El pueblo saharaui vive atrapado en un pliegue del tiempo. Llegó tarde al proceso de descolonización y un acuerdo tripartito sancionó la entrega de su territorio por el colonizador español a Marruecos y Mauritania. Una semana antes de la muerte de Francisco Franco, los colonizadores pactaban retirarse a cambio de que marroquíes y mauritanos dejaran que sus pesqueros siguieran depredando las costas de lo que hace décadas debería ser la República Árabe Saharaui Democrática.
A diferencia de Portugal, cuyos oficiales enviados como pretores se sublevaron contra el salazarismo y se empeñaron en devolverle a los africanos lo que era suyo, al mismo tiempo que apuntaban sus fusiles cargados de claveles contra la dictadura en Lisboa, el tardofraquismo quiso asegurarse la continuidad de la rapiña, haciendo como que aceptaba el proceso de descolonización decidido por las Naciones Unidas.
Sin embargo, fue la monarquía marroquí la que sacó provecho de la situación, organizando la Marcha Verde de ocupación del territorio colonial y cumpliendo menos que a medias su pacto con el falangismo, apenas éste fue reemplazado por la democracia. A Mauritania le bastaron tres años para darse cuenta de que poco ganaba controlando un pedazo de desierto y negando a un pueblo poco numeroso y sufrido el derecho a su propio territorio: se retiró en 1979 y el rey de Rabat inmediatamente se apropió de ese pedazo para su sueño de Gran Marruecos.
En casi cuatro décadas, todas las iniciativas de Naciones Unidas para completar la descolonización del Sahara Occidental han sido rechazadas y resistidas por Marruecos, que ha impedido la realización del referéndum promovido por la ONU desde 1991, aún después de que la misma ONU confeccionara el padrón para el mismo, en 1999. El gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, establecido por el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro (POLISARIO), representativo de la mayoría de la población autóctona y respaldado por Argelia, es la expresión política de una nación sin estado que tiene que resistir una política marroquí apoyada en dos pilares: la represión y la promoción de la emigración de sus ciudadanos hacia el antiguo territorio colonial. Todo el tiempo ganado por la monarquía es tiempo ganado para inclinar la balanza demográfica y generar condiciones para negarle definitivamente a los saharauis el derecho a ser un estado-nación.
El proyecto de Gran Marruecos ha significado una denegación masiva e indiscriminada de derechos y condenado a una entera población humana a una vida en campos de refugiados, que llevan tanto tiempo allí que una parte de la comunidad internacional lo ha olvidado, cuando no naturalizado.
El primer día de abril pasado, el diario guayaquileño "El Telégrafo", extractó algunas líneas del texto que sigue para un artículo a propósito de los 30 años transcurridos desde que Leopoldo Fortunato Galtieri decidiera desembarcar en las Islas Malvinas.
La aventura militar en Malvinas fue el intento desesperado de un régimen criminal de usar una reivindicación nacional para perpetuarse en el poder. Un régimen que no había ahorrado sangre para someter a los sectores populares que venían desafiando la hegemonía del capital, quiso saciarse con la sangre de cientos de jóvenes de 18 años reclutados a la fuerza para quedarse en el poder por una generación. Cada aniversario de ese conflicto, nos recuerda de dónde proviene la democracia argentina: de la derrota militar de un gobierno que no quería las Malvinas para la Argentina, sino todo el poder para sí.
Cada aniversario pone a la Argentina también frente a la dura realidad de que la fuerza de tareas británica, al aplastar la guarnición argentina, puso al país infinitamente más lejos de poder ejercer la soberanía sobre el archipiélago de lo que estaba cuando comenzó, fruto de una paciente diplomacia, a obtener un eco de sus reclamos en la Organización de Naciones Unidas.
En estos 30 años, los argentinos han construido un régimen democrático estable y han retomado el camino de la diplomacia para argumentar sus derechos. Argentina se colocó en las antípodas de la posición amenazante que adoptó el gobierno dictatorial durante el aciago semestre de 1982 en que construyó una escalada que terminó en desastre. Argentina no sólo dejó de ser una amenaza, sino que hasta inscribió en su Constitución, en ocasión de su escueta reforma en 1994, la obligación de perseguir su objetivo por medios exclusivamente pacíficos.
Treinta años después, el capitán que estuvo encargado del primer episodio de la escalada, a la cabeza de un destacamento en las islas Georgias del Sur, está preso por haber disparado contra los opositores a la dictadura las balas que se ahorró al rendirse ante los británicos sin llevar la mano a su fusil. El aura de “héroes” que criminales como Alfredo Astiz quisieron darse al regresar de la batalla que llevó al país a una derrota absurda ha quedado completamente disipada y esa breve guerra cuenta hoy como uno más de los crímenes que cometió el terrorismo de Estado entre 1975 y 1983.
Toda América del Sur retomó la senda de la democracia en el curso de las tres últimas décadas. En ese contexto, los gobiernos surgidos de la voluntad popular han ido desactivando los conflictos que le daban de comer a los autócratas (militares y de los otros) de cada país y ha surgido una conciencia creciente del papel que toda la región está llamada a jugar en un mundo cambiante, en el que los viejos poderes imperiales retroceden y en el que la soberanía se define no sólo ya por el control de territorios, sino por el de los recursos que éstos contienen. Esa nueva realidad es la que va inclinando tan pausada como decisivamente las Malvinas hacia su integración soberana (con unos isleños que habrán de ser ciudadanos plenos) en la América del Sur del siglo XXI.
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