Molotovs con vodka: EEUU y la pretensión de un estado de excepción global

Por Gabriel Puricelli

El alcohol al 40% no arde. Cualquier estudiante de química de escuela secundaria lo entiende a la perfección. Sin embargo, en el universo inventado en el que vive de a ratos el gobierno de Donald Trump, unas botellas de vodka con un trapo en el pico no constituyen un gesto patético, sino que pueden estar en el centro de un atentado terrorista de magnitud existencial.

Durante la reciente reunión ministerial celebrada en Washington el pasado 16 de julio sobre el “resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda”, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, opacó al anfitrión, el secretario de Estado Marco Rubio, con una actuación memorable. Con impostada gravedad, Bessent rememoró el incidente del 28 de enero del año pasado en las inmediaciones del Capitolio, cuando una persona identificada como Ryan Michael English se entregó a las autoridades portando unas botellas pequeñas de vodka que imaginaba podían ser usadas como cócteles Molotov. Ese día, Bessent enfrentaba su audiencia de confirmación ante el Congreso y era unos de los posibles blancos del ataque así imaginado por la persona detenida. La relectura ideológica que Bessent propuso de este desatino —donde el “arma” en cuestión contenía un líquido con 60% de agua, previniendo cualquier combustión— fue que no se trató de un acto extravagante y solitario, sino de un sofisticado y sanguinario “atentado de izquierda” contra su propia vida y contra la estabilidad de la república.

La imagen no deja de ser trágica en su comicidad: la primera potencia militar del planeta declarándose bajo asedio a causa de un líquido incombustible. Pero sin dudas sintetiza con precisión la idea detrás de la convocatoria a la reunión: la invención deliberada de una amenaza para construir un dispositivo de control real.

La amenaza del “terrorismo político de izquierda” que articuló la cumbre de Washington es, en términos empíricos, una completa ficción. No hay hoy redes clandestinas organizadas, ni ejércitos de liberación operando en las sombras, ni conspiraciones destinadas a subvertir el orden institucional mediante la lucha armada. Lo que existe, en cambio, es la decidida vocación política de fabricar un hombre de paja.

La iniciativa de Washington es la proyección internacional de la política de excepción que ha desplegado en el ámbito doméstico desde la segunda llegada de Trump al gobierno. La estrategia consiste en convertir cualquier atisbo de disidencia, protesta social, movilización sindical o crítica periodística en una manifestación  implícita de “terrorismo”, con un doble propósito. Por un lado, desplazar el foco de la atención pública para que no quede fijado en la profundización de las desigualdades socioeconómicas y la erosión de la democracia; por el otro, dibujar la coartada perfecta para encarcelar, silenciar o proscribir las manifestaciones de disidencia.

Cuando unas botellas de vodka que jamás podrían haber sido precursoras de un fuego se presentan como un dispositivo letal, la vara de lo que constituye una “amenaza a la seguridad nacional” se ha rebajado hasta la arbitrariedad absoluta. Bajo semejante enfoque, el ejercicio legítimo de los derechos civiles pasa a ser categorizado, sin mediación alguna, como un acto pre-terrorista. Las reminiscencias del macartismo de los años ´50 no podrían ser más evidentes.

La realización de esta reunión ministerial se entiende mejor si nos valemos de un concepto propuesto por la llamada Escuela de Copenhague de estudios internacionales. En su teoría de la securitización, los autores asociados a la misma sostienen que hay fenómenos que, sin ser intrínsecamente problemas de seguridad, pasan a ser percibidos como tales mediante un acto del lenguaje ejecutado con éxito por un actor investido de autoridad política. Toda la reunión llevada a cabo en Washington cabe dentro de esa definición.

En este caso, al calificar un problema inexistente como una “amenaza existencial”, el gobierno de Trump busca romper las reglas habituales del juego democrático y justificar la adopción de medidas extraordinarias e invita a sus huéspedes en Washington a sumarse a esas acciones. Vista así, la reunión no funcionó como un foro de inteligencia ni como un espacio de cooperación policial transnacional, sino que fue un acto masivo de securitización.

La presencia del canciller Quirno y el fetiche de la amenaza importada

Dada la sumisión del gobierno actual de Argentina, la asistencia del canciller Pablo Quirno no requería siquiera de un RSVP. Si existiera en nuestro país algún tipo de amenaza terrorista, la primera obligación constitucional de un gobierno no es poner en un avión a su ministro de Relaciones Exteriores para que asista a una cumbre en el exterior, sino rendir cuentas con carácter de urgencia ante el Congreso Nacional. Asistir a un cónclave de estas características sin haber presentado previamente, al menos, un informe riguroso de inteligencia constituye un nuevo desarreglo institucional y una nueva elusión del control republicano.

