Por:Gabriel Puricelli Colombia: Cepeda defiende el balance prColombia: Cepeda defiende el balance progresista ante una oposición radicalizada

El balance del mandato de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia colombiana, es una de las principales materias de disputa en la elección presidencial que tendrá lugar este domingo 31 de mayo. Lo que el mandatario saliente planteó como un proyecto de transformación estructural llega a la recta final definido por una compleja combinación de aciertos macroeconómicos, una aguda crisis de seguridad en algunos territorios y viendo emerger el fenómeno político de una opción de extrema derecha encarnada por el abogado Abelardo de la Espriella. En este escenario, la continuidad del progresista Pacto Histórico, con el senador Iván Cepeda como abanderado, no está garantizada, como sí lo está, casi, la realización de un balotaje tres semanas después. Tendrá que superar a un desafiante que puede ser el verdugo de la derecha tradicional en la primera vuelta.

La gestión económica de Gustavo Petro desafió los pronósticos catastrofistas de la oposición, pero también evidenció las limitaciones estructurales del país. El comportamiento de las variables clave ofrece un panorama de estabilización inflacionaria y mejoras en el nivel de empleo acompañado de una severa vulnerabilidad fiscal. Tras el enfriamiento posterior al boom post pandemia, la economía colombiana mostró una moderada resiliencia al registrar un crecimiento del 2,6% del PIB en 2025, en aceleración respecto al relativo estancamiento de 2024.

El mayor éxito de la gestión económica de Petro radica en el control de la inflación. Después de heredar una inercia inflacionaria que alcanzó su pico en marzo de 2023 con un alarmante 13,3% anual, Colombia cerró 2025 con una inflación anual del 5,3%. El mercado de trabajo vio bajar la tasa de desempleo, que se ubicaba en el 10,6% al inicio del mandato, en agosto de 2022, al 8,2% a finales de 2025. Este dinamismo en la ocupación vino acompañado de una política agresiva de transferencias monetarias (como el programa Renta Ciudadana), que logró una reducción histórica de la pobreza de ingresos en el país.

No obstante, el impacto sobre la desigualdad estructural ha sido modesto. Petro logró revertir la tendencia a ensancharse de la brecha durante la gestión de su inmediato predecesor Iván Duque, pero no logró devolverlo a los niveles más bajos de la historia, que se registraron durante el segundo mandato del presidente centrista Juan Manuel Santos. Aunque se hayan registrado leves mejorías estadísticas, atribuibles a los subsidios directos, la profunda brecha entre la Colombia urbana y la rural permanece estancada.

El talón de Aquiles del balance económico del gobierno de izquierda es el déficit fiscal, que se ha ampliado hasta llegar a 6,4% del PIB en 2025 (un déficit primario de 3,5%). Quien sea que esté a cargo del próximo gobierno, heredará un margen de maniobra extremadamente reducido.

Como es de esperar en una país que convivió con un conflicto interno armado generalizado entre 1964 y 2016 y que no ha desterrado definitivamente la violencia, la ciudadanía colombiana va a juzgar a los candidatos por aquello que hayan hecho o están prometiendo hacer al respecto. En materia de seguridad el balance de la estrategia de “Paz Total” desplegada por Petro arroja un saldo mediocre. La ambiciosa estrategia de pacificación simultánea con múltiples actores armados terminó por atomizar el conflicto.

Por un lado, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sufrieron constantes suspensiones, derivadas de la renuencia de la guerrilla a abandonar el secuestro y las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita. Por otro lado, la fragmentación de las disidencias de las antiguas FARC (divididas entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia) convirtió los ceses al fuego bilaterales en ventanas de oportunidad para que estos grupos expandieran sus estructuras. Entre 2022 y 2025, organizaciones como la Segunda Marquetalia duplicaron su presencia en la Amazonía y los departamentos del litoral Pacífico.

Hay consenso entre parte de los analistas respecto de que el error fundamental de la “Paz Total” fue asumir que el conflicto seguía una lógica vertical de insurgencia contra el Estado. En la práctica, los territorios han vivido una guerra horizontal: enfrentamientos sanguinarios entre el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo por el control de las rutas de narcotráfico y los pasos fronterizos.

El ejemplo más dramático es la región del Catatumbo, donde el choque frontal entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC desató una crisis humanitaria sin precedentes recientes. Para comienzos de 2026, la cifra de desplazados y civiles confinados en esta zona fronteriza rozaba las 100.000 personas, lo que ha erosionado la credibilidad de la promesa de paz de Petro y ha alimentado un hondo resentimiento social en las periferias.

