascensor social que ya lleva décadas fuera de servicio. La guerra le provee a la derecha el pretexto para profundizar recortes que refuerzan un círculo vicioso. En la base de las demandas en las que se embandera el discurso de las derechas radicales hay un chauvinismo del bienestar, que pretende negarle a los inmigrantes el acceso a beneficios (que éstos empiezan a pagar en forma de IVA apenas llegan a sus países de acogida). A poco de andar, ese chauvinismo aúpa al poder a fuerzas que terminan négandole derechos a todos, sin distinguir estatus migratorio.

La cuestión de la paz, tal como fue declinada en los discursos en Barcelona, está atada a la cuestión de la justicia social. La presidenta mexicana citó una máxima de Benito Juárez, de quien subrayó su condición de indígena zapoteco: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Es decir, la paz tiene una dimensión internacional, pero también doméstica y su precondición es el reconocimiento de la dignidad de los estados y de las personas. Lula lo dijo haciendo una pregunta nada retórica: “¿El pobre va a pagar por la irresponsabilidad de la guerras?”

La reunión de Barcelona planteó cosas que requieren reunir una masa crítica imponente para ser llevadas a la práctica. En ese sentido, la presencia de Tim Walz, candidato derrotado a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, muestra un compromiso de esa organización, una gran carpa donde muchos progresistas conviven con muchos liberal-conservadores, que es altamente inusual. Más que la presencia por videoconferencia del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani y del senador socialista Bernie Sanders, hecho esperable y natural en una convocatoria de la izquierda democrática, que una figura del mainstream partidario como el todavía gobernador de Minnesota estuviera presente puede marcar un hito de acumulación de fuerzas. La crítica de la guerra, con esas espaldas, puede estar más cerca de transformarse a mediano plazo en un veto efectivo a las aventuras bélicas.

Para la crónica argentina del evento vale anotar que además de Kicillof, estuvo en Barcelona Esteban Paulón, coordinador de la Alianza Progresista de las Américas y, como tal, integrante del núcleo organizador de la Movilización Progresista Global. Como es notorio, se trata de figuras que representan espacios que no están unidos por una alianza común en el país. Queda abierta la pregunta de cómo podría traducirse al argentino la propuesta y el impulso que provienen de Barcelona.

En la era más reciente de la globalización, las grandes movilizaciones globales en pro de una agenda pacifista, transformadora, ambientalista, feminista habían tenido su origen en la sociedad civil. Con antecedentes como el movimiento contra la guerra de Vietnam o las protestas contra los misiles estadounidenses en Europa, el último movimiento a escala planetaria se había condensado, después de las “batallas” de Seattle, Quebec y Génova, en el Foro Social Mundial, durante la primera década de este siglo. Esta vez son los partidos progresistas los que lanzan el desafío. Queda por verse si se trata de un brote episódico de internacionalismo o si, volviendo siempre a Jaurès, el progresismo recupera «el coraje de actuar y entregarse a las grandes causas sin saber qué recompensa reserva a nuestro esfuerzo el universo profundo, ni si le reserva una recompensa».

Publicado originalmente en la web de noticias y análisis 4 Palabras.

Maduro y parte de la oposición venezolana, de nuevo cara a cara

Diálogo en México, apatía en Venezuela

En El Tribuno, Salta, 18 de septiembre de 2021

Por Gabriel Puricelli

Con la duda acerca de cuánta vocación tienen las partes de alcanzar algún acuerdo, el 13 de agosto se abrieron en México negociaciones sobre el futuro de Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro y el sector de la oposición que encabeza quien fuera proclamado "presidente encargado" por la Asamblea Nacional cuyo mandato caducó en 2020, Juan Guaidó. Las posiciones de máxima con las que llegan son el levantamiento de todas las sanciones económicas internacionales y la realización de nuevas elecciones presidenciales sin proscripciones y con observadores internacionales, respectivamente.

No es la primera vez que ambos sectores sostienen un diálogo, pero las rondas anteriores, siempre con el rol facilitador de Noruega, se interrumpieron sin alcanzar resultados. Sin embargo, los cambios que han ocurrido en Venezuela y en el mundo desde la última vez que ambos bandos se vieron las caras hacen poco prudente anticipar que se vaya a repetir el fracaso.

Consultada para este artículo, Marisela Betancourt, politóloga de la Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela), sostiene que estamos ante el reinicio de "un viejo diálogo frente a un nuevo país".
Para la analista, hay un contraste marcado entre las condiciones en las que se dio el diálogo en República Dominicana en 2018 y las que rodean el que está empezando este año. Betancourt describe la Venezuela de hace tres años como "un país muy polarizado, con una oposición muy activa fortalecida por un año previo de mucha violencia política, durante el que ocurrieron las últimas protestas callejeras masivas hasta la fecha y que se hallaba en el pico del éxodo migratorio".

