Macri: sexo grupal con implicados en la causa AMIA

Alberto "yo-no-fui" Kanoore Edul

“El gobierno de Macri sigue haciendo negocios con implicados en la causa AMIA”

Así lo aseguró el legislador electo por Buenos Aires Para Todos en Proyecto Sur Rafael Gentili al referirse a la compra, por parte del Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Guillermo Montenegro, de uniformes para dependencias a su cargo, a la firma KANOORE EDUL ALBERTO el pasado 28 de noviembre de 2008.

“Casualmente – agrega Gentili - el titular de la firma es el principal sospechoso de la “Pista Siria” del caso AMIA, y el hombre al cual el cuestionado comisario Jorge “Fino” Palacios, llamó en dos oportunidades -el 1º de agosto de 1994- para advertirle que él mismo estaba por allanarlo”.

En estos días en que la inseguridad vuelve a estar en debate, “es necesario poner sobre la mesa que sin romper los vínculos entre la política, la policía y el delito organizado, todos seguiremos sufriendo la inseguridad”, expresó el legislador electo y finalizó: “Macri y Montenegro pretenden construir su “nueva Policía” pactando y negociando con las mafias; sin dudas, Palacios debe ser relevado del cargo y Montenegro deberá brindar explicaciones convincentes y fundadas sobre esta contratación y su vinculación con estos nefastos personajes”.

Más información:

El 28 de noviembre de 2008, el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad GuillermoMontenegro, firmó la Resolución MJySGC 1033/08 que autoriza la compra de uniformes para dependencias a su cargo, por la suma de $417.754,95, a la firma KANOORE EDUL ALBERTO.

Alberto Jacinto Kannore Edul es un comerciante argentino de origen sirio, cuyo padre –Alberto Edul- es de Yabrud, el mismo pueblo de las familias Menem, Yoma y de Al Kassar.

En su depósito, en el barrio porteño de San Cristóbal, se habrían guardado -según las pesquisas interrumpidas-, materiales usados para el atentado del 18 de julio de 1994. Además, Kanoore Edul nunca pudo explicar las llamadas realizadas desde su teléfono al de Carlos Telleldín, ocho días antes de la masacre de la AMIA ni por qué el volquete colocado en el frente de la mutual había pasado antes por su domicilio comercial.

Según la acusación del juez Lijo, el abandono de la investigación de dicha pista se habría producido a partir de la visita de Alberto Edul a la Casa Rosada, días después del atentado.

Es oportuno recordar que el nuevo jefe de la policía porteña Jorge “Fino” Palaciosestuvo a cargo de la Unidad Antiterrorista, responsable de investigar el atentado. Además, Palacios fue echado de la Policía Federal luego de haberse comprobado su relación con el reducidor de autos Jorge Sagorsky, acusado de haber participado en el secuestro y asesinato de Axel Blumberg.

Palacios es hombre de “confianza personal” de Macri y Montenegro, según ellos mismos han dicho. Los hechos indican que la confianza no es sólo ideológica (Palacios ha escrito libros reivindicando el terrorismo de estado); Palacios garantiza el pacto de Macri con la corporación de la Policía Federal y según parece habilita también negocios non santos, que poco tienen que ver con la seguridad de los y las porteños/as.

La construcción de un sistema de Seguridad Pública implica, entre otras cosas, un compromiso gubernamental para renovar las vetustas estructuras policiales, dotando a las policías de una conducción civil conformada por funcionarios expertos que las modernicen y transparenten.

Macri: ¡sacá al encubridor del atentado contra la AMIA!

¿La enésima es la vencida?

"Miradas al Sur"
12 de julio de 2009
Reforma política: mucho más que una interna abierta

Por Gabriel Puricelli

El discurso de la Presidenta Cristina Fernández en el último aniversario de la Independencia incluyó un llamado a discutir la reforma política que no es nuevo: es una de aquellas cuestiones de la agenda democrática que están pendientes y de la que todos dicen querer discutir. Sin embargo, en esta cuestión sólo se avanza espasmódicamente. Una aproximación poco productiva a las palabras de la Jefa de Estado sería tratar de determinar ex ante cuán dispuesto está su gobierno a promover un debate conducente a una reforma efectiva. Una que tome más al pie de la letra lo dicho en Tucumán preferirá darse de inmediato a la tarea de identificar los temas que ese debate debería resolver, apropiándose de la convocatoria sin condiciones ni peros.