De esa frustración ciudadana se alimenta en parte el fenómeno político de Abelardo de la Espriella y su movimiento Defensores de la Patria. Conocido abogado penalista, lanzó una campaña con una estética y narrativa agresivamente demagógicas, distanciándose del lenguaje de los partidos tradicionales. Su programa político, bajo la insignia de “Patria Milagro”, es un popurrí de las ideas más extremas de la derecha radical contemporánea. Propone una política de seguridad de inspiración bukelista que es, en los hechos, una vuelta de rosca a la “Seguridad Democrática” de la presidencia de Álvaro Uribe. El restyling incluye un despliegue masivo de drones e inteligencia artificial con el que promete alcanzar control territorial pleno en 90 días, la construcción de 10 megacárceles de máxima seguridad y la reanudación inmediata de la fumigación aérea de cultivos ilícitos para erradicar las más de 330.000 hectáreas de coca del país. Todo ello, tras la adopción de la que jura que será su primera medida: la cancelación definitiva de todas las mesas de diálogo de la “Paz Total”.

En materia económica, De la Espriella opta por el menú paleolibertario: motosierra a ministerios y eliminación de entidades regulatorias, y una drástica reducción de impuestos a las empresas para supuestamente alcanzar un crecimiento del PIB del 7% anual.

El ascenso de la extrema derecha —que en los sondeos de mayo de 2026 ya supera el 30% de la intención de voto, entre cinco y diez puntos porcentuales detrás de Iván Cepeda— ha dinamitado la estrategia de la derecha tradicional. El Centro Democrático, partido fundado por Uribe, curiosamente había optado por un perfil moderado, a bastante distancia del talante de su fundador y del de Iván Duque, con una candidata mujer, Paloma Valencia, que se vio rápidamente relegada a un distante tercer lugar en las encuestas (apenas por encima del 10%).

La campaña presidencial del Pacto Histórico, frente a la pérdida de popularidad del planteo petrista de la “Paz Total”, también recalibró su discurso. Aunque se propone como un proyecto de profundización y defensa del legado de Petro, lo hace con un estilo propio que es más que un matiz. Frente a la retórica de mano dura y shock fiscal, Cepeda no se limita a resistir los ataques, sino que plantea una contraofensiva ideológica basada en lo que denomina las “Tres Revoluciones” (ética, socioeconómica y política).

Uno de sus ejes es preservar el legado social del gobierno saliente, para lo que promete la creación del “Banco del Pueblo” para otorgar créditos subsidiados y combatir el flagelo del «gota a gota» (los préstamos informales de los usureros con los que están endeudados millones de colombianos). El Pacto Histórico insiste con una transición energética sin extractivismo y la defensa de Colombia como una «potencia mundial de la vida», rechazando el regreso a las fumigaciones aéreas con glifosato y la reactivación desenfrenada del sector hidrocarburífero que propone su la oposición.

Otro eje es la difícil redefinición de la seguridad. Cepeda evita volver sobre la noción de “Paz Total” y se enfoca en golpear los nodos de lavado de activos y las estructuras financieras de los carteles en las grandes ciudades, más que en la persecución al campesino cultivador: en la búsqueda de una paz con justicia social. Defiende mantener abiertos los canales de negociación con el ELN y las disidencias de las FARC, pero endureciendo la postura estatal y garantizando con la fuerza el cese de hostilidades hacia la población civil.

Finalmente, Cepeda busca movilizar a la opinión pública alertando sobre los riesgos institucionales que representa el auge de la ultraderecha populista. La campaña del Pacto Histórico se esfuerza por emparentar a De la Espriella con Nayib Bukele o Javier Milei, advirtiendo que sus propuestas económicas y de seguridad terminarán por socavar la democracia colombiana, quebrar la división de poderes (por su intención de cerrar la Justicia Especial de Paz) y sumergir al país en un régimen autoritario. Al posicionarse como el candidato de la estabilidad institucional, los derechos humanos y la justicia social, busca no solo retener el voto progresista, sino atraer a sectores de centro y centroderecha que ven con temor la radicalización punitivista de la extrema derecha.

Las elecciones presidenciales de 2026 enfrentan a Colombia a profundas contradicciones. El balance de Gustavo Petro deja un país socialmente más consciente de su deuda de igualdad y económicamente estable, pero territorialmente fragmentado, fiscalmente estresado y fatigado por una violencia que sigue sin ser erradicada.