Frente a ese contrincante empoderado, el chavismo eligió levantarse de la mesa y apuntar al corazón de su debilidad: la fragmentación interna y la falta de criterio común sobre la participación electoral.
Por ello pateó el tablero de la negociación y llamó a elecciones anticipadas, en las que su único adversario real terminó siendo una abstención, que se revelaría impotente.

Betancourt describe la Venezuela de 2021 como un país que se comporta muy distinto: "Una sociedad pasiva, despolitizada, frustrada, volcada hacia la supervivencia, donde el 54% (según una encuesta de Datanálisis) percibe una mejora relativa de la calidad de vida respecto de 2018 y donde baja la polarización porque la gente ha tenido que coexistir para sobrevivir a la penuria económica".

Entretanto, la división de una oposición que solo pudo derrotar al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con la unidad más amplia, se ha consolidado. Así, Maduro ha podido tener negociaciones parciales que le han permitido remendar su maltrecha legitimidad. Por un lado, acordó con la Alianza Democrática, minoría en la Asamblea Nacional electa en 2020 con la participación de solo una franja de la oposición, una nueva composición del Consejo Nacional Electoral. El chavismo retiene una mayoría de tres, pero incorpora a dos miembros de reconocido perfil opositor. Por el otro, acordó con su adversario en las elecciones de 2015, Henrique Capriles, la liberación de 50 presos políticos y el cese de la persecución contra 60 opositores. Con esta última concesión se aseguró de que Capriles se sumara al cada vez más amplio campo de los opositores, que se niegan a reincidir en la táctica de la abstención y anunciará su participación en las elecciones regionales y locales que deben tener lugar en noviembre próximo.

Ahora bien, también hay fisuras en el PSUV. En efecto, el 8 de agosto se celebraron elecciones primarias para seleccionar los candidatos del partido en el poder para las elecciones del 21 de noviembre y hubo un enfrentamiento en todos los niveles entre los candidatos apoyados por Maduro y los sostenidos por Diosdado Cabello. Aunque prevalecieron los del bando madurista, los seguidores de Cabello cuestionaron la validez de los resultados en varios estados, echando sombra sobre el éxito relativo de una votación que convocó a tres millones y medio de ciudadanos. El retroceso electoral del expresidente de la Asamblea Nacional sucede a un debilitamiento de sus apoyos entre los militares, uno de los pilares del régimen autoritario del cual Cabello fue cabeza visible desde la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013. Su ocaso relativo puede ser un factor que facilite acuerdos en México.

Otro elemento de la coyuntura actual sobrevuela el reinicio de esta vieja negociación: los bandos que negocian en México llegan igualmente desvalidos en cuanto a apoyo popular en Venezuela. Según una encuesta de la firma Datincorp de principios de agosto, 63% de los venezolanos se declara "nada satisfechos" con el desempeño de Maduro y 77% dice lo mismo del accionar de Guaidó. Con esos números a la vista, sorprende poco que la politóloga Betancourt describa como apática la reacción de los venezolanos de a pie a la noticia del reinicio del diálogo.

El último factor a mencionar es el cambio de gobierno en EEUU. Como dijimos al principio, Maduro pretende que el diálogo resulte en el levantamiento de las sanciones internacionales, las más gravosas de las cuales son medidas unilaterales estadounidenses. Aunque (con un ojo en el exilio venezolano en Florida) Biden no quiere ser visto como blando con Maduro, su preferencia sería disminuir la tensión con Venezuela y solo alguna mejora en la situación de derechos humanos allí y un enderezamiento de las reglas electorales le permitiría relajar las sanciones sin pagar costos domésticos.

El presidente del gobierno italiano, Giulio Andreotti, supo decir que el poder desgasta al que no lo tiene. Las condiciones en que se sientan los de Maduro y los de Guaidó a la mesa tendida en México parecen adecuarse a esa máxima. Está por verse si Maduro se convence de que la preservación parcial de ese poder hoy pasa por aceptar un paulatino retorno a la democracia.

Impeachment: ¿más problema para los demócratas que para Trump?

La amenaza de impeachment que beneficia a Trump

En revista Replanteo de Junio de 2019

Por Gabriel Puricelli*

Hay una expresión del idioma inglés que no es fácilmente traducible al español: “he’s all over the place”. Se usa para referirse a alguien cuya conducta es inasible, que está envuelto en demasiados asuntos y el sentido de cuyas acciones es difícil de discernir. Probablemente no haya en nuestro idioma un modo de captar mejor la coyuntura que atraviesa el presidente de los EE.UU.: Donald Trump is all over the place.

Las semanas que han transcurrido desde la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller han sido trepidantes. Una lista incompleta nos muestra que Trump no sólo se ha esforzado mediante múltiples intervenciones públicas en imponer su lectura del durísimo informe, sino que ha desplegado una estrategia de comunicación defensiva centrada en victimizarse, ha disparado salvas en su intermitente guerra comercial con China, ha viajado al Reino Unido para ser agasajado en el palacio y repudiado en la calle, ha tratado de convencer al mundo de que Irán está incendiando buques-tanque petroleros en el Golfo Pérsico y ha intentado chantajear a México para forzarlo a ser la policía migratoria de los EE.UU. Ante el desafío de capturar en pocas líneas semejante variedad de asuntos, vamos optar módicamente por analizar las secuelas del informe Mueller, y vamos a tomarlo como punto de apoyo para tratar de entender las nuevas reglas que rigen la relación entre el Partido Republicano trumpizado y sus adversarios demócratas.