La adhesión del mileísmo al relato de Trump y Rubio roza en este caso el delirio. Ni en el territorio nacional, ni en los países vecinos existe amenaza alguna de terrorismo o de violencia política desde hace por lo menos dos décadas. La sociedad argentina archivó hace rato la cuestión de la violencia armada y el conflicto social contemporáneo se encauza estrictamente dentro de los márgenes constitucionales.

¿Qué hace entonces el canciller Quirno ratificando en Washington un documento que alerta sobre una “amenaza extrema”? La respuesta es tan clara como alarmante: no viajó a defender la seguridad de los argentinos frente a un peligro real, sino a importar el libreto del pánico norteamericano para traducirlo en insumo de política doméstica, facilitando la persecución de movimientos sociales y la estigmatización de la disidencia bajo el rótulo de “extremismo”.

Esta dinámica cobra mayor sentido si la inscribimos en el despliegue hemisférico de la Doctrina Donroe. A diferencia de la doctrina de seguridad nacional de la Guerra Fría, que respondía a la lógica del enfrentamiento bipolar, el lineamiento trumpiano promueve un mecanismo de sincronización ideológica y subordinación política. La reunión en Washington expuso el nivel de articulación alcanzado por la internacional reaccionaria en el hemisferio occidental.

En el corazón del planteo articulado por Marco Rubio, que tuvo tiempo de rememorar las acciones armadas tanto de los extintos Montoneros, como de los Tupamaros, hoy plenamente integrados en la política democrática en Uruguay, se lleva a cabo un peligroso desplazamiento conceptual que pone como vara de la seguridad no las amenazas a la soberanía o la vigencia de los derechos humanos, sino la homogeneidad ideológica de los gobiernos, que se espera converjan todos en valores de extrema derecha. El relato comporta también una definición de enemigo: terroristas pueden ser la prensa libre, el sindicalismo y los adversarios electorales.

Ante semejante deriva ideológica, la Argentina representada por Quirno opta por el mimetismo retórico y la  importación sin filtro de las obsesiones discursivas de la Casa Blanca, subordinando la agenda exterior del país a la política doméstica estadounidense.

Un representante gubernamental que acepta que un episodio con unas botellas incombustibles de vodka sirva de premisa para discutir de seguridad, nos adentra en un terreno de arbitrariedad que amenaza el estado de derecho.

La securitización del pluralismo político impulsada por Washington y convalidada con la presencia del gobierno argentino en esta reunión no busca protegernos de amenaza real alguna: busca blindar el poder contra la disidencia. Mientras otros gobiernos, sobre todo en nuestra región, sigan siendo la claque de este pánico fabricado y fingiendo protegernos de molotovs que no arden, la verdadera amenaza no estará en ninguna disidencia, sino en los despachos donde se redactan las leyes de excepción.

La cuarta es la vencida: Keiko Fujimori y la ilusión de la estabilidad peruana

Por Gabriel Puricelli

Con la demora a la que obliga el escrutinio hasta el último voto en una elección ajustadísima, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa para el período 2026-2031. Lo hizo tras un escrutinio agónico, con los nervios crispados de una sociedad habituada a dirimir sus destinos políticos en un photo finish. Los números definitivos mostraron a la futura presidenta menos de 50 mil votos por delante del candidato de izquierda Roberto Sánchez. Un país cortado en dos por un láser.

La proclamación produce una inevitable sensación de déjà vu. La escena peruana parece atrapada en una obra de teatro circular, donde el guión se reescribe con ligeras variaciones pero bajo idéntica estructura dramática. Lo vivido en este 2026 se espeja con asombrosa fidelidad en la fractura expuesta en procesos anteriores, singularmente el de 2021. El balotaje, ese artefacto de la ingeniería electoral diseñado para forjar mayorías artificiales a partir de la dispersión, ha vuelto a fabricar la ilusión de dos mitades compactas allí donde en verdad habita un archipiélago de minorías atomizadas.

Para analizar el mandato que obtuvo la líder de Fuerza Popular, hay que proceder a una disección. La geografía electoral vuelve a trazar una línea de demarcación que es tanto territorial como sociológica. Por un lado, Lima metropolitana y las regiones de la costa norte, integradas a los flujos dinámicos de la economía global, blindaron la candidatura fujimorista como un dique de contención contra el cambio de modelo. Por el otro, el sur andino, la Amazonía y las zonas rurales postergadas se volcaron masivamente hacia la izquierda, reeditando un patrón de resistencia que ya parece estructural.

Como bien apunta la politóloga Omayra Peña Jiménez, del Instituto de Estudios Peruanos, lo que vemos “no es una grieta coyuntural, es una fractura estructural que el sistema político no ha sabido procesar”. Las instituciones peruanas operan bajo una lógica de confrontación perpetua y no facilitan la edificación de consensos mínimos. En este escenario, la victoria de Fuerza Popular no se explica por una súbita ola de entusiasmo doctrinario, sino por la tenue erosión del antifujimorismo.