Hay un día cada dos años en que la disfuncionalidad ridícula de ciertos aspectos de nuestro sistema electoral le queda clara a todos los ciudadanos, aun a esa gran mayoría que es poco dable esperar se entusiasme con el debate de la reforma política: el día de las elecciones. Más precisamente cuando ingresan al cuarto oscuro y se encuentran con una cacofonía de boletas electorales que expresan más la proliferación de sellos legales que mal podríamos llamar partidos y la falta de regulación de las luchas internas de las agrupaciones políticas, que una expresión de genuino pluralismo ideológico. Se trata del único punto de partida obvio en la discusión de la reforma: simplificar la experiencia en el cuarto oscuro. La boleta única aparece como la salida preferida y no la contrapondremos aquí con el voto electrónico, porque esa es una opción tecnológica para la implementación del modo de votación y no un modo de votación en sí.

Lo que debería importar en este aspecto, no es sólo la forma de expresar el voto, sino –más relevante aún– garantizar que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar que todos podamos optar por cualquiera de los partidos y candidatos cuya oficialización la Justicia Electoral haya aceptado. Tal como son las cosas hoy, no sólo está siempre abierta la ventana a un desorden que confunde en el cuarto oscuro, sino que el Estado delega en los partidos la responsabilidad de poner las boletas en cada cuarto oscuro. Así se priva a centenares de miles de ciudadanos (más, cuanto más nos alejamos de la ciudad de Buenos Aires) de ejercer su derecho a optar, porque hay boletas que simplemente no están en el cuarto oscuro que le toca en desgracia. Hay aquí una obligación constitucional incumplida: remediar esto no puede ser sino el punto uno de cualquier debate honesto.

La presidenta eligió en Tucumán, sin ser exhaustiva en los temas que proponía discutir, referirse a las internas abiertas obligatorias y simultáneas vigentes en la provincia de Santa Fe e inspiradas en el sistema uruguayo (justamente el mismo 28 de junio en que los argentinos renovamos el parlamento, los orientales eligieron a los candidatos que van a competir en las próximas presidenciales, usando ese método). Por más de un motivo no debería ser ese tal vez el primer cambio a considerar. En primer lugar, porque ese cambio ya había sido hecho ley después de la crisis de 2001 y no sólo nunca se implementó, sino que (luego de suspenderse su aplicación), se derogó directamente en 2006, con el consenso unánime de los mismos actores que ahora deberían participar de la discusión que se propone. La derogación a nivel nacional del sistema que sí conservó Santa Fe indica una de dos cosas: o el sistema era directamente malo o bien la cultura política imperante (que, salvo que algo muy importante se nos haya pasado por alto, es la misma que imperaba en 2006) es incompatible con él. El politólogo Roberto Bavastro señaló acertadamente esta semana que la interna abierta es una ocasión idéntica a la de las elecciones generales para dirimir a golpes de dinero la cuestión de las candidaturas.

Y es precisamente la cuestión del dinero en la política la que se debería considerar de manera más urgente. Venimos de ser apabullados por la capacidad de algunos individuos indeciblemente adinerados de pavimentar de billetes su camino hacia el Congreso (la provincia de Buenos Aires y Salta mostraron los casos más clamorosos). En este terreno, debería ser puesta en cuestión la aplicación de las leyes que ponen límites tanto a la duración de las campañas, como al monto de dinero que se puede utilizar durante las mismas. Cualquiera que haya recorrido los accesos a Buenos Aires sabe que un candidato inició su campaña hace dos años, violando las pautas legales de duración, y hasta uno de sus socios dudó cínicamente de la legalidad de la rendición de sus gastos ostensiblemente violatorios de los límites formales establecidos. El rol de la Justicia Electoral y las penas por delitos electorales deberían tal vez tomar precedencia sobre el único tema evocado por la presidenta.