Las dudas de parte de la ciudadanía no han propiciado el regreso de las élites políticas tradicionales, sino que han pavimentado el camino para una extrema derecha disruptiva, punitiva e ideológica que promete orden a cualquier costo. El electorado acudirá a las urnas no solo para elegir un nuevo gobernante, sino para decidir si profundiza el trabajoso tránsito hacia una democracia más igualitaria o si abraza el experimento de un autoritarismo de mercado de consecuencias institucionales impredecibles.

La vertiginosa erosión de Rodrigo Paz en Bolivia

Bolivia atraviesa una crisis política y social aguda que rememora otras pasadas que se devoraron gobiernos. Apenas medio año después de la asunción de Rodrigo Paz Pereira como presidente, el paisaje que tiene enfrente es una intrincada red de protestas, bloqueos de carreteras y movilizaciones que amenazan la estabilidad de su gobierno. Lejos de responder a una lógica de oposición partidaria organizada o a los hilos de un único liderazgo indiscutido, las revueltas actuales reflejan un malestar horizontal, multiétnico y multisectorial. En ascuas está la mitad occidental del país, incluida La Paz, mientras que una apacible calma sigue imperando en el oriente.

El desencadenante directo de lo que empieza a parecerse a una insurrección popular fue la promulgación, el 10 de abril, de la ley 1.720 de reconversión de tierras. Presentada por el gobierno como una reforma de corte técnico destinada a modernizar el sector agrario, dinamizar el mercado de suelo y facilitar el acceso al crédito, la norma catalizó un descontento social que subía de temperatura sin alcanzar el hervor.

La ley autorizaba la reclasificación de la pequeña propiedad rural a la categoría de mediana propiedad. Lo que para los tecnócratas de La Paz era un avance que permitiría a los productores utilizar sus tierras como garantía prendaria ante el sistema financiero privado para obtener crédito, fue recibido como una amenaza existencial directa por los campesinos, que vieron puesta en riesgo la inembargabilidad que la Constitución consagra para la pequeña propiedad individual o comunitaria.

Los sindicatos agrarios y las comunidades originarias leyeron la medida como un mecanismo encubierto para propiciar el despojo legal de sus territorios colectivos (Tierras Comunitarias de Origen) en favor de la expansión del agronegocio y los fondos financieros. En lugar de evocar la modernización imaginada por sus promotores, la ley 1.720 evocó el fantasma de la ejecución bancaria y el desalojo, preocupación que se agravó ante la ausencia de un proceso de consulta previa, libre e informada, requisito constitucional para cualquier reforma que altere la gestión del territorio indígena y campesino.

La ley terminó siendo de las más efímeras que haya conocido Bolivia: el 13 de mayo, después de que ambas cámaras del Congreso volvieran sobre sus pasos, Paz promulgó su abrogación. La rapidez con la que se desdijo, sin embargo, no desactivó el conflicto, sino que evidenció la fragilidad del gobierno y atizó la manifestación de otros descontentos sectoriales.

La fisonomía de las protestas destaca por su heterogeneidad. No se trata de un bloque monolítico, sino de una confluencia de sectores con agendas disímiles que terminaron encontrando un enemigo común en la inacción gubernamental. Cada actor de este frente mayormente espontáneo de resistencia tiene su agenda.

Los sindicatos campesinos y organizaciones de las naciones originarias han hecho de la defensa del estatus jurídico de la tierra su bandera principal. Encararon semanas de marchas que recorrieron el país a pie, exigiendo la abrogación de la ley de la discordia. Sus exigencias primigenias, luego, dieron lugar al pedido de destitución de los ministros del área económica y la exigencia de que no se penalicen los bloqueos ni el derecho a la protesta.

La Central Obrera Boliviana (COB) amplió el conflicto mucho más allá del debate agrario. Su movilización denuncia el impacto en los trabajadores de la crisis económica actual, marcada por la escasez de combustibles y la pérdida de poder adquisitivo. La COB exige un plan de emergencia económica, control de precios de la canasta básica y un reajuste salarial urgente que compense la pérdida del poder adquisitivo.

El sector del transporte tuvo sus propias razones para protestar: afectados por filas interminables en las estaciones de servicio y por miles de vehículos inutilizados por la venta de combustibles contaminados, los transportistas urbanos e interdepartamentales paralizaron las principales arterias del país. Sus demandas son prácticas: la normalización en cantidad y con calidad asegurada del abastecimiento de hidrocarburos y la disminución de cargas impositivas. Su paro sectorial y las protestas agrarias simultáneas ahogaron las rutas comerciales del eje central del país, creando una incipiente crisis humanitaria al interrumpir los suministros de alimentos en las grandes ciudades.