En efecto, hay síntomas de que el peso del pasado ya no gravita de la misma forma sobre las nuevas cohortes de votantes. Para el electorado joven, los episodios más sombríos de la década de los noventa pertenecen más al territorio de los textos escolares que a la memoria emotiva. El fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori en 2024 puede haber operado como un deceso simbólico de la vieja polarización; al desaparecer el cuerpo físico del autarca, la discusión sobre el indulto “humanitario”, recurrente en anteriores elecciones, perdió su centralidad como tema de campaña, permitiendo a Keiko Fujimori centrarse en la cuestión del orden y la gestión de la economía contemporánea.

La siempre esquiva estabilidad

Despejada la incógnita del triunfador electoral, queda en el aire la pregunta de si la presidencia de Keiko logrará quebrar la maldición de la inestabilidad crónica que eyectó de la Casa de Pizarro a sus antecesores inmediatos. Desde 2016, Perú se convirtió en un régimen triturador de presidentes, con destituciones por «incapacidad moral permanente» a repetición. Sin embargo, existen razones para especular con que la gestión a punto de iniciarse gozará tal vez de cierta estabilidad.

La primera diferencia sustantiva radica en la naturaleza del oficialismo en ciernes. Los gobiernos anteriores —desde el tecnocrático y débil esquema de Pedro Pablo Kuczynski hasta el amateurismo desarticulado de Perú Libre con Pedro Castillo, pasando por la orfandad parlamentaria de Dina Boluarte— carecieron de organizaciones políticas reales que los respaldaran. Eran franquicias electorales efímeras o coaliciones de ocasión. Fuerza Popular, por el contrario, representa el artefacto partidario mejor estructurado, disciplinado y longevo del Perú contemporáneo. Su bancada en el nuevo Congreso bicameral puede llegar a ser inmune al transfuguismo que suele atomizar los grupos parlamentarios.

A este factor organizativo se suma una reconfiguración del tablero legislativo. El Congreso muestra menos fragmentación parlamentaria y la derecha conservadora tiene una presencia compacta, que puede llegar a ser mayoritaria. No obstante, esta posible estabilidad no equivale automáticamente a un apoyo popular sólido. La impaciencia es la actitud que prevalece en los electorados de las democracias contemporáneas y no sería sorprendente constatar en breve que no hay “luna de miel” de Keiko con la opinión pública.

¿Un autoritarismo previsor?

Es en este cruce entre posible estabilidad parlamentaria y fragilidad social donde cabe atender las advertencias del docente e investigador de la Universidad del Pacífico Roger Merino sobre la emergencia de lo que denomina una “dictadura por diseño”. Este académico contrasta el fujimorismo de segunda generación con la experiencia autocrática de los años noventa liderada por el padre de la nueva presidenta y Vladimiro Montesinos.

Según Merino, el diseño autoritario de los noventa se fue improvisando sobre la marcha. Por el contrario, el escenario que se prefigura bajo Keiko invierte esa lógica temporal y esboza un “autoritarismo preventivo”, cocido a fuego lento en múltiples iniciativas parlamentarias en los últimos años. Mediante contrarreformas legislativas y un sutil copamiento de los organismos autónomos —incluyendo el Tribunal Constitucional y los entes del sistema electoral—, Keiko ha edificado una arquitectura legal a la medida de sus intereses. Este reformateo busca debilitar los contrapesos republicanos y crear un escudo de impunidad preventivo: se han restituido los tribunales policiales-militares para juzgar los actos de represión bajo la figura de “delitos de función” y se ha blindado de manera anticipada a las fuerzas públicas frente a eventuales procesos por violaciones a los derechos humanos, debilitando el control de convencionalidad de los magistrados locales.

La gran incógnita a despejar a partir de la toma de posesión es cómo reaccionará el Perú excluido de los beneficios de la modernización globalizada. Carlos Meléndez anticipa que la verdadera oposición al gobierno de Keiko Fujimori no se articulará en los pasillos del Congreso sino en las calles de Lima y, sobre todo, de las regiones donde más arraigados están los movimientos sociales y donde Keiko tuvo una votación marcadamente minoritaria.

El sur andino ha sido históricamente un foco de resistencia irreductible frente al tirón centralista de Lima. El estallido social de los años 2022 y 2023 dejó una profunda huella de resentimiento y demandas de justicia insatisfechas que la transición institucional posterior simplemente decidió ignorar. Con la infraestructura legal autoritaria ya lista y un discurso oficial que criminaliza preventivamente la movilización ciudadana, el riesgo de una recaída en la violencia estatal no se puede descartar.