Sin poder extendernos aquí sobre todas la cuestiones que parecería de sentido común atacar en un debate franco sobre el elemento primigenio de las reglas electorales, hagamos sí una rápida enumeración de cuestiones a rectificar. La constitución prevé la existencia de un Senado para igualar formalmente a las provincias que dan origen a la federación argentina. Es por ello que distingue entre los representantes "de las provincias" que se sientan en la cámara alta y los "del pueblo de la Nación" que lo hacen como diputados. Sin embargo, las provincias Están sobrerrepresentadas en la cámara baja, en detrimento del pluralismo ideológico del parlamento. Al PJ de La Rioja o a la UCR de Catamarca le bastan unas decenas de miles de votos para obtener diputaciones que le son negadas a partidos nacionales que obtienen diez veces más votos, pero en distritos grandes. Esto implica que algunas reformas pueden tener implicancias constitucionales, aunque también es posible que se puedan imaginar leyes electorales que no obliguen a tocar el texto de la carta magna y sí sean capaces de respetar su espíritu.

La proliferación de partidos que no son tales y la existencia de decenas de estructuras legales "de alquiler" debería ser también un tema prioritario. Se trata de una discusión que debería involucrar a una Justicia Electoral que, en proporciones parecidas, carece de normas para evitar este extendido fenómeno y aplica una laxitud que lo fomenta.

Este listado tentativo deja clara una cosa: no es una agenda que vaya a concitar la movilización popular. Se trata de una discusión que depende estrictamente del compromiso de líderes de los que se debe esperar la mínima iluminación de entender que ello no hace a esta discusión menos primordial.

El PROperonismo en su laberinto

"Miradas al Sur"
5 de julio de 2009
Oposición antikirchnerista: la batalla del calentamiento
por Gabriel Puricelli*

La historia de la guerra, sin ir más lejos, nuestra propia Guerra de la Independencia, contiene batallas que tienen en común el haber constituido derrotas para un bando poderoso, pero que difieren en cuanto al punto que ocupan en la trayectoria de los ejércitos que las sufrieron. Existió Cancha Rayada, que no hizo más que demorar el avance del ejército de San Martín hacia el Pacífico y la liberación de Chile y Perú. Y existieron Vilcapugio y Ayohuma, la seguidilla de caídas de los patriotas que sellaron el fin del Ejército del Norte, la recaptura del Alto Perú por los realistas y el retorno de Belgrano a Buenos Aires, con Dorrego apenas alcanzando a cubrir la retirada en Salta. Sin pretender -- de ninguna manera -- identificar a ganadores y perdedores de las elecciones de las elecciones del 28 de junio con realistas o patriotas, queda en manos de ambos bandos analizar qué tipo de derrota o de victoria les cupo y en función de eso, definir estrategias futuras.

Con memoria algo más corta, los resultados del domingo han sido comparados con los de las parlamentarias de 1987 y 1997, que sellaron los destinos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. La comparación no sólo es perezosa en cuanto a lo poco dispuesta que se muestra a bucear en la historia, sino que desconoce el hecho de que las fuerzas que se enfrentaron en esas dos elecciones eran dos partidos propiamente tales en 1987 y dos coaliciones razonablemente estables, en 1997. Es decir, después de esas dos elecciones era posible imaginar que dos años después, la siguiente batalla sería entre los mismos actores. Sería arriesgado decir que las elecciones presidenciales de 2011 van a ser sencillamente un replay de las que acaban de pasar, porque éstas se superponen con el estado de fluidez, de viscosidad del sistema político en la que no hemos dejado de vivir desde la implosión de 2001.

Predecir en ese contexto el comportamiento de las fuerzas antikirchneristas, que han conseguido resultados que el oficialismo vive como una derrota, es un ejercicio incierto, tanto como lo son las fronteras entre el oficialismo peronista y la parte de la oposición que se autocalifica con el mismo potente y polisémico adjetivo. Hay que preguntarse entonces qué líneas de fractura atraviesan todo el escenario político y cómo esas fallas pueden reconfigurar a las fuerzas opositoras.

