viernes, 22 de octubre de 2010
jueves, 21 de octubre de 2010
Censo 2010: lo que no se va a poder contar
No nos vamos a hacer cargo de la necedad sin remedio de los que (igual que la ultraderecha republicana en EE.UU.) usan la cadena electrónica de la estupidez para decir que no hay que censarse. Sí vamos a discutir donde corresponde la metodología y la implementación, que cabe cargar a la cuenta de la incompetente y deletérea intervención que está asolando el INDEC desde marzo de 2007.
Este viernes 22 de octubre, a las 17:00 horas, en el aula 304, de la sede de Marcelo T. de Alvear 2230 de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Carlos Achigar (Delegado Junta Interna ATE-INDEC) nos presenta el documento que elaboraron los colegas trabajadores del INDEC y Sebastián Bruno (Docente e investigador de la facultad) lo comenta. Están invitadas e invitados.
Este viernes 22 de octubre, a las 17:00 horas, en el aula 304, de la sede de Marcelo T. de Alvear 2230 de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Carlos Achigar (Delegado Junta Interna ATE-INDEC) nos presenta el documento que elaboraron los colegas trabajadores del INDEC y Sebastián Bruno (Docente e investigador de la facultad) lo comenta. Están invitadas e invitados.
jueves, 14 de octubre de 2010
Los distraídos del golpe
Decíamos en Radio Provincia de Buenos Aires acerca del fallido golpe en Ecuador. Y pensar que hubo quienes dijeron que no hubo intento de golpe...
miércoles, 6 de octubre de 2010
Desinversión demorada: ¡a fondo con el resto de la LSCA!
Acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín contra la vigencia del artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que obliga a desinvertir a las empresas que tienen posiciones dominantes en el mercado, lo primero que hay que leer entre lo que se ha escrito es la rápida reacción de Martín Becerra, uno de los mentores intelectuales del proceso de democratización en curso. La velocidad con que articuló este análisis no lo hace menos agudo, a las vez que matizado y saludablemente optimista.
También vale lo que prescribe como política pública concreta: poner en práctica rápido, pero sobre todo bien, aquello que la parte vigente de la LSCA manda hacer, que es mucho.
Para los que les dé fiaca zambullirse en la breve lectura propuesta, vaya aquí un rápido subrayado: "la unanimidad del fallo de la Corte Suprema amerita una lectura tan importante como sus considerandos," que es una respuesta a un "gobierno [que] en su estrategia polarizadora se obsesionó en los últimos dos meses con el artículo 161" y que, así, demoró "la aplicación de una norma que contiene muchas otras disposiciones que permitirían desconcentrar el mercado de medios." También dice el Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes que la "hipertrófica concentración es resultado de decisiones políticas adoptadas por todos los gobiernos desde 1974 y hasta 2008," con lo que alude a la desafortunada medida tomada en 2005 que atrasó todo el proceso desmonopolizador: la renovación de las licencias del Grupo Clarín hasta 2025, cuando originalmente vencían en 2015.
También aportaron al debate inicial dos de los que votaron la norma. Pino Solanas planteó con razón que "el artículo 161 no es más importante que otros artículos que garantizan un abono social de cable o la producción local", agregando además que "hay que garantizar la pluralidad de voces sin elegir entre monopolios privados o nuevos monopolios de amigos del poder." La diputada Checha Merchán sumó también su voz y nos permite cerrar con sus dichos este post: "en la justicia están trabados dos artículos de la LSCA pero hay 164 q tienen vigencia. Si se cumplen, avanza la pluralidad."
lunes, 4 de octubre de 2010
Ecuador tras el sofocón golpista
Derrotado el golpe, ¿se relanza Correa?