Para los actores económicos dominantes, la continuidad está garantizada bajo la enseña de la certidumbre tecnocrática. La promesa de mantener a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva funciona como el bálsamo habitual. Sin embargo, los equilibrios macroeconómicos son de una fragilidad extrema cuando se asientan sobre sociedades fracturadas. Keiko Fujimori ha logrado finalmente coronar la ambición mítica de su apellido, pero el país que recibe está lejos de ser el del orden pacificado de los noventa. Es una caldera cuyo diseño de seguridad está pensado para contener la presión, pero no para apagar el fuego.

Mercosur: la silla vacía del sospechoso de siempre

1 de julio de 2026

El cierre de la 68.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur en Asunción ofrece una radiografía extraordinariamente nítida de las contradicciones que anidan en el estado actual de la integración sudamericana. La capital paraguaya fue escenario de una marcada disociación: el bloque avanza por la inercia de sus compromisos técnicos e institucionales e impulsado por la realidad económica, mientras su superestructura política exhibe niveles inéditos de fragmentación, desinterés y desdén diplomático. El presidente paraguayo Santiago Peña ofició de anfitrión de un encuentro marcado por tensiones subyacentes y ausencias clamorosas.

La fotografía oficial de la cumbre ofrece un mapa político de la nueva y compleja realidad regional, muy alejada de cualquier monolitismo. El bloque es hoy un mosaico diverso y complejo donde conviven liderazgos muy disímiles. Por un lado, Luiz Inácio Lula da Silva aparece erigido, por el mero peso específico de Brasil, en el garante último de la continuidad del bloque. 

El debut de Yamandú Orsi, quien asumió en nombre de Uruguay la presidencia pro tempore aporta un complemento de ideas comunes, aunque sin resignar la pretensión de Montevideo de flexibilizar la unión aduanera para abrir nuevos mercados fuera de la región. A ellos se sumó el flamante mandatario boliviano Rodrigo Paz, cuya presencia sanciona la plena incorporación de su país al mercado común.

El cuadro se completó con la presencia de los estados asociados, representados por dos figuras que ilustran el giro de la región hacia la derecha: el ecuatoriano Daniel Noboa y el chileno José Antonio Kast. Con esta variopinta composición el Mercosur deja definitivamente de ser un club de afinidades ideológicas y se vuelve una arena de coexistencia, donde líderes políticos de signos opuestos se sientan a la mesa para gestionar un entramado comercial y económico interdependiente.

Faltazo y diplomacia de facción

En el lenguaje de la diplomacia, las ausencias suelen comunicar con mayor elocuencia y crudeza que los discursos oficiales. Fue precisamente una silla vacía la que acaparó las especulaciones en la capital guaraní. La decisión de Javier Milei de desertar de la cita constituye un nuevo y episodio de una política exterior regida por el faccionalismo ideológico antes que por la persecución del interés nacional.

El relato de la Casa Rosada intentó débilmente justificar un nuevo faltazo escudándose en la urgencia de la crisis doméstica desatada alrededor de la corrupción de Manuel Adorni. No obstante, la coartada apenas disimuló con desgano el verdadero mensaje del gobierno libertario. En las mismas horas durante las que sus pares se reunían, Milei optaba por recibir con honores en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro. Este gesto, de cara a las elecciones presidenciales que enfrentarán a Lula y la extrema derecha en octubre próximo, fue una nueva provocación gratuita, adobada con la sobreactuación a la que es adepto Milei.

Al privilegiar la construcción de una entelequia reaccionaria global por sobre la relación institucional con Brasil —el principal destino de las exportaciones industriales argentinas—, el gobierno perpetra otra abdicación de la diplomacia de Estado. La ausencia en Asunción es el síntoma de una concepción que entiende los foros multilaterales como plataformas que resultan estériles a menos que puedan ser vampirizadas para la llamada “batalla cultural”. Este autismo diplomático viene aislando cada vez más a la Argentina de los centros de toma de decisiones.

El florecer tardío del regionalismo abierto

A contramano de este ruido político, la agenda sustantiva demostró que la “sala de máquinas” del Mercosur sigue operando. El comunicado conjunto delineó un programa enfocado técnicamente en la facilitación del comercio, la modernización aduanera y la transformación digital. En materia de inserción global del bloque, se conmemoró el hito de la entrada en vigor provisional del pilar comercial del acuerdo con la Unión Europea, un tratado que ya comienza a alterar el perfil del intercambio bilateral. 

