¿Es esto una reforma?

Media sanción a media reforma
Por Gabriel Puricelli
Miradas al Sur
Domingo 22 de noviembre de 2009

Aunque se las haya adoptado después de que algunos daños ya han sido hechos, las disposiciones sobre financiamiento de las campañas electorales a las que la Cámara de Diputados dio media sanción esta semana, son un avance. Algo parecido se puede decir de aquellas que impedirán en el futuro las listas “colectoras” (que repartían entre aliados políticamente imposibles el efecto de arrastre de alguna candidatura personalista) y “espejo” (que regalaban a listas que representaban a partidos ficticios la posibilidad de retener la personería electoral). Se ha elevado también el costo de oportunidad de romper con un partido para aprovechar la popularidad personal, haciendo frente a un mal endémico de las democracias contemporáneas.

Argumentaremos aquí (y se podrá disentir con razones atendibles) que a tales remedios parciales les queda grande la denominación de “reforma política”. Y diremos con más énfasis aún (y nos sorprendería que alguien encuentre argumentos adultos que permitan refutarnos) que todo es poquísima cosa para justificar el título rimbombante y grandilocuente que se eligió para tan modesto proyecto: Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. En el futuro, ¿qué título quedará disponible para un proyecto de ley que ataque en profundidad los problemas de diseño institucional que, como una rueda pinchada, permiten que a la legalidad electoral se le escape la legitimidad, es decir el apego ciudadano a esas instituciones?

El proyecto que obtuvo media sanción modifica las reglas de juego nacionales con los votos de uno solo de los equipos que intervienen en ese juego: los votos provinieron de facciones de un mismo, único partido, con el aditamento de agrupaciones provinciales que no aspiran a participar fuera del ámbito subnacional. Eso solo debería haber disuadido al oficialismo de avanzar con el proyecto, al menos hasta que no encontrara temas sobre los cuales pudiera acordar con al menos alguno de sus fragmentados contrincantes. Por cierto, la UCR votó en contra sabiéndose favorecida por la norma y sabiendo que votar de ese modo habilitaba igual su pase al Senado, pero eso no invalida nuestro argumento: más bien, puede cuestionar la validez ética de la posición de los legisladores de ese partido.

Una reforma política que merezca el nombre de tal necesita lidiar con muchos más temas que aquellos a los que el Poder Ejecutivo eligió limitarse, mirando sólo hacia 2011. Nuestro sistema de partidos (y esto es un consenso unánime) se encuentra en estado de fluidez desde 2001 y su vieja configuración bipartidista sui generis no ha hecho sino debilitarse sin cesar desde, al menos, 1993. La simple constatación de esto debería llevar a revisar el mecanismo de representación electoral, que nos devuelve el espejismo de un bipartidismo parlamentario que no se condice con lo que un voto ciudadano fragmentado canta en los resultados electorales. La sobrerrepresentación en número de diputados de las provincias más pequeñas es un sinsentido en un sistema bicameral, en el que el Senado consagra la igualdad legal de los estados federados, y distorsiona el principio de representación proporcional, que sólo es matemáticamente posible en los cuatro distritos electorales que disponen de más bancas. Ello condena a no estar representados en el parlamento a centenares de miles de argentinos que votan por pequeños partidos con presencia en todo el país, pero con fuerza insuficientemente concentrada en ningún distrito como para que el actual sistema les permita llegar al Congreso. Modificar el número de diputados por provincia implicaría una reforma de la Constitución Nacional: sin llegar a tanto, se podría definir una norma que obligue a que la representación proporcional se dé sobre el total nacional de votos y no sobre los votos obtenidos en cada uno de los 24 distritos electorales considerados individualmente. Este efecto del actual sistema premia a los partidos atrapa-todo, ideológicamente fofos, y penaliza a los partidos de base programática. Así, se nos asegura a los argentinos la certeza de qué camiseta estamos eligiendo, pero se nos condena a la lotería en cuanto a la ideología del portador de la misma. Se consagra sistémicamente el principio marxista (por Groucho) que permite la elección de candidatos que nos dicen “tengo estos principios, pero si no le gustan, tengo estos otros”.

Hay otra voluntad de los ciudadanos que el sistema actual ignora y que el proyecto del PEN sigue ignorando. Se nos dice que es absurdo que existan una treintena de partidos legalmente reconocidos a nivel nacional, pero lo que se nos propone es que aceptemos la validez de afiliaciones fósiles, que datan de aquella gran gesta democrática que fue la campaña de afiliación masiva de 1982, en que la ciudadanía se movilizó para que los militares se fueran echados. Las afiliaciones deberían tener fecha de caducidad, para poder constatar periódicamente la renovación o no de las adhesiones a los partidos. La UCR ha sacado menos votos que los afiliados que tiene en más de una oportunidad. A excepción del PJ, casi no hay partido entre la mencionada treintena que tenga más votos que afiliados. No es extraño entonces que cuando uno enumera esa lista, la reacción de los argentinos de a pie sea: “¿pero cómo, ese partido todavía existe?”

Ahora bien, los ciudadanos no se contentan con sancionar a muchos partidos con la extinción real. Por el contrario, buscan siempre nuevos canales de expresión dentro de la democracia: a los nuevos partidos que resultan de esa búsqueda, los partidos fósiles les quieren complicar el nacimiento y su consolidación, con requisitos de afiliación que se aplican más a las condiciones de 1982 que a las del país del desencanto político.

Torcuato Di Tella propone, incansable, un bipolarismo ideológico. Más de un presidente se ha declarado favorable a esa idea. Pero la realpolitik se ha impuesto y todos han terminado refugiados en los grandes partidos con “identidad” y sin programa que los han llevado al gobierno. Sería ingenuo esperar que esos partidos se autorreformen sin introducir incentivos. Y eso podría lograrse, tal vez, con un sistema de voto transferible como el de Irlanda o Australia, que permite a los electores votar por el partido al que adhieren con mayor intensidad y dejar constancia también con su voto de a qué otro partido adherirían si a su primera opción no le alcanzaran o le sobraran los votos. Ello obligaría al PJ y a la UCR a definir con claridad afinidades ideológicas, para asegurarse la cercanía de los votantes de opciones más modestas, pero más programáticas.

El único modo de aprovechar las mejoras aprobadas es una mesa de diálogo en la que no falte ninguno de los partidos realmente existentes y donde no se le esquive al bulto a la reforma ambiciosa que el sistema necesita, si es que aspira a la continuada adhesión del pueblo y no sólo a proveer un circuito sencillo para las carreras políticas de algunos.