Luciano Arruga, dos años desaparecido

Dos años de la desaparición de Luciano Arruga.
La falta de compromiso político se traduce en impunidad

A dos años de la desaparición de Luciano Arruga, el adolescente de 16 años que fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, los escasos avances en la causa ponen en evidencia la falta de voluntad política del Poder Ejecutivo provincial para determinar las responsabilidades policiales y la incapacidad absoluta de la Justicia para hacer avanzar la investigación y esclarecer una de las más aberrantes violaciones de derechos humanos, como es la práctica de desaparición forzada. Ante estos hechos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH - La Matanza), organizaciones querellantes en la causa, reclaman que el Estado federal brinde respuestas a los reiterados pedidos de la familia y de los organismos y muestre un fuerte compromiso para poner fin a la impunidad. En la causa en la que se investiga la desaparición de Luciano todavía no hay imputados ni se han esclarecido los hechos. A pesar de los numerosos indicios que involucran a la Policía Bonaerense, el caso continúa caratulado como “averiguación de paradero”. Sin embargo, los testimonios dan cuenta de prácticas de detención arbitraria dirigidas a los jóvenes del barrio 12 de Octubre y de la existencia de lógicas de reclutamiento de adolescentes para delinquir por parte de adultos vinculados con las fuerzas policiales. La Bonaerense adulteró registros, ocultó pruebas, amedrentó testigos, incumplió con protocolos básicos de actuación y hasta se arrogó potestades de investigación, lo que consolida las sospechas sobre esa fuerza. Las irregularidades sistemáticas cometidas en las tareas de prevención y en la confección de los libros de guardia, así como la persistencia de menores en comisarías, dan una pauta de las gravísimas deficiencias del sistema de control policial en la provincia. Esta discrecionalidad es la que habilita las detenciones arbitrarias, las torturas y apremios ilegales, el encubrimiento y otras violaciones de derechos que surgen con sólo leer los antecedentes de la causa judicial por la desaparición de Arruga. El caso de Luciano no puede ser visto como un suceso aislado. En agosto de 2010 Fabián Gorosito, de 22 años, fue llevado a la comisaría 6º de Mariano Acosta, partido de Merlo, donde no se registró su ingreso en el libro. Allí lo torturaron y luego lo trasladaron a un descampado donde fue asesinado. En octubre, un adolescente de 17 años fue detenido por efectivos de la comisaría 6º de La Plata. En esa dependencia, un grupo de al menos quince oficiales lo torturó de manera brutal. Estos hechos muestran una lógica cotidiana de relación entre las fuerzas de seguridad y los adolescentes de barrios pobres. A los casos de uso injustificado y desproporcionado de la fuerza letal, cuando la policía dice perseguir a un supuesto sospechoso y lo mata, se suman otros en los que una relación violenta de hostigamiento puede terminar en un asesinato o una desaparición. Estas prácticas policiales que se basan en la detención de jóvenes como eje de las políticas territoriales de seguridad encuentran respaldo en el Poder Ejecutivo provincial y, en muchos casos, también son convalidadas por la Justicia.

Centro de Estudios Legales y Sociales web@cels.org.ar / www.cels.org.ar