Paradójicamente, es ahora, en el clímax de la fragmentación política y de la balcanización ideológica, cuando el bloque parece estar cumpliendo finalmente con el mandato original del regionalismo abierto. Esa visión acuñada en los años noventa postulaba que la integración regional no debía construirse como una fortaleza amurallada para persistir en la vieja sustitución de importaciones, sino como un trampolín para la competitividad y el eslabonamiento con las entonces nacientes cadenas globales de valor. Durante tres décadas, la idea quedó sin concretarse. Hoy, la vigencia parcial del acuerdo con la UE, el relanzamiento de las negociaciones del Mercosur con Japón y la dinámica que imponen el comercio con China y las inversiones provenientes de esa potencia emergente son todos elementos delinean una apertura a contramano de la desaceleración decenal de la globalización.

En cualquier caso, la deserción de Argentina escamotea una discusión necesaria sobre el futuro de los sectores de mayor valor agregado del bloque. Los sectores menos competitivos de sus dos mayores economías enfrentan con incertidumbre un acuerdo con la UE que los sectores del extractivismo ven como una gran oportunidad. Es frente a esto que la fractura del eje Buenos Aires-Brasilia puede tener consecuencias indelebles. Dentro de los límites impuestos por ese acuerdo, los estados están llamados a sostener las respectivas industrias en su esfuerzo por adaptarse y competir. Mientras que Brasil parece preparado a proveer ese sostén, en Argentina campea un laissez-faire decimonónico que se solaza en ver como las importaciones de la UE le ponen el último clavo al féretro la industria nacional.

El giro securitario que le gusta a Washington

El envión comercial, sin embargo, no elimina los puntos de controversia. En un giro que refleja el signo de la época, la seguridad regional irrumpió en una agenda en la que habitualmente se trata más que nada de nomenclaturas arancelarias. Las intervenciones de Kast y Noboa introdujeron en el orden del día la cuestión del crimen organizado transnacional, que es tanto una realidad como un caballo de Troya de la estrategia de seguridad hemisférica de los EE.UU.

El mandatario chileno arguyó la vulnerabilidad del mayor proyecto de infraestructura del bloque, el Corredor Bioceánico. El eje Santiago-Quito expuso prioridades divergentes entre estos dos miembros asociados y los tres miembros plenos a través de cuyos territorios avanza la carretera multimodal: Brasil, Paraguay y Bolivia. Esta securitización que postulan los presidentes del Pacífico esconde mal el objetivo de empujar al bloque en dirección hacia la cooperación policial y en inteligencia con EE.UU. A tan sólo días de la decisión del gobierno de ese país de declarar organizaciones terroristas a dos bandas criminales originadas en Brasil, esos discursos presidenciales tienen poco de casuales.

La presidencia pro tempore semestral que hereda Yamandú Orsi tendrá como tareas mantener el envión aperturista —algo que es política de Estado para Montevideo— y desplegar dotes de orfebrería política para zurcir una diplomacia presidencial deshilachada.

El Mercosur que exhibió la cita paraguaya es una criatura institucional bifronte. Por un lado, el bloque ostenta herramientas técnicas sólidas, un tratado bi-regional en plena fase de despliegue y una resiliencia burocrática que todavía tiende puentes allí donde la política insiste en dinamitarlos. Por la otra, padece la afirmación de algunos de sus socios mayores en trincheras ideológicas que agregan tensiones en ese plano a las todavía mal resueltas en el plano primordial del Mercosur, que es el comercial.

El mercado común sobrevive, en buena medida, en piloto automático, pero ninguna entidad resiste eternamente el sabotaje de sus líderes. Si algunos rebajan la diplomacia a escaramuzas culturales, el bloque persistirá, a lo más, como un gigante con pies de barro: comercialmente abierto, pero incapaz de sostener a las industrias de Brasil y Argentina frente a la competitividad europea. Frente a este vínculo asimétrico con la UE, la acción o la inacción de los Estados será la diferencia entre fenecer destruyendo empleo o reconvertirse de manera socialmente provechosa.

El improbable renacimiento: la izquierda estadounidense acierta varios plenos

junio 25, 2026

Es una de esas ironías que la historia, en su paciente despliegue, reserva para recordarnos que los marcos analíticos con los que intentamos aprehender la realidad pueden estar, muchas veces, un paso detrás de los hechos. Mientras el socialismo democrático europeo se debate en una penumbra existencial, y se cuentan con menos que los dedos de una mano los gobiernos encabezados por partidos de esa familia, al otro lado del Atlántico, en el corazón mismo del imperio, está ocurriendo un renacimiento que hasta hace nada hubiéramos despachado como una quimera.

Los resultados de las recientes elecciones primarias que han sacudido la escena política estadounidense no son un accidente estadístico. Son la manifestación de un cambio profundo que está teniendo lugar dentro del Partido Demócrata. Lo que hemos presenciado no es meramente una victoria de candidatos progresistas sobre el aparato tradicional, sino la insinuación de una nueva correlación de fuerzas que amenaza la vigencia del consenso centrista que ha definido a ese partido desde la era Clinton.