Empecemos por lo que parece más sencillo. El más claro ganador, en términos relativos, ha sido el panradicalismo, no sólo porque Acuerdo Cívico y Social y similares han alcanzado un volumen de 30% de los votos que lo proyecta como fuerza viable para una segunda vuelta presidencial, sino porque ha sido la fuerza que más eficazmente ha traducido los votos ganados en bancas. Hablamos aquí de panradicalismo no porque ignoremos la relevante presencia del Partido Socialista en este esquema en algunos distritos, sino porque la cosecha de bancas ha ido sólo a radicales y ex: el socialismo sólo obtuvo bancas allí donde podría haberlas obtenido solo. La ostentosa caída de Elisa Carrió, sólo amortiguada por el hecho de que logró aterrizar con lo justo en una mullida banca, y el contundente 2 a 1 obtenido por Cobos y la UCR en Mendoza, parecen allanar parcialmente el camino hacia la candidatura presidencial del vicepresidente opositor a su propio gobierno. Pero lo que importa en verdad en este cuadrante de la oposición es que el recurso al antiperonismo y el embanderamiento con los reclamos de las patronales agropecuarias dieron muy buenos resultados y proveen un libreto con el cual seguir insistiendo los próximos dos años. Hay pocos incentivos para que esa coalición de los casi-iguales cambie de rumbo o se astille antes de 2011.

El cuadrante en que se sitúa el peronismo antikirchnerista y sus compañeros de ruta de la derecha resulta más difícil de adivinar en su evolución futura. Ha logrado sin dudas su objetivo principal que es sancionar la declinación definitiva del liderazgo de Néstor Kirchner dentro de la galaxia justicialista, haciéndole perder por puntos la pelea de la provincia de Buenos Aires, que él mismo quiso pintar como plebiscito, con el efecto de transformarla, post facto, en un nocaut. En el cortísimo plazo, los triunfos de Unión-PRO en Buenos Aires y del Frente Santa Fe Federal de Carlos Reutemann, fortalecen la cohesión de ese espacio opositor y se benefician ya con los primeros borocotazos desde las bancas menguantes del Frente para la Victoria. Pero en el mediano plazo, se trata de un espacio que, al no estar en su totalidad al otro lado de la falla que separa peronismo de antiperonismo, puede tanto beneficiarse como perjudicarse por su vecindad con el oficialismo. Aun si su número de bancas tiende a crecer inmediatamente después de las elecciones, también es muy vulnerable a potenciales retornos al redil. Por otra parte, el liderazgo del sector no está en absoluto dirimido. El PS de Hermes Binner estuvo a punto de empujar al pasto al ex-piloto y Mauricio Macri vio su 60% de 2007 encoger a la mitad y estuvo cerca de sufrir el sorpasso de Pino Solanas: esos son los dos candidatos que emergen “fortalecidos” de las elecciones parlamentarias. Lo modesto de sus desempeños ha hecho crecer las aspiraciones de Felipe Solá, que pasó en horas del destierro dispuesto por De Narváez a aparecer en continuado en los programas políticos de TV insistiendo que aspira a la Casa Rosada. Ninguno de los referentes de ese espacio ha quedado fuera del ring, pero es difícil encontrar a alguno entre ellos con mayor capacidad de ser consistentemente obedecido.

Último, pero no menos, aparece Francisco De Narváez. Constitucionalmente impedido de ser candidato a presidente, por haber nacido fuera del país, el diputado re-electo no participa de la cacofonía de los presidenciables, sino que tiene su mirada puesta en la Casa de Gobierno de La Plata. A primera vista, se podría pensar que tiene el terreno allanado. Sin embargo, sería arriesgado asegurar que ya tiene ganada la confianza de los duhaldistas de su coalición. El activismo de Solá de estos días podría ser tenido por indicación de que no. La percepción de que el favorito de De Narváez para la presidencia es Macri, eriza la piel de los genéticamente peronistas, entre quienes hay muchos que podrían no tardar en perdonar la adhesión de Daniel Scioli al kirchnerismo. El despliegue de poderío financiero de De Narváez no sólo ha suscitado comentarios cándidos de Macri, sino el recelo de caudillos territoriales que desconfían de los poderes omnímodos y prefieren estructuras de poder más colegiales. Scioli, quien deberá transitar unos meses de penitencia, está lejos de ser un dirigente que no tenga posibilidades de retorno. Anclado en una visión de centroderecha que lo acomuna con el universo de Unión-PRO, su trayectoria más prolongada en el PJ lo puede hacer más digerible para muchos peronistas que acompañaron hasta ahora a De Narváez. El hecho de que el PJ se apreste a ser la sede en que se diriman las internas del antikirchnerismo refuerza la posibilidad de mezclas impensables hasta el 27 de junio.