La publicación de las conclusiones a las que llegó el fiscal especial encargado de determinar si los intentos de Rusia de influenciar el resultado de las elecciones de noviembre de 2016 contó con la colusión del beneficiario de esos intentos, es un momento de la máxima significación para el actual presidente. Obsesionado por ratificar la legitimidad de su acceso a la presidencia, aún después de obtener casi tres millones de votos menos que su contrincante por el entonces oficialismo, Hillary Clinton, Trump ha machacado con la idea de que el informe demostró que no hubo ni colusión, ni obstrucción de justicia. Cuando niega lo primero, sostiene haber ganado las elecciones limpiamente. Cuando rechaza lo segundo, se pone a cubierto de uno de los tres delitos por los cuales fue destituido por el Congreso Richard Nixon. Tricky Dick fue sometido a juicio político, recordemos, por obstrucción de justicia, abuso de poder, y desacato al Congreso.

Lo cierto es que Trump esquiva la bala del informe Mueller porque el fiscal especial tiene las manos atadas por la política impuesta por el Departamento de Justicia, del que es funcionario, de no acusar penalmente al presidente en ejercicio. El informe, sin embargo, es clarísimo al señalar que las conclusiones allí expuestas pueden servir al Congreso para imponer el remedio del impeachment. Y allí, en la posibilidad del juicio político, se abre otra controversia. Concebido como remedio constitucional para lidiar con presidentes a los que el traje de la república les queda chico, en la coyuntura actual se ha vuelto un veneno político para la oposición demócrata. Lejos están los días en que una decisión de tanta gravedad podía concitar apoyos en los dos (únicos) partidos representados en el Congreso: los siete republicanos que se sumaron a la mayoría demócrata para iniciar en 1972 el proceso de destitución de Richard Nixon no aparecen (ni aparecerán) por ningún lado. Trump ha trabajado con enorme éxito para destruir todo terreno común que pudiera existir entre republicanos y demócratas y se ha asegurado de que la adhesión y el respeto a la ley y a las reglas del juego democrático sean una consideración subordinada por completo a los intereses de partido. Con la muerte del último senador republicano con juego propio, John McCain (quien se aseguró de que Trump no estuviera invitado a sus funerales), se evaporó el último vestigio de cualquier inclinación entre los miembros de ese partido hacia el bipartisanship. Ese espíritu de acuerdo bipartidario en ciertos temas fundamentales, otrora invocado por dirigentes en ambas orillas de la distinción política estadounidense es hoy una palabra que aflora frecuentemente a los labios de los demócratas pero que ha sido desterrada del lenguaje del Grand Old Party. Trump lo sabe bien. Cuenta con ello.

El presidente sabe también que él se ha transformado en el gran elector de sus correligionarios en sus respectivos distritos: la amenaza de su excomunicación puede desbaratar precarias mayorías en varios lugares. Bajo ese yugo se extinguen todas las posibles virtudes de sus senadores y representantes. A ello hay que agregar lo que la ciencia política llama gerrymandering, el dibujo caprichoso de cientos de distritos electorales, cuyas fronteras han sido diseñadas a medida de la elección sin competencia de muchos miembros de la cámara baja: ello facilita la elección de extremistas y fundamentalistas que no están obligados a contrastar sus posturas con ningún candidato más moderado. Entre temerosos que se pliegan por necesidad a las posiciones de Trump y ultras electos y reelectos casi sin competencia, la mesa está servida para la radicalización ideológica y el hiperpartidismo, los dos sabores de helado favoritos del actual presidente. 

Por otra parte, el Partido Republicano tiende a encoger al compás de la declinación demográfica de su electorado, lo que lo empuja cada vez más a actuar con la mentalidad de quien está sitiado y defiende su fortificación, sin que nada más importe. En ese contexto, es casi imposible imaginar una fisura que haga ceder el dique de la mayoría republicana en el Senado, sin la cual un juicio político, aún si pudiera ser iniciado por la Cámara de Representantes, donde mandan los demócratas, está condenado a la esterilidad.