A la victoria del socialista Zohran Mamdani en las elecciones de alcalde de la ciudad de Nueva York en noviembre pasado, se viene a sumar ahora la de la también socialista Janeese Lewis George en las primarias para la alcaldía de Washington D.C. En una ciudad abrumadoramente demócrata, donde los republicanos sólo compiten para guardar las formas, la ahora candidata tiene asegurada su elección. Aunque haya que volver a leerlo después de escribirlo, dentro de cinco meses tanto la capital financiera del mundo como la capital política de los EE.UU. tendrán jefes municipales socialistas.

En lo que ya se puede calificar de una modesta pero destacable ola, el 3 de junio fueron consagrados candidatos por el Partido Demócrata para las elecciones de medio término cuatro dirigentes apoyados por el senador independiente Bernie Sanders en Montana, California y Nueva Jersey. A esos triunfos del ala izquierda se sumaron esta semana tres candidatos a la Cámara de Representantes sostenidos por Mamdani en Nueva York. A la consagración de estas nuevas figuras para las elecciones nacionales hay que sumarle cinco (posiblemente seis) futuros miembros socialistas de la asamblea legislativa del estado de Nueva York que también ganaron sus primarias.


Este incipiente giro tiene artífices bien identificables. Desde su elección al Senado por su Vermont adoptivo, Sanders se ha proyectado como el patriarca de una nueva generación de activistas y ha logrado transformar lo que parecía una utopía en una hoja de ruta viable. Pero si Bernie ha sido el sembrador, las figuras de Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) y del ya mencionado Mamdani representan la cosecha. Que figuras como Claire Valdez y Darializa Ávila Chevalier vayan a representar a Nueva York en el Capitolio a partir del año que viene es algo que no puede explicarse sin la red de contrapoder que ellos han ayudado a tejer.

Estos resultados son la «prueba de vida» de una izquierda que ha dejado de ser un grupo de protesta ruidoso en la periferia para convertirse en un factor de poder con capacidad de veto y liderazgo. El Squad de Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, Ilhan Omar y AOC en el Capitolio sale fortalecido con estas nuevas incorporaciones y empieza a alterar la aritmética legislativa. Este grupo ya no busca apenas incidir en la agenda; busca dictar los tiempos y los temas del debate. La retórica del establishment ha colapsado: la descalificación de que la izquierda es piantavotos está siendo desmentida por los hechos.

Sin desmerecer el trabajo organizativo desde abajo, es necesario subrayar que un factor al menos igualmente decisivo, catalizador de estas victorias, es el ambiente de opinión pública que ha desatado definitivamente la guerra de elección trumpiana en Medio Oriente. Una mutación de la mirada del electorado demócrata hacia Israel que ya estaba en curso se ha acelerado al máximo desde el ataque estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero pasado. La evidencia es contundente. El apoyo bipartidario incondicional a Israel, otrora un dogma sagrado para las élites, se desploma entre la ciudadanía. Según los datos más recientes de Gallup el 65% de los demócratas simpatiza más con los palestinos, frente a un exiguo 17% que mantiene su simpatía por los israelíes. Este vuelco no es una anomalía, sino una tendencia estructural. A esto debemos sumar los informes del Pew Research Center, que señalan que el 83% de los votantes que se ubican a la izquierda en el espectro político tienen una visión desfavorable de Israel.

Benjamín Netanyahu, protagonista tácito de estas elecciones a muchos miles de kilómetros de la Tierra Prometida ha logrado lo que parecía imposible: arruinar la reputación del Estado de Israel ante la opinión pública estadounidense. La brutalidad de la campaña en Gaza —descrita por académicos como Omer Bartov como una dinámica genocida— ya había dejado una huella indeleble. Si a esto añadimos la impopular guerra contra Irán y su impacto económico deletéreo, la ecuación se completa: la aventura bélica, vista por la mayoría de los estadounidenses como una escalada innecesaria, ha terminado por fracturar la lealtad de sectores que, hasta hace poco, habrían votado por candidatos alineados con aquella incondicionalidad secular.

En estas elecciones, por el contrario, la inercia de aquella lealtad automática se ha vuelto un yunque colgado del cuello de los candidatos del establishment demócrata. Recibir o no dinero del Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC) fue un hecho que llevó a los electores a abrazar o descartar un candidato. Hasta uno progresista, aunque inconmoviblemente pro-israelí, como Adriano Espaillat, malogró su reelección por aceptar para su campaña 600.000 dólares de ese grupo de presión. Los millones inyectados en estas contiendas (a menudo utilizando pantallas legales), a diferencia del ciclo electoral de hace dos años, donde alcanzaron para eyectar de sus bancas a los miembros del Squad Jamaal Bowman y Cori Bush, fueron inocuos o contraproducentes esta vez.