No nos hemos ocupado aquí de las perspectivas de la oposición de izquierda democrática, ni de las implicancias de un kirchnerismo dejado parcialmente a la intemperie por el PJ, pero la evolución de la realidad de estos sectores tendrá también impacto (como ya lo ha tenido en las chances menguantes de Mauricio Macri) en cómo se reacomodan las cosas en el antikirchnerismo peronista y de derecha.

* Licenciado en Sociología (UBA) y analista político

Esperando a Zelaya

¡Viva el pueblo hondureño! ¡Viva la democracia!

La OEA y Honduras: actuar para proteger

El pueblo soberano
Por Gabriel Puricelli *

El golpe de Estado en Honduras se ha encontrado con una unanimidad en su repudio por parte de la comunidad hemisférica que hubiera sido impensable tan sólo meses atrás, cuando el gobierno de los EE.UU. estaba en manos de los neoconservadores. Podemos incluso recordar el golpe de 2002 en Venezuela, donde el apoyo a los golpistas no sólo provino de quienes mandaban en Washington, sino de uno de sus entonces socios favoritos, el español José María Aznar, embarcado en una ensoñación de reverdecimiento de los laureles coloniales que aún continúa persiguiéndolo en sus ociosos años alejado del gobierno.

El asalto cívico-militar a la presidencia en Tegucigalpa pone a prueba de manera del todo inesperada el ensayo de reconstrucción de las relaciones de los EE.UU. con sus vecinos del hemisferio, a tan sólo días de que (justamente en Honduras) todos encontraran un punto de acuerdo para lidiar con la cuestión de la suspensión del gobierno de Cuba de la OEA. Consistentemente con la nueva línea definida por Barack Obama para establecer condiciones de respeto a la igualdad formal entre los estados (no sólo en América sino en la complicada relación con el mundo árabe), el Departamento de Estado ha rechazado el golpe y respaldado la intervención de la OEA para lograr la reposición de Manuel Zelaya en el pleno ejercicio de sus funciones. Esa actitud ha descolocado a los parlamentarios hondureños que participaron (intentando darle una apariencia de legalidad) de la asonada, llevando a alguno de ellos a pedir a Washington que haga lo que se llegó a esperar como natural de la capital de la superpotencia: que avale al usurpador de la presidencia.

La OEA, una institución cuya vigencia estaba en tela de juicio para muchos de sus integrantes, se ha visto llamada a ser la sede de debates y la fuente de acciones mucho más decisivas que las que nadie le hubiera atribuido hace escasos meses. Llevar a cabo con éxito la tarea de restituir a Zelaya podría valerle una dosis de prestigio que puede ser preciosa para darle el lugar de relieve en el escenario hemisférico que los EE.UU. parecen querer asignarle, alejándola definitivamente de una imagen de reliquia de la Guerra Fría que ha hecho que muchos de sus miembros le resten prioridad. La prueba del ácido será, justamente, un hecho que en la lógica del mundo bipolar hubiera pasado por normal y que la OEA no hubiera siquiera admitido en su agenda, dejando la eventual condena en algún gobierno de la región que contara con algún gobierno progresista circunstancial. La unanimidad que se reitera en la condena a los golpistas hondureños, abarcando desde Uribe hasta Chávez, pasando por Calderón y Lula, es la misma que hubo para encarar el tema cubano y es la que da definitivamente da por tierra con las fronteras ideológicas, que sólo perviven en las plumas de nostálgicos de la división del mundo entre buenos y malos con cada vez menos lectores.

