La cuarta es la vencida: Keiko Fujimori y la ilusión de la estabilidad peruana

Por Gabriel Puricelli

Con la demora a la que obliga el escrutinio hasta el último voto en una elección ajustadísima, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa para el período 2026-2031. Lo hizo tras un escrutinio agónico, con los nervios crispados de una sociedad habituada a dirimir sus destinos políticos en un photo finish. Los números definitivos mostraron a la futura presidenta menos de 50 mil votos por delante del candidato de izquierda Roberto Sánchez. Un país cortado en dos por un láser.

La proclamación produce una inevitable sensación de déjà vu. La escena peruana parece atrapada en una obra de teatro circular, donde el guión se reescribe con ligeras variaciones pero bajo idéntica estructura dramática. Lo vivido en este 2026 se espeja con asombrosa fidelidad en la fractura expuesta en procesos anteriores, singularmente el de 2021. El balotaje, ese artefacto de la ingeniería electoral diseñado para forjar mayorías artificiales a partir de la dispersión, ha vuelto a fabricar la ilusión de dos mitades compactas allí donde en verdad habita un archipiélago de minorías atomizadas.

Para analizar el mandato que obtuvo la líder de Fuerza Popular, hay que proceder a una disección. La geografía electoral vuelve a trazar una línea de demarcación que es tanto territorial como sociológica. Por un lado, Lima metropolitana y las regiones de la costa norte, integradas a los flujos dinámicos de la economía global, blindaron la candidatura fujimorista como un dique de contención contra el cambio de modelo. Por el otro, el sur andino, la Amazonía y las zonas rurales postergadas se volcaron masivamente hacia la izquierda, reeditando un patrón de resistencia que ya parece estructural.

Como bien apunta la politóloga Omayra Peña Jiménez, del Instituto de Estudios Peruanos, lo que vemos “no es una grieta coyuntural, es una fractura estructural que el sistema político no ha sabido procesar”. Las instituciones peruanas operan bajo una lógica de confrontación perpetua y no facilitan la edificación de consensos mínimos. En este escenario, la victoria de Fuerza Popular no se explica por una súbita ola de entusiasmo doctrinario, sino por la tenue erosión del antifujimorismo.

En efecto, hay síntomas de que el peso del pasado ya no gravita de la misma forma sobre las nuevas cohortes de votantes. Para el electorado joven, los episodios más sombríos de la década de los noventa pertenecen más al territorio de los textos escolares que a la memoria emotiva. El fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori en 2024 puede haber operado como un deceso simbólico de la vieja polarización; al desaparecer el cuerpo físico del autarca, la discusión sobre el indulto “humanitario”, recurrente en anteriores elecciones, perdió su centralidad como tema de campaña, permitiendo a Keiko Fujimori centrarse en la cuestión del orden y la gestión de la economía contemporánea.

La siempre esquiva estabilidad

Despejada la incógnita del triunfador electoral, queda en el aire la pregunta de si la presidencia de Keiko logrará quebrar la maldición de la inestabilidad crónica que eyectó de la Casa de Pizarro a sus antecesores inmediatos. Desde 2016, Perú se convirtió en un régimen triturador de presidentes, con destituciones por «incapacidad moral permanente» a repetición. Sin embargo, existen razones para especular con que la gestión a punto de iniciarse gozará tal vez de cierta estabilidad.

La primera diferencia sustantiva radica en la naturaleza del oficialismo en ciernes. Los gobiernos anteriores —desde el tecnocrático y débil esquema de Pedro Pablo Kuczynski hasta el amateurismo desarticulado de Perú Libre con Pedro Castillo, pasando por la orfandad parlamentaria de Dina Boluarte— carecieron de organizaciones políticas reales que los respaldaran. Eran franquicias electorales efímeras o coaliciones de ocasión. Fuerza Popular, por el contrario, representa el artefacto partidario mejor estructurado, disciplinado y longevo del Perú contemporáneo. Su bancada en el nuevo Congreso bicameral puede llegar a ser inmune al transfuguismo que suele atomizar los grupos parlamentarios.

A este factor organizativo se suma una reconfiguración del tablero legislativo. El Congreso muestra menos fragmentación parlamentaria y la derecha conservadora tiene una presencia compacta, que puede llegar a ser mayoritaria. No obstante, esta posible estabilidad no equivale automáticamente a un apoyo popular sólido. La impaciencia es la actitud que prevalece en los electorados de las democracias contemporáneas y no sería sorprendente constatar en breve que no hay “luna de miel” de Keiko con la opinión pública.

¿Un autoritarismo previsor?

Es en este cruce entre posible estabilidad parlamentaria y fragilidad social donde cabe atender las advertencias del docente e investigador de la Universidad del Pacífico Roger Merino sobre la emergencia de lo que denomina una “dictadura por diseño”. Este académico contrasta el fujimorismo de segunda generación con la experiencia autocrática de los años noventa liderada por el padre de la nueva presidenta y Vladimiro Montesinos.

Según Merino, el diseño autoritario de los noventa se fue improvisando sobre la marcha. Por el contrario, el escenario que se prefigura bajo Keiko invierte esa lógica temporal y esboza un “autoritarismo preventivo”, cocido a fuego lento en múltiples iniciativas parlamentarias en los últimos años. Mediante contrarreformas legislativas y un sutil copamiento de los organismos autónomos —incluyendo el Tribunal Constitucional y los entes del sistema electoral—, Keiko ha edificado una arquitectura legal a la medida de sus intereses. Este reformateo busca debilitar los contrapesos republicanos y crear un escudo de impunidad preventivo: se han restituido los tribunales policiales-militares para juzgar los actos de represión bajo la figura de “delitos de función” y se ha blindado de manera anticipada a las fuerzas públicas frente a eventuales procesos por violaciones a los derechos humanos, debilitando el control de convencionalidad de los magistrados locales.

La gran incógnita a despejar a partir de la toma de posesión es cómo reaccionará el Perú excluido de los beneficios de la modernización globalizada. Carlos Meléndez anticipa que la verdadera oposición al gobierno de Keiko Fujimori no se articulará en los pasillos del Congreso sino en las calles de Lima y, sobre todo, de las regiones donde más arraigados están los movimientos sociales y donde Keiko tuvo una votación marcadamente minoritaria.

El sur andino ha sido históricamente un foco de resistencia irreductible frente al tirón centralista de Lima. El estallido social de los años 2022 y 2023 dejó una profunda huella de resentimiento y demandas de justicia insatisfechas que la transición institucional posterior simplemente decidió ignorar. Con la infraestructura legal autoritaria ya lista y un discurso oficial que criminaliza preventivamente la movilización ciudadana, el riesgo de una recaída en la violencia estatal no se puede descartar.

Para los actores económicos dominantes, la continuidad está garantizada bajo la enseña de la certidumbre tecnocrática. La promesa de mantener a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva funciona como el bálsamo habitual. Sin embargo, los equilibrios macroeconómicos son de una fragilidad extrema cuando se asientan sobre sociedades fracturadas. Keiko Fujimori ha logrado finalmente coronar la ambición mítica de su apellido, pero el país que recibe está lejos de ser el del orden pacificado de los noventa. Es una caldera cuyo diseño de seguridad está pensado para contener la presión, pero no para apagar el fuego.