Para los demócratas no resulta fácil aprovechar las municiones que les provee el informe Mueller, por razones que en muchos casos son las opuestas a las que determinan la conducta de sus contrincantes. Aunque la demografía está de su lado (aumenta el número de latinos y otras minorías que votan desproporcionadamente por ellos), el gerrymandering y las medidas para restringir el derecho a elegir que vienen impulsando hace más de una década sus adversarios hacen que eso no tenga una traducción automática en votos. Más aún, con el sistema de Colegio Electoral, ya van dos elecciones en este siglo donde obtener más sufragios no ha servido para alcanzar la presidencia. Por otra parte, así como los republicanos se angostan ideológicamente y se corren a la derecha, los demócratas se ensanchan y ya no abarcan simplemente una franja entre el centro y la centroderecha, sino que se quedan con todo el resto de la centroderecha que abandonan los republicanos e incorporan una franja de centroizquierda que se compone de antiguos independientes, nuevos votantes y dirigentes tradicionales que vuelven a abrevar en las fuentes del New Deal rooseveltiano y el proyecto de la Great Society de Lyndon B. Johnson, abandonadas (salvo por unos pocos) durante los años del centrismo de Clinton y de Obama. Encontrar una agenda que promedie los intereses y valores de los vecinos de suburbios que van abandonando el voto tradicional a los republicanos, de los granjeros del medio oeste, de los sindicatos industriales y de las jóvenes generaciones de las grandes metrópolis con sus demandas (no sólo) posmaterialistas es una tarea muy difícil. Ello provoca a veces fracturas y (más frecuentemente) una parálisis táctica que impide aprovechar los errores del adversario. Agreguemos el ingrediente de una dirigencia parlamentaria que es una herencia de la etapa centrista y que se aferra a la búsqueda de consensos que se han vuelto imposibles por el total desinterés que muestran los republicanos. La cuestión del juicio político a Trump es el tema perfecto para hacer aflorar esos problemas. Por un lado, están quienes se inclinan por impulsarlo, con el sencillo argumento de que las violaciones de la ley que ha cometido Trump son más que suficientes para requerir ese remedio. Las más de las veces se trata de dirigentes que tienen la reelección asegurada en distritos donde los republicanos han encogido hasta ser testimoniales. Por otro lado, están quienes consideran arriesgado ese camino, porque podría galvanizar a los republicanos y complicar las chances de reelección de muchos demócratas en distritos competitivos o que tienen tradición de voto cruzado: a un partido distinto en cada categoría a elegir. Los primeros tienden a pensar que la elección presidencial de 2020 ya está ganada, los segundos, que hay una cuesta empinada que subir para ganar el Colegio Electoral.

La indefinición demócrata beneficia a Trump en un nivel obvio: esquiva de momento la amenaza de destitución. Pero, más crucialmente, lo beneficia en otro: lo mantiene en el centro de la escena. Que la palabra impeachment esté en el aire le permite jugar a la victimización, a mostrarse en el lugar más paradójico posible para el líder más fuerte del mundo: el de perseguido. Trump tiene otra ventaja estratégica, que deriva del angostamiento ideológico de su base: le resulta más sencillo representar a un electorado más homogéneo. Esto se ve reforzado por otra cuestión en la que Trump se desmarca por completo de sus adversarios y de sus predecesores: está exclusivamente preocupado por representar y no (o no mucho) por gobernar. Vale decir, para Trump no importa en lo más mínimo no haber contado con la aprobación mayoritaria de la opinión pública desde el inicio de su gestión. Al contrario de cualquiera de sus predecesores, que no sólo gozaron por momentos de tasas de aprobación por encima de los votos obtenidos, sino que calibraron sus acciones de gobierno para tratar de alcanzar esas tasas, Trump está convencido de que para ejercer el poder basta con haber sido electo y con mantener luego la adhesión de los propios. Ese es el new normal al que sus adversarios no logran adaptarse. Trump les propone un duelo a muerte que los demócratas eluden porque entienden que la radicalización del enfrentamiento lo beneficia a él, pero al rehuirlo le facilitan salirse con la suya. En política no hay un árbitro para pitar las faltas contra las reglas de juego de ningún jugador: cuando hay un jugador que espera eso, el otro jugador probablemente se beneficie de la violación de las reglas, más aún si está convencido de que no hay tal violación, sino simplemente unas reglas nuevas: es problema es del adversario si no está anoticiado de que eso es así.

Las críticas a Trump, por cierto, no caen en el vacío. Los demócratas también satisfacen la necesidad de representación de su propio electorado al realizarlas. Pero su incapacidad de hacer algo decisivo al respecto los pone en el rincón de la impotencia frente a un presidente que hace lo que se le antoja o, para ser precisos, que hace lo que favorece a intereses particulares, sin mayor consideración por alguna noción que pueda pasar por bien común.

El juego tiene mucho de ruleta rusa, pero tal vez se esté jugando con un revólver con el tambor vacío. Nada le garantiza a Trump su reelección en noviembre de 2020, pero su capacidad de representar a una minoría electoralmente viable (una cuyo voto puede lograr la mayoría en el Colegio Electoral que elige presidente) le pone un piso alto a los demócratas. Esa capacidad de representación resiste casi impertérrita impugnaciones (como las que fundamenta el lapidario informe Mueller) que en el pasado hubieran herido de muerte a cualquier político de cualquier rango: cuando tanto los demócratas como la prensa liberal machaca con la colusión con Rusia, los efectos no tienen nada que ver con los que causaba el anticomunismo hasta la caída del Muro de Berlín y tampoco parecen importar mucho las inconductas presidenciales de otro tipo. La hiperpartidización conlleva la disculpa instantánea de los errores del bando propio y el blindaje ante las críticas de los ajenos. El anticomunismo o el reproche a Nixon funcionaron porque había bipartisanship. Cuanto más demoren los demócratas en entender esto, más energía desperdiciarán en pegarle a Trump en donde ni a él ni a su electorado les duele.


* Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.

Trump herido, pero no de muerte

La ola azul no liquida a Trump
Domingo 11 de noviembre de 2018
Por Gabriel Puricelli

¿Lo que no me mata, me fortalece? Por detrás de la furia indisimulada con la que Trump ha enfrentado a la prensa para ostentar lo que pretende se le reconozca como una “victoria” el 6 de noviembre es fácil adivinar las dudas que lo asaltan. Si nos atenemos a los hechos, la toma de control por el Partido Demócrata de la Cámara de Representantes mortifica al presidente en primer lugar por el poder que ésta tiene de citarlo a declarar en cualquier investigación que se lleve adelante sobre su desempeño. Eso es lo que explica la velocidad relampagueante con que se deshizo del Fiscal General Jeff Sessions, a quien hace meses venía criticando por no poner obstáculos a la investigación del fiscal especial Robert Müller, y su reemplazo interino por Matthew Whitaker, quien ha hecho saber que no cree que los representantes tengan derecho a citar al jefe de estado.

Aún perdiendo por amplio margen en el voto popular, el Partido Republicano mantuvo el control del Senado. Como el recuento de los votos enviados por correo no termina aún en tres estados, no sabemos con qué margen de bancas: hasta el momento, aumentó en dos su ventaja. Con ello, Trump se asegura que no será destituido por un juicio político, ya que los dos tercios de votos senatoriales son inalcanzables, no sólo porque los republicanos son más, sino porque ahora hay más trumpistas entre ellos. Aún despejada esa duda, el presidente está fastidiado porque en la cámara baja habrá número hipotético suficiente para acosarlo non stop con investigaciones hasta noviembre de 2020, cuando él se imagina batallando por su reelección.

La temida ola azul se materializó con el cambio de color de 31 bancas en la cámara baja. El Partido Demócrata amplió a 7,1% la ventaja en el voto popular del 2,1% que había obtenido en la elección presidencial de 2016 y ganó en los tres estados que volcaron el Colegio Electoral en favor de Trump hace dos años: Pensilvania, Wisconsin y Michigan. La oposición no sólo aumenta sus bancas (cosa que es bastante común en las elecciones a mitad del mandato presidencial), sino que lo hace con números entre los más altos para el Partido Demócrata en este tipo de elecciones. En las elecciones en los estados, no sólo le ha arrebatado siete gobernaciones a los republicanos, sino que ha avanzado en casi todas las legislaturas y ha estado tan cerca en Florida y Georgia que todavía no se ha podido oficializar un ganador en ninguno de esos dos estados. Incluso en un lugar donde los demócratas no lograron ganar un abanca en el Senado, como en Texas, tuvieron un candidato viable por primera vez en décadas.

Aunque sólo un líder con la arrogancia y el narcisismo de Trump podría calificar de “victoria” este escenario, tampoco se puede sostener que su evidente derrota sea el fin de su proyecto político. Para nada. En primer lugar, hay que decir que dos de los cuatro objetivos de máxima de su presidencia conservadora ya fueron alcanzados antes de esta elección: imponer una mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia (que puede durar décadas, dada la juventud relativa de los dos nueves jueces que nombró Trump) y la baja dramática de los impuestos a los ricos. El tercer objetivo, una renovación masiva de la infraestructura del país, tal vez se haya vuelto más sencillo ahora que los demócratas controlan la cámara baja: seguramente se quejarán menos de los nuevos gastos presupuestarios que esto implicará de lo que se hubieran quejado los republicanos más conservadores en lo fiscal. En definitiva, sólo uno de los objetivos de máxima de Trump 2016 ha quedado definitivamente fuera de su alcance: le eliminación de la reforma del seguro de salud, el Obamacare.

¿Hacia dónde irá el Partido Demócrata? Nuevas y reforzadas caras de izquierda (desde Alexandria Ocasio-Cortez hasta Bernie Sanders) convivirán en el nuevo congreso con demócratas que lograron hacerse elegir en distritos conservadores prometiendo que no habrá control de armas y haciendo profesión de fe contraria al aborto legal. Ha habido más de una receta para ganar nuevas bancas y eso le ha dado al partido un gran triunfo. Sin embargo, ello no resuelve la fórmula para ganar, con una única receta nacional, frente a un Trump cuyo apoyo no se ha desfondado y que seguirá teniendo a favor una economía que lo ayudó a no ser arrasado esta vez y que no se debe descartar que lo ayude a volver a ganar en 2020.