Sin embargo, sería un error analítico atribuir este éxito únicamente a preferencias de política exterior. Lo que permitió que la izquierda prevaleciera frente a maquinarias electorales bien financiadas fue la disciplina en mantener el foco de las campaña en la asequibilidad y el costo de vida. Estos candidatos comprendieron que la indignación moral por sí sola no gana elecciones; la clave fue conectar las propuestas con la realidad doméstica. La “receta Mamdani”: centrar su discurso, de manera obsesiva y constante, en la crisis de la vivienda, el costo de los alimentos y la precariedad de los servicios públicos, logró transformar la angustia social en vector de una agenda política concreta. Aún en campañas donde se puede gastar dinero sin límite, una billetera abultada no garantiza la victoria cuando el desafiante logra evidenciar que el incumbente está ideológicamente desconectado de los intereses de quienes pretende representar.

Estos éxitos pueden ser poca cosa comparados con la toma del Palacio de Invierno o con las nacionalizaciones laboristas en el Reino Unido de posguerra, pero nos ponen ante un punto de inflexión que marca el fin de un aspecto de la excepcionalidad estadounidense: un sistema político sin izquierda. El mito de la infalibilidad de la política exterior imperial no sólo no ha podido ser resucitado por el guerrerismo de Trump, sino que yace enterrado más profundamente al atarse a las topadoras de Netanyahu. Mientras tanto, algo nuevo, aún incierto, pero innegablemente transformador amenaza con echar raíces. El descrédito de AIPAC puede ser una oportunidad para una relación bilateral que tenga en cuenta el bienestar de los israelíes y no se ocupe de sostener carreras políticas. La política puede volver a ocuparse de que la vida sea para algo más que trabajar. Y es precisamente en esas posibilidades inciertas donde reside, contra todo pronóstico previo, la esperanza.

La soberanía colombiana en juego en la segunda vuelta

17 de junio de 2026

La historia de las relaciones internacionales latinoamericanas siempre ha sido, en cierto modo, una crónica de la búsqueda de la autonomía frente a un centro de gravedad que no tolera los satélites oscilantes. Lo que estamos presenciando en vísperas de la segunda vuelta de la elección presidencial colombiana es una escenificación dramática de esa historia. La disputa que enfrenta al oficialista Iván Cepeda y al ultraderechista Abelardo De la Espriella puede ser vista como una contienda que opone la reafirmación soberana del país a una propuesta de capitulación estructural.

Cuando Donald Trump, desde la impunidad de su red Truth Social, se permitió anunciar a De la Espriella como su favorito en Colombia, no estaba simplemente «expresando una opinión». Estaba poniendo en práctica una forma de injerencia, un tipo de soberanía delegada que es la que vertebra la Doctrina “Donroe». Esta, a diferencia de la vieja Doctrina Monroe, ya no se viste de decoro diplomático ni manifiesta un respeto pro forma por el principio de autodeterminación. El presidente actúa así porque puede y porque ese candidato favorito está actuando conspicuamente de un modo que licúa el interés nacional de Colombia y lo vuelve un apéndice de la agenda doméstica de los socios de Trump en el sur de la Florida.

De la Espriella, lejos de ser una anomalía, es la encarnación perfecta de este nuevo paradigma. Su candidatura no es solo la de un abogado mediático que capitaliza el descontento; es la de un ciudadano estadounidense que, con la misma naturalidad con la que ejerce su derecho al voto en el distrito 27 de Florida —un bastión republicano representado en Washington por la congresista María Elvira Salazar—, aspira a gestionar los destinos de la nación colombiana. No es un detalle banal que se trate de la primera ocasión en la historia de Colombia que compite como candidato un titular de doble ciudadanía que figura inscrito como republicano en el padrón electoral de EE.UU. De la Espriella ha financiado al partido del elefante con donaciones de cerca de 100 mil dólares, acción que le ha valido una interlocución privilegiada, sin intermediarios, con Marco Rubio, actual Secretario de Estado. Cuando Salazar, con esa vehemencia que caracteriza al lobby cubano-estadounidense de Miami, bendice la candidatura de De la Espriella, no lo hace como una parlamentaria extranjera opinando sobre asuntos locales; lo hace como una accionista que protege una inversión. La relación es, en efecto, circular y cerrada: De la Espriella es el puente, pero también es el peón.

La vocación por servir a los EE.UU. es una inclinación que tiene hondas raíces en la política colombiana y una tradición que sólo se interrumpió nítidamente con la victoria electoral de Gustavo Petro en 2022. Esa orientación fundada en una incondicionalidad con pocos matices es conocida en la literatura de relaciones internacionales como Respice Polum, la locución latina que le pone nombre al principio de «mirar hacia el polo” del poder estadounidense. El curso así fijado de la política exterior colombiana llevó a un alineamiento irrestricto, que hizo que el país, por ejemplo, fuera el único de la región en enviar tropas a la Guerra de Corea. La búsqueda de un paraguas protector se tradujo durante décadas en una fidelidad incondicional, que tuvo su colofón en el Plan Colombia, una de las grandes iniciativas de la así llamada “guerra” de EE.UU. contra las drogas. Aún en su versión más pura, ese esquema nunca dejó de ser una relación de Estado a Estado, asimétrica, sí, pero institucionalizada.