por Gabriel Puricelli
Miradas al Sur
Domingo 3 de octubre de 2010
La casa está en orden en Ecuador. Como todo intento de golpe, aun fallido, el trauma deja al cuerpo democrático de la nación de que se trate, temblando con las reverberaciones de inseguridad y ansiedad que suceden a toda experiencia que lleva a atisbar el abismo. Ese temblor tiene el eco de lo sucedido en 2002 en Venezuela, en 2009 en Honduras y el de la amenaza permanente de juicio político que pesa sobre Fernando Lugo en Paraguay, desde 2008. Esa inseguridad y esa ansiedad no pueden ser calmadas siquiera con la certeza que acompañaba a los golpes del siglo XX, cuando se sabía dónde se planificaban y a qué lógica común obedecían. Las intentonas y el único golpe exitoso de este siglo XXI obedecen primordialmente a dinámicas endógenas de cada país, que tienen en común la tensión entre clases dominantes descolocadas por la pérdida de su rol dirigente, pero que no están unidos más que por el débil hilo de esa descolocación.
El presidente Rafael Correa sale contradictoriamente debilitado y fortalecido del fracaso del golpe de Estado protagonizado por la policía. Debilitado, porque quedó en evidencia cuánto se apoya el proceso de la Revolución Ciudadana en el vértice personalísimo del presidente y cuán lapidario podría ser para ese proceso un magnicidio, del cual se estuvo durante horas a milímetros. Fortalecido, porque tras superar airoso la intentona puede aprovechar el “efecto demostración” de la victoria ante los golpistas para renovar el aire de su gobierno, altamente popular, pero erosionado por su pelea con los movimientos indígenas y por la indisciplina del bloque parlamentario de Alianza Pais (Patria Altiva I Soberana), que no le respondió cuando la Asamblea Nacional trató el veto presidencial a la Ley de Servicio Público. Un gobierno que elige no acumular poder (el jefe de Estado sigue careciendo de un partido propio organizado que lo apoye), sino hacerlo circular, necesita de demostraciones reiteradas de que lo tiene y de que lo ejercita con eficacia, ya que su legitimidad deriva de ahí y no de la investidura que detente o de las instituciones que controle.
La intentona parece haber servido para demostrar también que la oposición a Correa no es mayoritariamente golpista y que los sectores que sí lo son (los que pusieron el golpe en práctica y los que se manifestaron de diversos modos dispuestos a acompañar) carecen de vertebración política y de organicidad social. Ello no quiere decir que en Ecuador un gobierno popular no deba preocuparse por la burguesía bananera (en un país que es el primer productor y exportador del mundo), o por los sectores vinculados al sector exportador de la economía y a la producción de cacao, sino que no parece existir hoy una articulación político-social que tenga atisbos de la coherencia y cohesión de la oligarquía hondureña o del bloque que estuvo detrás del fallido golpe en Venezuela en 2002.
El limitadísimo despliegue geográfico del golpe indicaría que carece también de bases regionales que pudieran amenazar el poder en Quito, es decir que no emerge nada parecido a la contestación antimasista que ha amenazado desde la media luna oriental de Bolivia a Evo Morales. Esto último se debería considerar especialmente importante, en tanto la política ecuatoriana se ha organizado históricamente en torno de la polaridad entre la costa (con Guayaquil como eje, ciudad que controla la derecha) y la sierra (donde se hallan, entre otras ciudades, Quito y Cuenca): sin embargo, esa tensión no se ha transformado en el elemento estructurante del antagonismo entre Correa y su fragmentada y variopinta oposición. Concretamente, durante las horas de tensión, en Guayaquil, bastión del Partido Social Cristiano, se mantuvo la normalidad y su alcalde, Jaime Nebot, se manifestó contra todo intento de golpe.
Ello no significa que la Revolución Ciudadana tenga el terreno allanado. Por el contrario, el debilitamiento de su apoyo entre los indígenas, un crecimiento económico mediocre, limitado por la dolarización de la economía (Ecuador abolió su moneda nacional) y la persistencia del poder económico de los sectores de la burguesía ya mencionados, son todos factores que se pueden combinar y poner en peligro su gobierno.