Brasil: la democracia, rehén de los jueces

El Brasil de la heliastrocracia
11 de marzo de 2018
Por Gabriel Puricelli

El 27 de febrero, en una larga conversación con una de sus más duras críticas en la prensa, Mônica Bergamo, que la Folha de São Paulo publicó dos días después, Lula se definió, trágico, como “un hombre que sabe lo que le espera”. Exactamente una semana después, el Tribunal Superior de Justicia confirmaba esa convicción del ex-presidente brasileño, rechazando el hábeas corpus preventivo presentado por sus abogados para que se le asegurara que no enfrentará prisión hasta que la última instancia judicial haya revisado la condena de primera y segunda instancia que pesa sobre él por “corrupción pasiva y lavado de dinero”.

La democracia en Brasil camina por una cornisa que se angosta cada vez más y cada decisión judicial en el proceso al líder del Partido de los Trabajadores la acerca más al precipicio. Lula carece de cualquier privilegio para hacer frente a sus acusadores, pero es el hombre que lidera (sin siquiera la sombra de un perseguidor cercano) las encuestas de opinión para la elección presidencial de octubre. No está aquí en discusión simplemente el futuro de un viejo líder. Si hiciera falta aclararlo, no se trata de un hombre providencial, si es que los hombres providenciales existen. Lo que está en riesgo es la posibilidad de que la palabra del soberano, del pueblo brasileño, ponga un cierre a un proceso de deterioro de la legitimidad democrática en el país que arrancó con la destitución de Dilma y se profundiza cada día que el gobierno que la sucedió lleva adelante su acción con el apoyo de menos del 5% de la población.

En tanto el juicio político a Dilma fue el camino constitucional que el Congreso encontró para forzar un cambio de gobierno sin consultar a los brasileños en las urnas, sólo una nueva consulta podrá enderezar ese grosero ultraje al espíritu constitucional y democrático. Si en esa consulta no compite, para ganar o para ser derrotado, el candidato que seguidores y detractores saben que es el que cuenta con más apoyo, quien sea que gane las elecciones de octubre arrancará su mandato con un déficit de legitimidad parecido al que tiene hoy el pentacampeón de la impopularidad, Michel Temer.

No cabe duda de que el Partido de los Trabajadores gobernó mediante una alianza con sectores de centroderecha y derecha que se mantuvo unida, en parte, mediante un mecanismo ilegal (fisiológico, dicen en Brasil) de compra y recompra de la lealtad de sus parlamentarios. Hay evidencia, también, de que cuadros del propio PT participaron del cobro de esos peajes espurios. De más está decir que cada acto de corrupción probado merece su condena en sede judicial. Sin embargo, el juicio sobre la obra de gobierno que se llevó adelante usando esos, entre otros mecanismos (incluyendo todos los legales en manos de los gobernantes), le cabe sólo al soberano. Esta piedra basal de la democracia ha sido removida en Brasil para implantar lo que llamaremos una heliastocracia, un régimen donde los jueces (los heliastas en la Grecia clásica) se arrogan el monopolio de la decisión de quién puede ser candidato con el procedimiento penal como mera coartada. Con un poco de pereza intelectual, a ese nuevo régimen que tiene como mascarón de proa a Sergio Moro, juez de esa jurisdicción, se lo llama República de Curitiba, olvidando que en ausencia de poderes equilibrantes no se puede hablar de república. Y los jueces (y el ministerio público fiscal) escapan hoy a cualquier forma de control proporcionado de parte de los otros dos poderes, reducidos a ruinas por acciones propias y por una estrategia deliberada de demolición de los propios jueces.

En manos de ellos está hoy permitir o no que la elección presidencial sea un ejercicio de regeneración y de retorno pleno a la democracia.

La France, comme si de rien n'était

Macron: la continuidad por toda novedad
Martes 9 de mayo de 2017
Por Gabriel Puricelli

La victoria contundente de Emmanuel Macron contiene menos novedad de lo que el nuevo presidente de Francia querría admitir. No se trata del primer adulto joven en llegar a un cargo tan importante en un país tan relevante (baste pensar en Bill Clinton o en Tony Blair, que al llegar al poder tenían una edad cercana a la de este nuevo líder del G7). No se trata de una plataforma de ruptura con el gobierno actual. En fin, su movimiento En Marche! no es mucho más que un reagrupamiento transversal de políticos profesionales.

Para una elección durante cuya primera vuelta quedó en evidencia la soledad política en medio de la cual expiraba el quinquenio de François Hollande, que su sucesor sea quien fue su ministro de Economía es una paradoja curiosa y es la evidencia más elocuente de la continuidad inesperada que encarna Macron.

Tampoco podemos pasar por alto cómo un énarque reemplaza en la presidencia a otro: la Escuela Nacional de Administración, una de las grandes escuelas terciarias de Francia, concebida para surtir de cuadros de dirección al estado vuelve a contar con uno de los suyos en el vértice de la nación, el cuarto de la V República, después de Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac y el presidente saliente.