Lo que propone De la Espriella hoy es la degradación de ese Respice Polum. Si antes el alineamiento era una estrategia deliberada de las élites locales para legitimar su poder doméstico mediante la validación externa, ahora se vislumbra como una absorción lisa y llana. La Doctrina “Donroe» es la actualización de este desdén por el ejercicio soberano: ya no se busca un aliado estratégico para un equilibrio global; se busca un gerente local que opere bajo las directrices del movimiento MAGA.

La intervención de Trump no es un tímido o velado apoyo, es una orden de mando. La legitimidad, en este nuevo esquema que se pretende imponer, ya no emana de las urnas en Bogotá, sino de la validación en Mar-a-Lago. No hay pudor porque, en la lógica trumpista, el mundo es un tablero de transacciones y Colombia, si llegara a quedar bajo el mando de una figura como De la Espriella, sería simplemente una pieza más que cambia de manos y ayuda a asegurar que los intereses estadounidenses en la región no sufran sobresaltos.

La relación de De la Espriella con Marco Rubio, confirmada por un encuentro privado entre los dos en enero de 2026, cierra el círculo de esta arquitectura. Rubio, el halcón por excelencia, cuando de América Latina se trata, ve en Colombia no un socio, sino un flanco. La estabilidad política de Colombia, bajo su lógica, se mide exclusivamente en términos de contención ideológica y control de la migración y de seguridad hemisférica. No hay espacio en esta visión para la autonomía de los países del continente ni para aspiraciones a una diplomacia multilateralista.

Mientras Iván Cepeda defiende los logros de la gestión saliente, que entrega una economía en crecimiento, con baja inflación y desempleo cada vez más controlado, el candidato de la extrema derecha hace campaña con la promesa de dolarizar la economía y de facilitar la apertura de cuentas bancarias en dólares en EE.UU. para «protegerse» de una situación local que pinta como imprevisible. La propuesta es casi paródica: la solución a la fragilidad del Estado-nación colombiano es la entrega de los bastiones de política económica a la jurisdicción estadounidense. Es el Respice Polum llevado a su expresión máxima: el «norte» ya no es solo una referencia geopolítica, es el dueño de la caja fuerte.

La elección presidencial de Colombia en 2026 no es un plebiscito sobre el modelo económico ni sobre los matices de la política pública; la radicalidad del planteo de De la Espriella la convierte en un referéndum sobre la continuidad misma del Estado colombiano como entidad soberana. Si el Respice Polum fue, en su momento, la forma que las élites colombianas eligieron para navegar el siglo XX y, sobre todo, la Guerra Fría, la apuesta redoblada por un alineamiento incondicional amenaza la condición independiente del país.

La radicalidad del planteo de la oposición no guarda simetría alguna con la política exterior que heredaría, de prevalecer en la elección, Iván Cepeda. La autonomía que cultivó Petro, una senda que el candidato actual del oficialista Pacto Histórico impulsa seguir transitando, no ha representado una ruptura ni un enfrentamiento con EE.UU. Sin embargo, con Washington erigiendo fronteras ideológicas en lo que cada vez menos desprejuiciadamente llama su patio trasero, esa política exterior colombiana es presentada como una amenaza. No basta con que Petro haya demostrado en su última visita a la Casa Blanca que no se engolosina con un antiimperialismo de púlpito, no es suficiente que enmiende rispideces retóricas preservando la dignidad nacional: sumisión es lo que se le exige y el abanderado de la oposición está dispuesto a ofrecerla.

Es por ello que cuando colombianas y colombianos vuelvan a acudir a las urnas el próximo domingo, no solo estarán eligiendo a Cepeda o a De la Espriella: estarán decidiendo si el país conserva un margen de maniobra propio o si, definitivamente, prefieren que sea gestionado como una sucursal, con las directrices dictadas por un post en una red social. Sin invasión, pero bajo un esquema que está vigente hace cuatro meses en la mitad venezolana de la antigua Gran Colombia. Para Washington la política hemisférica ya no es “exterior”: deja de reconocer fronteras y se involucra en campañas electorales ajenas promoviendo a los cultores de la aquiescencia. Bajo la Doctrina “Donroe”, cuando los progresistas latinoamericanos se enfrentan a la extrema derecha tienen enfrente no solo a adversarios domésticos legítimos, sino a un patrocinador extranjero que blande un garrote grande.