Una situación preocupante y desgraciada como la planteada en Honduras da lugar paradójicamente a la posibilidad de refundar las instituciones hemisféricas sobre bases distintas de aquellas que le dieron sustento original. Al mismo tiempo, plantea el riesgo enorme de que aun la unanimidad lograda no alcance para que los golpistas desistan. No hay brazo punitivo que pueda expulsar a Roberto Micheletti de la sede gubernamental si éste y las fuerzas armadas hondureñas deciden ignorar la situación de total aislamiento en la que se encuentran. Todo hace suponer, sin embargo, que el peso de la condena habrá de doblegar al golpe y los presidentes democráticos y el secretario general de la OEA están dispuestos a demostrar in situ que no se trata sólo de palabras, sino de que hay un principio fundante del sistema internacional, el de la soberanía de los estados al que los gobiernos de América están dispuestos a ponerle un límite. De triunfar la razón en Honduras, esa forma de soberanía que era tabú relativizar y que sólo caía ante la arbitrariedad imperial, se encontrará con un límite mucho más preciso e incuestionablemente legítimo: que los pueblos tienen el derecho de ejercer su soberanía en el interior de los estados y que hay instituciones multilaterales que pueden actuar en garantía de que así sea.

* Co-coordinador, Programa de Política Internacional, Laboratorio de Políticas Públicas

La opinión publicada

La profecía de los objetivos propios

Por Gabriel Puricelli
Licenciado en Sociología (UBA) y analista político
en "Miradas al Sur", domingo 28 de junio de 2009


Cuando un medio de comunicación reitera el uso de una aserción en títulos, volantas y textos, cuando decide hacerla el centro de sucesivas tapas y lo hace bajo la forma de la profecía, no está haciendo otra cosa que poner en práctica aquello que se llama “línea editorial”. Se entiende por línea “editorial” aquello que, sin derrapar hacia el eufemismo, se denomina línea “política” en los demás actores de un sistema político democrático.

Hay una decidida operación de enmascaramiento cuando se usan distintos adjetivos para definir la línea (lo que es decir el “programa” o, por lo menos, la intención) de una empresa editora o audiovisual y la de un partido u otro tipo de asociación explícitamente política.

Es la misma operación que oculta tras la apariencia de profecía aquello que es, en realidad, un objetivo buscado. En cualquier caso, la admisión, a menudo hecha a regañadientes de que existe tal cosa como una “línea”, aun si se la embellece con la connotación a priori poco amenazante de “editorial”, significa que se ha aceptado el hecho inocultable de que no existe objetividad posible en el ejercicio del periodismo o de la industria de la edición o audiovisual.

La admisión de esa imposibilidad de verdad objetiva es la que funda en definitiva la política democrática, aquella en que se pautan unas reglas para competir para lograr que se tengan predominantemente en cuenta unos ciertos intereses.

La noción de objetividad valorativa (en el caso que nos ocupa o en las áreas del conocimiento) va de la mano con una idea de que existe también un bien común objetivo y determinable consensualmente. En las sociedades divididas que son propias del capitalismo, hay inevitablemente intereses encontrados que encuentran un modo de ser negociados en la política democrática y ésta no tiene en los partidos o en las organizaciones de clase, actores excluyentes. Las medios gráficos y audiovisuales participan (a veces con todas las de ganar) en la disputa por hacer aparecer como “bien común” aquello que es lo mejor sólo para algunos.

Escandalizados por la anatomía

El mundo|Viernes, 12 de Junio de 2009

Es la política, stronzo
Por Gabriel Puricelli y Ernesto Semán

Los daños que el reinado de Silvio Berlusconi le ha producido a la política en Italia desde mediados de los ’90 son muchos y conocidos. Pero su última contribución al deterioro del espacio público ha sido novedosa y, si se quiere, involuntaria: la iniciativa de El País de Madrid de publicar fotos de su vida privada a días de los comicios parlamentarios europeos marcó el ingreso del diario español a la prensa amarilla por la puerta grande. Desde entonces, cualquier discusión sobre las políticas públicas quedó sepultada tras una (para peor, fallida) polarización moralista en la que el jefe del gobierno italiano es acusado, mayormente, de ejercer su libertad. Il Cavaliere no podría haberlo pensado mejor.

El suplemento especial “Anatomía de Berluscolandia” que El País publica en castellano, inglés e italiano, intenta caracterizar la escena en la casa privada de Berlusconi, aunque en la abundancia de su despliegue y de su prosa lo que denota es el ánimo de la cobertura. “Jardines infinitos, lagos artificiales, órganos sexuales al aire, juegos lésbicos, efectos especiales, pizza y helado gratis... Un geriátrico lleno de cuerpos imponentes. Las fotos censuradas en Italia por iniciativa de Silvio Berlusconi muestran la rutina desinhibida de la mansión sarda del jefe del gobierno, en la Costa Esmeralda de la isla de Cerdeña”, se desgañita el diario desde Madrid, con el horror y la fascinación del Bosco frente a su Jardín de las Delicias.