Lo que en televisión aparece como frescura y novedad puede ser en realidad el fruto orgánico de un orden para el que las elecciones son el momento de plebiscitarse. Es cierto que la segunda vuelta entre Macron y Marine Le Pen es la primera de la que están ausentes los campos tradicionales de la política democrática francesa, pero es la segunda, después de 2002, en la que la política tradicional (esta vez con parte de esos dos campos fundidos en un candidato que intenta “promediarlos”) y con ella su élite, se plebiscitan frente al desafío antisistema, primero, del fascismo crudo de Jean-Marie Le Pen y, esta vez, de la versión bajas calorías de lo mismo dirigida por la hija de aquel. En el caso de Chirac, el plebiscito no sólo fue contundente (más del 80% de los votos), sino que la elección indicó una clara dirección de centroderecha para el futuro gobierno, sin el embrollo de la cohabitación esquizofrénica Mitterrand-Chirac o Chirac-Jospin. Esta vez, con Macron, figura principal de un movimiento embrionario que tanto podrá consolidarse como sufrir su primer derrota en las elecciones parlamentarias de junio, recibe un mandato más débil dada la caída de la participación electoral, la casi duplicación de los votos del Frente Nacional respecto de 2002 y la naturaleza híbrida de su mensaje ideológico.

La elección de Macron, en fin, es una reivindicación tardía de Dominique Strauss-Kahn, el referente socialista que se encaminaba a una coronación en primera vuelta en 2012 hasta que se descalificó a sí mismo con un intento de violación de una mucama de un hotel de Nueva York. En un curioso juego de espejos, así como el libertino socialista que todos conocían y ansiaban votar en el turno anterior quedó fuera de carrera por un crimen intolerable, esta vez fue François Fillon, el mojigato abanderado del conservadurismo católico, el que se autoeliminó cuando emergió a la luz su ejercicio del nepotismo y su enriquecimiento a costa de los contribuyentes. El camino que se le cerró en 2012 al primer exponente realmente popular de la corriente social-liberal del Partido Socialista, se le despejó en 2017 a su hijo putativo, que tuvo que abandonar un Partido Socialista (averiado por la adopción de las tesis social-liberales como doctrina de gobierno) para poder lanzarse al ruedo.

Tal como lo supo prontamente Hollande en 2012, los dados de la fortuna pueden mostrar el día de la elección sus caras ideales, pero no se puede esperar que caigan del lado correcto cada día de gobierno. El presidente saliente nunca superó su condición de presidente par défaut, de hombre que llegó al Elíseo en lugar de otro, de alguien que se benefició no sólo del derrape del corredor más veloz, sino de correr contra un predecesor que había federado todos los odios de Francia en contra de sí. Desprovisto de carisma y de anclaje sólido en ninguna de las corrientes ideológicas del partido, navegó en el mar de las contradicciones entre éstas y las lanzó unas contra otras, sumando al fracaso de su zigzagueo en la gestión la detonación implosiva del partido que el genio de François Mitterrand unificara en 1971.

Macron tuvo la suerte de que el mezquino Primer Ministro que le tocó en desgracia cuando Hollande lo sumó al gabinete fuera Manuel Valls. El representante impenitente de la derecha del PS se encargó de echarlo del gobierno, impidiendo que compitiera contra él en las primarias. Forzado a improvisar una balsa política que miraba más hacia las elecciones de 2022 que a las de este año, Macron se halló de pronto a distancia óptima de la inminente implosión del PS. Justicia quiso que Valls perdiera igual las primarias del partido gobernante. La corrupción de Fillon completó el alineamiento de los planetas.

No abonamos aquí a la idea de que estemos frente a un presidente por casualidad: todo en la biografía de Macron lo preparó para la responsabilidad que está a punto de asumir. Todo en su carta de navegación lo orientaba, aunque tal vez más tarde, al Palacio del Elíseo. Francia y sus instituciones lo acogieron para prepararlo junto a otro puñado de sus mejores y más brillantes. Sorteó con destreza obstáculos y se encaramó a las oportunidades. Macron tiene en sus manos la presidencia, un partido de gobierno por construir y una mayoría parlamentaria por ganar. Nada indica que no vaya a lograrlo, pero nada indica que todo vaya a resultar tan fácil como lo fue hasta ahora.

Trumpazo a la democracia estadounidense

The Donald, surfer de la furia
13 de noviembre de 2016
Por Gabriel Puricelli

“Sé cómo ganar” fue una las frases que se escucharon de Donald Trump durante la campaña electoral. La invariable arrogancia con que la pronunció se estrelló contra la autosuficiencia de sus adversarios, que hicieron caso omiso de la letra chica de las encuestas y su advertencia de que la intención de voto medida se podía considerar segura dentro de cierto margen de error. Porque no cabe endosar a las encuestas la perplejidad con la que se recibió la confirmación de que Trump sí sabía cómo ganar, sino a la expresión de deseos que blindó no sólo a quienes estaban en competencia con él, sino a una mayoría abrumadora de los observadores.