El papel de la Unasur con su relampagueante y unánime reacción en favor de la democracia ecuatoriana catalizó el frente antigolpista y selló toda fisura a través de la cual un hipotético gobierno ilegítimo podría haber soñado en obtener aceptación de sus vecinos. Sin embargo, no todas son rosas tampoco en el frente internacional futuro para Correa: persiste la tensión con Brasil, debido a la cancelación de los contratos de la constructora Odebrecht, y Brasilia (aunque haya pasado desapercibido en medio de la ebullición de la competencia electoral) sólo envió una representación de nivel medio a la cumbre de Buenos Aires y para la delegación de cancilleres que se reunió el viernes en Quito con el ratificado líder de Ecuador.
por Gabriel Puricelli
Miradas al Sur
Domingo 3 de octubre de 2010
La casa está en orden en Ecuador. Como todo intento de golpe, aun fallido, el trauma deja al cuerpo democrático de la nación de que se trate, temblando con las reverberaciones de inseguridad y ansiedad que suceden a toda experiencia que lleva a atisbar el abismo. Ese temblor tiene el eco de lo sucedido en 2002 en Venezuela, en 2009 en Honduras y el de la amenaza permanente de juicio político que pesa sobre Fernando Lugo en Paraguay, desde 2008. Esa inseguridad y esa ansiedad no pueden ser calmadas siquiera con la certeza que acompañaba a los golpes del siglo XX, cuando se sabía dónde se planificaban y a qué lógica común obedecían. Las intentonas y el único golpe exitoso de este siglo XXI obedecen primordialmente a dinámicas endógenas de cada país, que tienen en común la tensión entre clases dominantes descolocadas por la pérdida de su rol dirigente, pero que no están unidos más que por el débil hilo de esa descolocación.
El presidente Rafael Correa sale contradictoriamente debilitado y fortalecido del fracaso del golpe de Estado protagonizado por la policía. Debilitado, porque quedó en evidencia cuánto se apoya el proceso de la Revolución Ciudadana en el vértice personalísimo del presidente y cuán lapidario podría ser para ese proceso un magnicidio, del cual se estuvo durante horas a milímetros. Fortalecido, porque tras superar airoso la intentona puede aprovechar el “efecto demostración” de la victoria ante los golpistas para renovar el aire de su gobierno, altamente popular, pero erosionado por su pelea con los movimientos indígenas y por la indisciplina del bloque parlamentario de Alianza Pais (Patria Altiva I Soberana), que no le respondió cuando la Asamblea Nacional trató el veto presidencial a la Ley de Servicio Público. Un gobierno que elige no acumular poder (el jefe de Estado sigue careciendo de un partido propio organizado que lo apoye), sino hacerlo circular, necesita de demostraciones reiteradas de que lo tiene y de que lo ejercita con eficacia, ya que su legitimidad deriva de ahí y no de la investidura que detente o de las instituciones que controle.
La intentona parece haber servido para demostrar también que la oposición a Correa no es mayoritariamente golpista y que los sectores que sí lo son (los que pusieron el golpe en práctica y los que se manifestaron de diversos modos dispuestos a acompañar) carecen de vertebración política y de organicidad social. Ello no quiere decir que en Ecuador un gobierno popular no deba preocuparse por la burguesía bananera (en un país que es el primer productor y exportador del mundo), o por los sectores vinculados al sector exportador de la economía y a la producción de cacao, sino que no parece existir hoy una articulación político-social que tenga atisbos de la coherencia y cohesión de la oligarquía hondureña o del bloque que estuvo detrás del fallido golpe en Venezuela en 2002.
El limitadísimo despliegue geográfico del golpe indicaría que carece también de bases regionales que pudieran amenazar el poder en Quito, es decir que no emerge nada parecido a la contestación antimasista que ha amenazado desde la media luna oriental de Bolivia a Evo Morales. Esto último se debería considerar especialmente importante, en tanto la política ecuatoriana se ha organizado históricamente en torno de la polaridad entre la costa (con Guayaquil como eje, ciudad que controla la derecha) y la sierra (donde se hallan, entre otras ciudades, Quito y Cuenca): sin embargo, esa tensión no se ha transformado en el elemento estructurante del antagonismo entre Correa y su fragmentada y variopinta oposición. Concretamente, durante las horas de tensión, en Guayaquil, bastión del Partido Social Cristiano, se mantuvo la normalidad y su alcalde, Jaime Nebot, se manifestó contra todo intento de golpe.