En una generosa serie de fotos se puede ver a los invitados junto a Berlusconi, un amplio arco que va desde modelos hasta el ex primer ministro checo, Mirek Topolanek. El cronista toma fuerza para describir los lujos paisajísticos de las sesenta hectáreas, pero está horrorizado por el pecado, “por las caras más inocentes y bonitas, aspirantes a modelos, actrices, vedettes, majorettes, presentadoras que han pasado por Villa Certosa”. El País, sobre todo, se agita ante el entartete Kunst de “los bungalós que el dueño pone a disposición de sus invitadas (siempre más chicas que hombres, proporción de 4 a 1)”.

Sacando los obvios perjuicios de una dieta a base de pizza y helado ilimitados, es difícil saber cuál es el problema del diario con todo lo demás, si no fuera por el tono escandalizado del diario frente a los juegos lésbicos, la inflexión clínica para hablar de “órganos sexuales”, la incomodidad frente al desarreglo generacional. Berlusconi confunde libertad con libertinaje, eso sí le queda claro al lector de lo que supo ser uno de los mejores diarios europeos, y que hoy tamborilea mal y tarde los mismos compases que el fanatismo religioso norteamericano perfeccionó hace una década contra Bill Clinton.

Al menos, la cruzada cultural de la derecha ha sido frontal y sincera, horrorizada por la decadencia moral con la que el secularismo erosiona al viejo orden. “¡Ah, no, pero lo nuestro es diferente!”, clama El País, bien adentro de su cobertura y en la circunspección de su página editorial. El problema con Berlusconi, dice el diario de Madrid, es su decisión de prohibir la difusión de las fotos, así como el uso de fondos públicos para trasladar invitados a su mansión. De más está decir que la censura de Berlusconi es deleznable y forma parte del apilado de poderes públicos y privados con el que ha consolidado una distopía corporativa asfixiante. Pero cualquier lector que no hubiera estado asfixiado por el tono de El País podría haber notado la distancia entre demandar la libertad para publicar las fotos y la decisión de publicarlas, y la distancia aun mayor entre publicarlas y hacer de ellas el centro de una cruzada moral. Si a El País en verdad le preocupa tanto que Berlusconi use aviones del Estado para trasladar a sus invitados (una muestra totalmente inexpresiva del desfalco que su gobierno corporativo ha infligido a Italia), qué diferencia hace que las invitadas sean hétero u homosexuales, o si el primer ministro checo pasea su desnudez o se disfraza de Oso Yogui.

El País no se hace esas preguntas. La libertad de prensa, la privacidad, el uso de bienes públicos para fines privados, la riqueza del debate público, la libertad para ejercer puertas adentro lo que a cada uno le plazca, la competencia entre los bienes públicos en cuestión quedan obliterados en el “escándalo”. Esclarecida la legalidad de su acto, el diario no tiene tiempo para pensar sobre el sentido del mismo. No duda, y se jacta de eso. El País atosiga el espacio público europeo con un tono alarmado, se complace con cómo Berlusconi pierde unos pocos puntos en unas elecciones que la oposición no logra ganar ni con la ayuda no buscada de Torquemada, menciona hasta el hartazgo la palabra “escándalo” y calma las conciencias de las almas puras sazonando la crónica aquí y allá con las referencias al uso indebido de fondos públicos.

Entre las muchas víctimas del escándalo de El País, la inteligibilidad de la vida política italiana es una de las primeras sacrificadas en el altar de la libre opción por el amarillismo despolitizante. La excitación con el puticlub sardo presenta como siniestro lo que, para muchos, aparece como el lado amable del primer ministro. La polarización moral deja poco espacio para discutir las políticas públicas con las que Italia entra a una crisis económica continental. Berlusconi acaba de decir que no puede “aceptar que cuando circulamos en nuestras ciudades parece que estuviéramos, y me ha sucedido en Milán, en una ciudad africana y no en una europea”, pero, ¿cuánto puede importar frente a la barbarie de unos órganos sexuales al aire?