De los dos candidatos, ganó la competencia quien fue capaz de ser tomado como la mejor arma de protesta contra el otro. Parados ambos sobre dos sólidos bloques electorales de no menos de 40% de los votos, la estocada la dio quien fue capaz de lograr que a una mayoría de indecisos le costara menos aceptarlo como el modo de herir al otro. El “concurso de impopularidad” como inapelablemente lo bautizara la revista británica The Economist se saldó con un resultado que nunca estuvo fuera de lo posible, pero en el que las élites políticas, culturales y mediáticos se rehusaron a creer, sin lograr arrastrar en ese rechazo a ese 1% de los votantes que alcanzó para vocar del lado de Trump los delegados al Colegio Electoral de Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

Nada puede minimizar este triunfo como síntoma de la erosión de la legitimidad que corroe a las democracias del mundo desarrollado. Las miserias de posición percibidas por una minoría cada vez más numerosa surgen del retroceso de las clases medias y de la convicción que se hace carne entre quienes precariamente se aferran a esa condición social de que no habrá ascenso para ellos como lo hubo para las generaciones de posguerra y no lo habrá para sus sucesores. El triunfo de Trump debe inscribirse en un fenómeno que ya impactó y continuará impactando a Europa y no hay modo de ignorarlo.

Consolarse con la coincidencia de algunas de sus promesas con los rechazos que definen las posturas progresistas de otras fuerzas en todas las latitudes del globo es una actitud contra la que es necesario advertir, no porque nos hiera la imbecilidad de quienes se dan ese consuelo, sino porque minimiza la vocación restauradora con la que Trump barrena la ola de furia que lo depositó en la Casa Blanca.

A 15 años del atentado contra las Torres Gemelas

Los efectos perdurables de una atrocidad
Domingo 11 de septiembre de 2016

Por Gabriel Puricelli

El atroz crimen cometido por los seguidores de Osama Bin Laden hace 15 años sigue siendo el telón de fondo sobre el que se recortan todos los atentados terroristas cometidos por los jihadistas desde entonces. El derrumbe de las Torres Gemelas es también la imagen que atormenta a un establishment político y de defensa de los EE.UU. que se encuentra desde aquel momento enfrentado a la paradoja de controlar el poder más letal que haya estado nunca en manos de una única superpotencia y no poder, sin embargo, ordenar el mundo a su voluntad.

El 11 de septiembre de 2001 dio lugar a una reorientación radical de la política exterior estadounidense, que abandonó de un plumazo el realismo y adoptó una doctrina revolucionaria pergeñada por los neocons que rodeaban a George W. Bush, en cuyo corazón había una idea: impulsar un cambio de régimen en los países considerados una amenaza, bajo el supuesto de que la democratización los haría amigos de los EE.UU. El banco de pruebas fue Irak, con consecuencias que se ven claramente en la hecatombe de violencia y muertes en masa que arrasa hoy a parte de Medio Oriente y el norte de África.

El atentado del que hoy se cumplen 15 años contuvo también dos novedades estratégicas. Por un lado, fue la puesta en práctica de una amenaza: llevar el frente de batalla a los países que encarnan al “infiel”. Por el otro, fue la demostración de la escala del daño que se podía causar prescindiendo de cualquier tecnología bélica. Esas dos novedades se hicieron rutina, con atentados repetidos en ciudades europeas y de países aliados de los EE.UU., llevados a cabo por medios o bien poco sofisticados o bien no convencionales y a la vez absolutamente ordinarios: de los aviones comerciales al camión del reciente atentado en Niza, sin desdeñar, claro, las armas de fuego.

Pero allí donde los terroristas han persistido con modos de causar muerte que han probado su eficacia sangrienta, los EE.UU. han abandonado la doctrina neocon y abrazado una peculiar forma del realismo centrada en los asesinatos selectivos. Esta estrategia, transformada en doctrina en un dictamen del primer Fiscal General de la presidencia de Barack Obama, Eric Holder, ha incluido la ejecución extrajudicial del cerebro del atentado de Nueva York y de decenas de otros “combatientes enemigos” en media docena de países distintos, seguida de una estela de  muertes de quienes estaban cerca de donde distintos aviones no tripulados lanzaron sus misiles: “daños colaterales”.

La devastación del sur de Manhattan ha tenido efectos pedagógicos perdurables. Convenció a parte de los estadounidenses de que “allá afuera” todo es peligro y alimenta, hasta hoy, pulsiones aislacionistas y belicistas que son activadas en provecho propio por distintos líderes domésticos. Demostró a bolsones significativos de comunidades de origen inmigrante en los propios EE.UU. y en Europa que hay un terrorismo hágalo-usted-mismo al alcance de la mano, promoviendo así el accionar tanto de grupúsculos sociopáticos como de movimientos fundamentalistas más amplios.