¿La enésima es la vencida?

"Miradas al Sur"
12 de julio de 2009
Reforma política: mucho más que una interna abierta

Por Gabriel Puricelli

El discurso de la Presidenta Cristina Fernández en el último aniversario de la Independencia incluyó un llamado a discutir la reforma política que no es nuevo: es una de aquellas cuestiones de la agenda democrática que están pendientes y de la que todos dicen querer discutir. Sin embargo, en esta cuestión sólo se avanza espasmódicamente. Una aproximación poco productiva a las palabras de la Jefa de Estado sería tratar de determinar ex ante cuán dispuesto está su gobierno a promover un debate conducente a una reforma efectiva. Una que tome más al pie de la letra lo dicho en Tucumán preferirá darse de inmediato a la tarea de identificar los temas que ese debate debería resolver, apropiándose de la convocatoria sin condiciones ni peros.

Hay un día cada dos años en que la disfuncionalidad ridícula de ciertos aspectos de nuestro sistema electoral le queda clara a todos los ciudadanos, aun a esa gran mayoría que es poco dable esperar se entusiasme con el debate de la reforma política: el día de las elecciones. Más precisamente cuando ingresan al cuarto oscuro y se encuentran con una cacofonía de boletas electorales que expresan más la proliferación de sellos legales que mal podríamos llamar partidos y la falta de regulación de las luchas internas de las agrupaciones políticas, que una expresión de genuino pluralismo ideológico. Se trata del único punto de partida obvio en la discusión de la reforma: simplificar la experiencia en el cuarto oscuro. La boleta única aparece como la salida preferida y no la contrapondremos aquí con el voto electrónico, porque esa es una opción tecnológica para la implementación del modo de votación y no un modo de votación en sí.

Lo que debería importar en este aspecto, no es sólo la forma de expresar el voto, sino –más relevante aún– garantizar que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar que todos podamos optar por cualquiera de los partidos y candidatos cuya oficialización la Justicia Electoral haya aceptado. Tal como son las cosas hoy, no sólo está siempre abierta la ventana a un desorden que confunde en el cuarto oscuro, sino que el Estado delega en los partidos la responsabilidad de poner las boletas en cada cuarto oscuro. Así se priva a centenares de miles de ciudadanos (más, cuanto más nos alejamos de la ciudad de Buenos Aires) de ejercer su derecho a optar, porque hay boletas que simplemente no están en el cuarto oscuro que le toca en desgracia. Hay aquí una obligación constitucional incumplida: remediar esto no puede ser sino el punto uno de cualquier debate honesto.

La presidenta eligió en Tucumán, sin ser exhaustiva en los temas que proponía discutir, referirse a las internas abiertas obligatorias y simultáneas vigentes en la provincia de Santa Fe e inspiradas en el sistema uruguayo (justamente el mismo 28 de junio en que los argentinos renovamos el parlamento, los orientales eligieron a los candidatos que van a competir en las próximas presidenciales, usando ese método). Por más de un motivo no debería ser ese tal vez el primer cambio a considerar. En primer lugar, porque ese cambio ya había sido hecho ley después de la crisis de 2001 y no sólo nunca se implementó, sino que (luego de suspenderse su aplicación), se derogó directamente en 2006, con el consenso unánime de los mismos actores que ahora deberían participar de la discusión que se propone. La derogación a nivel nacional del sistema que sí conservó Santa Fe indica una de dos cosas: o el sistema era directamente malo o bien la cultura política imperante (que, salvo que algo muy importante se nos haya pasado por alto, es la misma que imperaba en 2006) es incompatible con él. El politólogo Roberto Bavastro señaló acertadamente esta semana que la interna abierta es una ocasión idéntica a la de las elecciones generales para dirimir a golpes de dinero la cuestión de las candidaturas.

Y es precisamente la cuestión del dinero en la política la que se debería considerar de manera más urgente. Venimos de ser apabullados por la capacidad de algunos individuos indeciblemente adinerados de pavimentar de billetes su camino hacia el Congreso (la provincia de Buenos Aires y Salta mostraron los casos más clamorosos). En este terreno, debería ser puesta en cuestión la aplicación de las leyes que ponen límites tanto a la duración de las campañas, como al monto de dinero que se puede utilizar durante las mismas. Cualquiera que haya recorrido los accesos a Buenos Aires sabe que un candidato inició su campaña hace dos años, violando las pautas legales de duración, y hasta uno de sus socios dudó cínicamente de la legalidad de la rendición de sus gastos ostensiblemente violatorios de los límites formales establecidos. El rol de la Justicia Electoral y las penas por delitos electorales deberían tal vez tomar precedencia sobre el único tema evocado por la presidenta.

Sin poder extendernos aquí sobre todas la cuestiones que parecería de sentido común atacar en un debate franco sobre el elemento primigenio de las reglas electorales, hagamos sí una rápida enumeración de cuestiones a rectificar. La constitución prevé la existencia de un Senado para igualar formalmente a las provincias que dan origen a la federación argentina. Es por ello que distingue entre los representantes "de las provincias" que se sientan en la cámara alta y los "del pueblo de la Nación" que lo hacen como diputados. Sin embargo, las provincias Están sobrerrepresentadas en la cámara baja, en detrimento del pluralismo ideológico del parlamento. Al PJ de La Rioja o a la UCR de Catamarca le bastan unas decenas de miles de votos para obtener diputaciones que le son negadas a partidos nacionales que obtienen diez veces más votos, pero en distritos grandes. Esto implica que algunas reformas pueden tener implicancias constitucionales, aunque también es posible que se puedan imaginar leyes electorales que no obliguen a tocar el texto de la carta magna y sí sean capaces de respetar su espíritu.

La proliferación de partidos que no son tales y la existencia de decenas de estructuras legales "de alquiler" debería ser también un tema prioritario. Se trata de una discusión que debería involucrar a una Justicia Electoral que, en proporciones parecidas, carece de normas para evitar este extendido fenómeno y aplica una laxitud que lo fomenta.

Este listado tentativo deja clara una cosa: no es una agenda que vaya a concitar la movilización popular. Se trata de una discusión que depende estrictamente del compromiso de líderes de los que se debe esperar la mínima iluminación de entender que ello no hace a esta discusión menos primordial.