Ello no significa que la Revolución Ciudadana tenga el terreno allanado. Por el contrario, el debilitamiento de su apoyo entre los indígenas, un crecimiento económico mediocre, limitado por la dolarización de la economía (Ecuador abolió su moneda nacional) y la persistencia del poder económico de los sectores de la burguesía ya mencionados, son todos factores que se pueden combinar y poner en peligro su gobierno.
El papel de la Unasur con su relampagueante y unánime reacción en favor de la democracia ecuatoriana catalizó el frente antigolpista y selló toda fisura a través de la cual un hipotético gobierno ilegítimo podría haber soñado en obtener aceptación de sus vecinos. Sin embargo, no todas son rosas tampoco en el frente internacional futuro para Correa: persiste la tensión con Brasil, debido a la cancelación de los contratos de la constructora Odebrecht, y Brasilia (aunque haya pasado desapercibido en medio de la ebullición de la competencia electoral) sólo envió una representación de nivel medio a la cumbre de Buenos Aires y para la delegación de cancilleres que se reunió el viernes en Quito con el ratificado líder de Ecuador.
sábado, 2 de octubre de 2010
viernes, 1 de octubre de 2010
¡Correa manda!
La Revolución Ciudadana bajo fuego
Por Gabriel Puricelli
Página12
Viernes 20 de agosto de 2010
Un brote anómico de la policía ecuatoriana ha hecho trastabillar al “gobierno de la Revolución Ciudadana” de Rafael Correa. Lo que ha constituido desde el principio un golpe de Estado, en tanto arrebató de las manos del mandatario el monopolio de la fuerza legítima, fue una acción que parece inspirada en dosis parejas de oportunismo y de conspiración.
Quienes la decidieron saben que el presidente Correa ha optado desde siempre por una estrategia de poder que consiste en la renovación permanente de la legitimidad de su gobierno y que desdeña la cristalización del poder en partidos o instituciones. Como una bicicleta que sólo mantiene su equilibrio si sostiene cierta velocidad, se trata de un poder al que una embestida lateral puede hacer rodar por tierra, a condición de que su velocidad sea baja. Algunas indicaciones de pérdida de velocidad habían provenido de la ruptura del movimiento Pachakutik (brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie) con Correa, de las protestas recientes de algunos sindicatos y –sobre todo– de la ruptura del bloque parlamentario de la oficialista Alianza País (Patria Altiva I Soberana) en la Asamblea Nacional, a la hora de considerar el veto del Ejecutivo a la Ley de Servicio Público.
Estos hechos actuaron como señal para una fuerza golpista que estaba agazapada y que esperaba la ocasión de comprobar si el de Correa era un gobierno tan débil como los de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad o Lucio Gutiérrez, protagonistas de esa endémica inestabilidad ecuatoriana a la que Correa le puso fin. Puesto a prueba, ha demostrado disponer de unas reservas de energía ciudadana de las que carecieron sus predecesores, con su legitimidad carcomida por dosis variables de locura, corrupción y neoliberalismo.
La intentona se resiste a ser leída en clave de los viejos golpes del tiempo de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Es por eso que la hiperactividad diplomática de la Unasur y sus miembros y los reflejos ágiles de la OEA pueden ayudar a ponerle fin rápidamente. Es por eso que la reacción de los EE.UU. es claramente condenatoria y que hasta el pinochetismo chileno la rechaza. No se trata de una repetición de Honduras, en tanto no se puede trazar una correspondencia inmediata de los golpistas con una clase social.
En la medida en que termine de fracasar un golpe cuya acción no parece alcanzar a expandirse territorialmente, tal vez Correa decida avanzar en la propuesta que ya había hecho días atrás: ejecutar la “muerte cruzada” de Asamblea Nacional y presidencia que prevé la Constitución, para renovar otra vez su legitimidad en las urnas y recuperar velocidad de marcha. Sin ella, la Revolución Ciudadana puede ser vulnerable al ataque de la reacción.
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