La parálisis de Rodrigo Paz y el rápido desgaste institucional

La velocidad con la que se erosionó el capital político de Rodrigo Paz Pereira es sintomática de una incapacidad para interpretar la gramática social de Bolivia. Llegó a la presidencia con un discurso institucionalista, enfocado en el libre mercado y la restauración de las instituciones, pero rápidamente evidenció una notable miopía estratégica. En lugar de aplicar una estrategia de contención y resolver las demandas de manera temprana y mediante instancias de diálogo focalizadas, su gobierno optó por desmerecer las protestas, tildándolas de “reacciones políticas anacrónicas” o “sabotajes del ala radical”.

Al ignorar las alarmas en el sector campesino y subestimar el impacto de la escasez de combustibles en las ciudades, el gobierno permitió que conflictos de distinta naturaleza económica y geográfica fueran madurando en paralelo. Cuando el Ejecutivo finalmente reaccionó, ya era demasiado tarde: las agendas sectoriales se habían amalgamado en un petitorio nacional e intransigente. La falta de mayoría propia en la Asamblea Legislativa Plurinacional terminó de maniatar al presidente, evidenciando una preocupante incapacidad de reacción y negociación antes de que los distintos gremios se unieran en un solo bloque opositor en las calles.

Para entender el laberinto actual, es imprescindible contrastar la gestión de Paz con el modelo de gobernanza aplicado durante casi dos décadas por el Movimiento al Socialismo (MAS). Más allá de su predominio en las urnas durante dos décadas, el MAS puso en juego en la gestión su naturaleza de movimiento de movimientos y no de partido político tradicional. De allí nace una estrategia de coparticipación directa del poder, a través de un sistema de cuotas asignadas a los movimientos sociales. Esa institucionalización de los actores encapsuló el conflicto social dentro del propio aparato del Estado, permitiendo desactivar tensiones antes de que estallaran. El gobierno de Rodrigo Paz no les reservó a estos actores ningún espacio cerca del núcleo de decisiones, devolviéndolos a la intemperie institucional e incentivando la reactivación de la protesta callejera como única herramienta de interlocución con el poder político.

Este fenómeno de conflictividad horizontal y bloqueos masivos no es nuevo; representa, de hecho, el retorno al patrón de comportamiento político que caracterizó a Bolivia entre 2000 y 2005, el turbulento período previo a la primera llegada de Evo Morales a la presidencia. Los paralelismos con el pasado reciente son alarmantes. La espiral de reclamos se ha ido enhebrando de modo inquietantemente similar a lo que pasó durante las llamadas “guerras” del agua (en 2000) y del gas (en 2003).

La dimensión internacional: Washington, la OEA y el factor argentino

Con Donald Trump y Marco Rubio a cargo de la política exterior de Estados Unidos, no pasó mucho tiempo hasta que ese país se pronunció sobre este conflicto doméstico, intentando transformarlo en un tablero de disputas políticas hemisféricas. El propio gobierno de Paz ha escalado su retórica y el ámbito de resolución del conflicto a la arena hemisférica, con el canciller Fernando Aramayo solicitando formalmente la asistencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Esta decisión vierte gasolina adicional en el fuego de las protestas. Para los sectores movilizados, la intervención de la OEA evoca de inmediato el oscuro rol que desempeñó la organización bajo la gestión de su entonces secretario general, Luis Almagro, en 2019, cuando sus cuestionados informes de auditoría electoral catalizaron el pronunciamiento militar que forzó la renuncia de Evo Morales. El pedido de Aramayo es leído por los manifestantes no como una búsqueda de mediación neutral, sino como un llamado al tutelaje extranjero. Es en esa clave, más que en las pretextadas razones humanitarias, que hay que entender el envío de alimentos realizado por el gobierno argentino de Javier Milei.

El gobierno de Rodrigo Paz ha dejado que le cuenten tempranamente las costillas. Exhibe hoy la debilidad de los ejecutivos aislados, que ceden ante la calle pero no logran desactivar el descontento de fondo. El vertiginoso desgaste de su figura en apenas seis meses de gestión evidencia que los mecanismos tradicionales de representación política no alcanzan para contener. Si no logra construir puentes orgánicos con el mundo sindical y campesino, y termina delegando la resolución de su crisis interna en actores extranacionales, el país corre el riesgo de ingresar en un bucle de ingobernabilidad crónica. En Bolivia, el tiempo político no se mide en los relojes de los palacios gubernamentales, sino en la resistencia de los puntos de bloqueo que estrangulan sus carreteras.